El presidente Javier Milei volvió a tensar los límites del sistema democrático argentino. Esta semana promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica (27.796) y de Financiamiento Universitario (27.795), ambas ratificadas por el Congreso el 2 de octubre, pero simultáneamente suspendió su aplicación, bajo el argumento de que el Poder Legislativo debe definir las fuentes de financiamiento.

El Gobierno utilizó la misma maniobra con la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo veto fue rechazado por el Congreso pero continúa sin ejecución. En los hechos, la estrategia del Ejecutivo vacía de contenido las decisiones del Parlamento y consolida una práctica peligrosa: promulgar para incumplir.

“Promulgar y no aplicar es una farsa institucional. No existe en el derecho argentino la figura de la ley suspendida por conveniencia del Ejecutivo”, dijo Hugo Yasky, diputado nacional y presidente de la Comisión de Educación.

El poder sin límites: una democracia formal, no efectiva

Mediante los decretos 759 y 760, publicados en el Boletín Oficial, Milei promulgó ambas leyes, pero las dejó en suspenso “hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya en el Presupuesto las partidas necesarias”.

El texto oficial admite, de manera implícita, que el Ejecutivo no tiene voluntad política de ejecutar las leyes aprobadas por la representación popular. En la práctica, la medida constituye una usurpación de las facultades del Congreso, que ya había cumplido con el proceso legislativo previsto por la Constitución: debate, sanción, promulgación y rechazo del veto.

El constitucionalista Eduardo Barcesat calificó la maniobra como “una anulación encubierta de la voluntad legislativa”. En diálogo con medios nacionales, explicó que “el Ejecutivo carece de atribuciones para condicionar la vigencia de una ley. Lo que Milei hace no es gobernar: es subordinar la democracia a su propio poder”.

En términos institucionales, el Gobierno actúa bajo una lógica de obediencia ideológica, donde solo se aplican las normas que se ajustan al dogma del “ajuste permanente”. Todo lo demás —universidades, hospitales, discapacidad, niñez— se vuelve prescindible.

La crisis (que el propio Milei ocasionó) como excusa: cuando el ajuste se disfraza de legalidad

La Ley de Financiamiento Universitario establece la actualización de partidas para universidades, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, con incrementos bimestrales por inflación y una recomposición salarial para docentes y no docentes. Fue impulsada luego del veto presidencial de 2024, que generó una de las movilizaciones universitarias más masivas desde el retorno de la democracia.

Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto universitario para 2025 —aun con el aumento del 29% dispuesto por el Ejecutivo— se ubica en su nivel más bajo en 20 años, con una caída real del 32% desde 2023.

“La suspensión es una forma de veto encubierto, una decisión política para que nada cambie. No hay falta de recursos, hay falta de voluntad”, señaló Carolina Vera, integrante del Frente de Universidades Nacionales.

Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica garantiza fondos para medicamentos, vacunas, insumos, equipamiento y recomposición salarial para personal sanitario en hospitales infantiles. Pero la suspensión deja a hospitales como el Garrahan o el Elizalde en una situación crítica, con recursos congelados y planteles exhaustos.

“Promulgar y no aplicar es una farsa institucional. No existe en el derecho argentino la figura de la ley suspendida por conveniencia del Ejecutivo”, expresó el abogado laboralista Hugo Yasky, diputado nacional y presidente de la Comisión de Educación.

Una falsa república: el vaciamiento del Estado y la manipulación institucional

El argumento del Gobierno —trasladar al Congreso la definición de las fuentes de financiamiento— distorsiona el principio republicano de división de poderes. La Constitución Nacional establece que el Presupuesto es una herramienta del Ejecutivo, quien debe remitirlo anualmente al Congreso con las partidas necesarias para la ejecución de las leyes vigentes.

En este caso, Milei invierte ese orden: le exige al Congreso que asuma funciones que son propias del Ejecutivo, una estrategia que busca, en palabras del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, “construir una apariencia de legalidad para justificar la parálisis del Estado”.

La práctica no es nueva: el Gobierno ya había empleado la misma fórmula para neutralizar la Ley de Emergencia en Discapacidad, también sancionada y promulgada, pero nunca ejecutada. La historia se repite con los niños, los hospitales y las universidades.

“La democracia no se mide por las elecciones, sino por el respeto a las instituciones. Milei gobierna con decretos, vetos y suspensiones. Lo que estamos viendo es una democracia vaciada de contenido”, resumió Gil Domínguez.

La sociedad civil responde: hospitales y universidades en la calle

Tras conocerse la suspensión, trabajadores del Hospital Garrahan convocaron a una movilización hacia Olivos para exigir la inmediata aplicación de la ley. “Estamos al límite, sin insumos ni medicamentos, y con sueldos congelados desde hace meses”, advirtieron.

Desde el sector universitario, rectores, docentes y estudiantes preparan una nueva jornada nacional de protesta. “El ajuste en educación es ideológico. No hay prioridad ni proyecto de país si se desfinancia el conocimiento”, afirmó Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa.

Organismos de derechos humanos y asociaciones médicas también denunciaron que la decisión de Milei configura una violación al principio de progresividad de los derechos sociales, consagrado en la Constitución y en los tratados internacionales suscriptos por Argentina.

Entre el autoritarismo fiscal y la erosión democrática

El discurso libertario de la supuesta “austeridad extrema” (que solo rige para el pueblo, no para funcionarios y amigos) se convirtió en la justificación de un poder que gobierna por omisión. Las leyes que garantizan derechos —educación, salud, discapacidad— son promulgadas para la foto y suspendidas en la práctica.

El resultado es un modelo de falsa democracia: formalmente republicano, pero funcionalmente autoritario. Un país donde el Congreso legisla, pero el Ejecutivo decide qué leyes se cumplen y cuáles no.

En nombre de la eficiencia fiscal, Milei impone un ajuste institucional, desfinancia políticas públicas esenciales y erosiona el principio de soberanía popular que la Constitución garantiza.

El problema, en definitiva, no es económico sino político: la negación sistemática del Estado como garante de derechos y del Congreso como voz del pueblo.