El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y el sistema universitario público suma un nuevo capítulo de tensión institucional. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió extender el paro por 48 horas y convocar a una movilización a Plaza de Mayo para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, promulgada pero suspendida por decisión del Ejecutivo.

La concentración comenzará a las 16 frente a la Casa Rosada y contará con el acompañamiento de trabajadores del Hospital Garrahan, quienes también reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia Pediátrica. Ambas normas fueron ratificadas por el Congreso Nacional tras rechazar los vetos presidenciales, pero el Gobierno dispuso su suspensión “hasta tanto se definan las fuentes de financiamiento”, una maniobra que ya utilizó con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Universidades paralizadas y docentes bajo la línea de pobreza

En las universidades nacionales de todo el país, las clases estarán suspendidas durante el martes y miércoles.
“La dilación del Gobierno sólo genera más tensión y malestar. El Congreso ya hizo su parte, aprobó la ley y rechazó el veto. El Ejecutivo está desobedeciendo un mandato constitucional”, afirmó Ricardo Mozzi, secretario general de la Federación de Docentes de la UTN (FAGDUT).

Mozzi también apuntó directamente contra Milei:

“Mientras el Presidente sigue concentrado en endeudarse en dólares para negocios de unos pocos, más de la mitad de los docentes universitarios viven por debajo de la línea de pobreza”.

La Universidad de Buenos Aires (UBA), la UNLP, la UNR, la UNC y más de 40 facultades y escuelas universitarias confirmaron su adhesión total al paro. Desde la APUBA —el gremio nodocente de la UBA— informaron que la medida incluirá “paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo y movilización al Congreso y Plaza de Mayo”.

Una maniobra que desafía la división de poderes

El trasfondo del conflicto va más allá del financiamiento. Para amplios sectores académicos y jurídicos, la suspensión de la ley por parte del Ejecutivo constituye una violación directa a la división de poderes y al principio republicano.

El Gobierno promulgó formalmente las leyes 27.795 y 27.796, pero las dejó “en suspenso” hasta que el Congreso determine el origen de los fondos. La maniobra administrativa equivale, en los hechos, a un veto encubierto, pese a haber sido superado el veto presidencial por mayoría agravada en ambas cámaras.

“Estamos ante un caso de desobediencia institucional y de desconocimiento del Congreso. Es un gobierno que se dice liberal, pero que actúa con una lógica autoritaria y de falsa democracia”, señalaron fuentes legislativas del Frente de Todos.

La Ley de Financiamiento Universitario: lo que el Gobierno frena

La norma en disputa actualiza las partidas presupuestarias para las universidades nacionales, hospitales universitarios y el sistema científico-tecnológico al 1º de enero de 2025, tomando como referencia la inflación acumulada de 2023 y 2024.

Además, establece aumentos bimestrales por inflación, garantiza una recomposición salarial para docentes y no docentes y dispone un esquema de actualización mensual por IPC.

Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto universitario proyectado por el Ejecutivo para 2025 es el más bajo en veinte años, con una caída real del 32% respecto de 2023, lo que compromete seriamente el funcionamiento de las universidades y el acceso a la educación superior gratuita.

La unidad frente al ajuste: educación, salud y discapacidad

Durante la jornada de este martes, los sectores universitarios confluirán con los trabajadores de la salud infantil y de la discapacidad, en una movilización conjunta que busca visibilizar el desfinanciamiento estructural del Estado bajo la actual gestión.

En un documento conjunto, las organizaciones convocantes afirmaron:

“Convocamos a fortalecer la unidad de todas las luchas frente al ajuste en curso. En cada plaza, hospital, universidad o espacio público, exigimos la inmediata promulgación y aplicación de las leyes de Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.”

Una democracia condicionada

El caso pone en evidencia el vaciamiento institucional impulsado desde la Casa Rosada. El Ejecutivo interfiere en decisiones soberanas del Congreso, subordina derechos sociales a la lógica fiscal del ajuste y socava el principio de legalidad democrática.

En los hechos, el Gobierno actúa como si la democracia fuera una formalidad, imponiendo un modelo de gobernabilidad basado en decretos, vetos encubiertos y disciplinamiento económico.

En palabras de un constitucionalista consultado por este medio:

“Milei pretende gobernar sin Congreso. El país está ante una falsa democracia, donde las leyes se promulgan para la foto y se suspenden para el mercado.”