Legislativo
Sin quórum, sin aumentos y sin justicia: fracasó la sesión para tratar la suba a jubilados y la estafa $Libra
La oposición no logró reunir los 129 legisladores necesarios para sesionar. Pesaron las ausencias ordenadas por gobernadores aliados al oficialismo y el desinterés de varios bloques. Quedaron en el limbo el aumento a jubilados, la emergencia por inundaciones y la comisión investigadora del escándalo con la criptomoneda promocionada por Milei.
Una convocatoria frustrada
El intento de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal y Democracia para Siempre de sesionar en la Cámara de Diputados terminó en un nuevo fracaso. Con 124 legisladores sentados en sus bancas —cinco menos que los 129 necesarios para alcanzar el quórum—, la oposición no pudo tratar un temario que incluía medidas urgentes como el aumento de los haberes jubilatorios, el bono de emergencia, la declaración de emergencia por inundaciones en municipios bonaerenses y el nombramiento de autoridades clave en la Auditoría General de la Nación (AGN) y en la comisión especial que debe investigar el caso de la criptoestafa $Libra.
La sesión fue impulsada en un contexto de creciente presión social por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, agudizada tras el último ajuste fiscal del Gobierno de Javier Milei, que desindexó los haberes y recortó programas sociales.
Jugadas políticas y ausencias calculadas
El número no cerró, entre otras razones, por las ausencias de diputados que responden directamente a gobernadores que buscan sostener una relación funcional con el oficialismo libertario. El caso más evidente fue el de Córdoba: tres de los cinco legisladores de Encuentro Federal (Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres e Ignacio García Aresca) acataron la orden del gobernador Martín Llaryora y no se presentaron en el recinto.
Tampoco se hizo presente el chubutense Jorge “Loma” Ávila, del mismo bloque, alineado con el gobernador Ignacio Torres (PRO). De Democracia para Siempre faltaron Jorge Rizzotti (Jujuy) y Juan Carlos Polini (Chaco), este último llegó tarde “por casualidad”, aunque responde directamente al gobernador radical Leandro Zdero.
En el recinto estaban Nicolás Massot (EF) y Álvaro González (PRO), pero no se anotaron para el quórum. Según testigos, se quedaron charlando de pie mientras la oposición contaba los minutos, conscientes de que la sesión no prosperaría.
UxP también sufrió ausencias internas: cuatro legisladores santiagueños y dos catamarqueños se quedaron afuera por órdenes de sus respectivos gobernadores, Gerardo Zamora y Raúl Jalil, alineados con Milei en varias votaciones clave.
La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, ausentes con aviso
Desde el oficialismo libertario ya habían adelantado que no iban a bajar al recinto. Consideraron que los proyectos previsionales “atentan contra el equilibrio fiscal” y cuestionaron los nombres propuestos para ocupar cargos en la AGN, en especial el de Juan Forlón (cercano a CFK) y Emilio Monzó (vinculado al radicalismo dialoguista).
El bloque de La Libertad Avanza defendió la parálisis con argumentos fiscales, aunque en los hechos también contribuyó a mantener sin avances una investigación que podría afectar a actores financieros cercanos al Gobierno. El caso $Libra involucra a figuras del ecosistema cripto argentino que, según distintas denuncias, armaron una estructura piramidal de estafas a pequeños inversores, con fuerte exposición mediática y nula regulación estatal.
Consecuencias políticas y sociales
El fracaso de la sesión vuelve a dejar sin respuestas a los sectores más golpeados por la crisis económica. La iniciativa para mejorar los haberes jubilatorios y otorgar un bono de emergencia quedó estancada, mientras la inflación acumula más de un 65% en lo que va del año, según datos del INDEC.
La falta de avances en la designación de auditores de la AGN impide controlar el uso de fondos públicos durante el actual ajuste. Y la comisión especial que debía investigar la estafa cripto queda sin conducción ni herramientas legales, a pesar de las denuncias judiciales en curso.
La escena también revela el realineamiento de poder dentro del Congreso. Gobernadores que antes se mostraban distantes del oficialismo ahora se convierten en aliados tácticos, dejando en evidencia que el discurso de la “casta” se diluye cuando se negocian recursos con el Ministerio de Economía o cargos en organismos clave.
Puntos clave:
- La sesión en Diputados fracasó por falta de quórum: solo se sentaron 124 de los 129 legisladores necesarios.
- Gobernadores aliados al Gobierno ordenaron ausencias estratégicas de sus diputados.
- No se trataron proyectos sobre jubilaciones, emergencia por inundaciones ni cargos en la AGN.
- La investigación por la criptoestafa $Libra sigue sin avances por falta de conducción en la comisión.
- El reacomodamiento de poder en el Congreso favorece a Javier Milei y desarticula a la oposición.
Cultura
Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías
Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.
El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.
Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera
La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.
La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.
El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.
El sector advirtió por el impacto de la derogación
La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.
Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.
En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.
La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.
Advierten por el futuro de las librerías de barrio
Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.
María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».
En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.
Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.
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