Judiciales ⚖️
Estafa piramidal: Cositorto vuelve al banquillo, ahora en Salta
Tras ser condenado a 12 años de prisión en Corrientes, el líder de Generación Zoe vuelve al banquillo acusado de defraudar a más de un centenar de personas. La Justicia analiza una estructura delictiva que se replicó en varias provincias del país.
Un esquema que se repite
Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, ya está en Salta para enfrentar su segundo juicio por estafa piramidal. El proceso comenzará el jueves 29 de mayo en el Tribunal Oral de esa provincia y se extendería hasta fines de junio, según confirmaron fuentes judiciales. El empresario ya fue condenado a 12 años de prisión en Corrientes por liderar una asociación ilícita y estafar a decenas de personas con un modelo que ofrecía retornos irreales a cambio de inversiones iniciales en dólares.
La causa salteña, impulsada por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), involucra a otros cuatro acusados: Ricardo, Jorge y Ana Lucía Vilardel, junto a Vilma Albornoz. Todos están señalados por promover un esquema que prometía ganancias mensuales de entre el 7,5% y el 10%, previo pago de una “membresía” de entre 500 y 1000 dólares.
Más de 100 damnificados y una lógica de captación sostenida
De acuerdo a la investigación, unas 118 personas invirtieron sus ahorros confiando en las promesas de Cositorto y sus asociados, atraídos por discursos de empoderamiento financiero y éxito rápido. El modelo de Generación Zoe, promocionado como una comunidad de coaching, educación y negocios, en realidad escondía una lógica clásica de estafa piramidal: se utilizaba el dinero de nuevos adherentes para pagar los intereses prometidos a los anteriores, hasta que el sistema colapsaba.
La defensa de Cositorto, encabezada por el abogado Guillermo Dragotto, ratificó que su cliente se encuentra en Salta aguardando el inicio del juicio, que será presidido por los jueces Martín Pérez, Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans. El debate oral se desarrollará entre las 9.30 y las 14.30 horas.
Un prontuario en expansión
Además de las causas en Corrientes y Salta, Cositorto enfrenta investigaciones judiciales en Córdoba, Buenos Aires y Rosario por delitos similares. En todos los expedientes se repiten patrones: promesas de rentabilidad descomunal, discursos de autoayuda y manipulación emocional, y una red de captación sostenida por la confianza personal y el carisma de su líder.
La justicia avanza, aunque lentamente, sobre una figura que construyó un emporio mediático y financiero a partir de la desesperación económica y el sueño del ascenso social exprés. En Corrientes, Cositorto fue alojado en la Unidad Penal N°6 de San Cayetano, donde cumple su condena mientras se multiplican las denuncias en su contra.
¿Cuántos más fueron engañados?
El caso de Generación Zoe deja al descubierto una falla estructural: el escaso control estatal sobre plataformas financieras alternativas y las debilidades en la protección de consumidores ante modelos de negocios engañosos. Si bien la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) emitieron alertas en su momento, las estafas se produjeron igual, a gran escala y en distintas provincias.
La magnitud del daño aún está por determinarse, pero el número de damnificados sigue creciendo. Organizaciones de víctimas y abogados querellantes reclaman penas ejemplares y mayor celeridad judicial. La pregunta que sigue en el aire es: ¿cómo fue posible que un esquema de estas características se expandiera tanto, sin controles efectivos, y durante tanto tiempo?
Puntos clave:
- Leonardo Cositorto será juzgado en Salta por estafa piramidal a 118 personas.
- Ya fue condenado en Corrientes a 12 años de prisión por delitos similares.
- El esquema ofrecía rentabilidad de hasta 10% mensual a cambio de membresías en dólares.
- Generación Zoe es investigada en varias provincias por replicar el mismo fraude.
- La fiscalía salteña está a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
- Crecen las críticas por la falta de controles ante estafas financieras masivas.
DDHH
20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas
La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.
Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.
El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.
La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.
La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora
Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.
A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.
La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital
En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.
Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»
La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.
El gobierno que desfinancia y deroga
El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.
En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.
El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.
La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias
Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.
Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI
- La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
- Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
- La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
- El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
- El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.
Foto: Redes @LLUVIADIBUJA
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