El Frente de Todos (FdT) porteño presentó un proyecto de ley para «terminar con la indigencia» en la Ciudad de Buenos Aires a través de la implementación de un Complemento de Ingresos Porteño Universal (CIPU) que garantizaría un piso de ingresos para los 254.000 ciudadanos que actualmente se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

El programa fue presentado este viernes en el Salón Juan Domingo Perón de la Legislatura porteña, a donde se hicieron presentes vecinos de barrios populares de la ciudad para dar su apoyo a la iniciativa.

El proyecto de ley es impulsado por el legislador Matías Barroetaveña y acompañaron la presentación el senador Mariano Recalde, el diputado Itai Hagman y los legisladores porteños Claudia Neira, Javier Andrade, Laura Velasco, Ofelia Fernández, Juan Modarelli y Juan O’Dezaille.

La iniciativa propone la implementación del CIPU, una transferencia variable mensual que cubra la brecha entre la canasta básica alimentaria y los ingresos percibidos -tanto por fuente laboral como por la asistencia social nacional o de la Ciudad- que este destinada a las familias porteñas que se encuentren por debajo de la línea de indigencia.

«La idea surge por la situación de absoluta injusticia que existe en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando hablamos de indigencia, hablamos de pobreza extrema. Es lo mínimo en términos alimentarios para poder sobrevivir», afirmó Barroetaveña durante la presentación.

El legislador sostuvo que en el marco de la situación de «extrema gravedad» que viven algunos porteños, la Ciudad cuenta con «los recursos para resolverlo» y solo falta «la decisión política». «La Ciudad acaba de anunciar una ejecución presupuestaria del año pasado donde le sobran $130.000 millones. Recaudó muchísimo más de lo que planificaba», apuntó.

Durante el encuentro, se mostró una presentación en la que se detallaron los alcances de esta política pública con la que se «alcanzarían a 254.000 personas» en situación de vulnerabilidad en materia alimentaria y se lograría «terminar con la indigencia» en CABA.

También se explicó, a través de diapositivas, que la indigencia en la Ciudad de Buenos Aires se «ha visto recrudecida» en los últimos años y es «más que probable» que ese índice crezca en los siguientes meses.

En tanto, se informó que las mujeres representan el 57% de las personas en situación de indigencia y los niños entre 0 y 14 años aproximadamente el 35% mientras que «la región más perjudicada de la ciudad es la zona sur» donde hay un promedio de casi el 13%, «muy por encima del resto de la ciudad».

Por otro lado, se explicó que los programas que actualmente lleva adelante el gobierno porteño «no son compatibles con los de Nación» y que muchos ciudadanos «prefieren los nacionales» por lo que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se «desliga» de la responsabilidad.

En cambio, el CIPU pretende ser compatible con todas las otras asistencias, tanto nacionales como de la Ciudad, y demandaría un costo fiscal de un 2,8%del presupuesto para 2023 de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la presentación también se propusieron las fuentes de financiamiento y se aseguró que el superávit registrado el año pasado es «más que suficiente ya que alcanza y sobra para la cobertura del programa”. Asimismo, explicaron que existen proyectos similares de alcance nacional que fueron presentados por el FdT en la Cámara de Diputados y en la de Senadores.

Por su parte, el referente de Patria Grande, Hagman -impulsor de la iniciativa en la Cámara baja- remarcó que ambas propuestas tienen el mismo objetivo: «garantizar un piso de ingreso para que ningún argentino esté por debajo de la indigencia».

«Debería ser un consenso elemental de nuestra sociedad. Si la Ciudad, donde hay recursos de más y no hay excusa fiscal, se hiciera cargo de la política social, permitiría que el estado nacional se dedique a los lugares que más lo necesitan. Es una injusticia desde el punto de vista federal», subrayó.

Por su parte, Recalde explicó que el programa «busca paliar una situación de injusticia y miseria espantosa» y lamentó que luego de 15 años de macrismo en la Ciudad «los resultados son cada vez de mayor desigualdad».

«No hay pobreza en la ciudad, es cada vez más rica pero hay cada vez más desigualdad y tenemos un gobierno que no le interesa, ya lo ha demostrado. Si queremos una ciudad más justa, necesitamos cambiar CABA», apuntó.

En tanto, llamó a ser «conscientes de que no hay proyecto de ciudad sin proyecto de país» y a lograr un Gobierno «que empuje las cosas como hizo Cristina (Fernández de Kirchner) y Néstor (Kirchner) de 2003 a 2015».

«Hay que empujar a que Cristina vuelva al Gobierno y que tengamos en la Casa Rosada alguien que pueda enfrentar los poderes que hay que enfrentar como es el FMI», completó.

Además, la legisladora Neira señaló que «es una vergüenza» que en la ciudad «más rica del país haya 254.000 personas en indigencia: Es hora de dar respuestas», remarcó.

Dos referentes de los barrios populares también expusieron esta mañana en la Legislatura: María Zubieta, responsable de un comedor en la villa 21-24, destacó que quienes sufren día a día van a poder «avanzar un poco más con todas las problemáticas económicas» gracias a este proyecto.

«Hablar de canasta básica es un sueño en los barrios populares porque no llegamos ni ahí. Cómo cooperativa y laburantes, estamos de sol a sol y de frío a frío y cobramos 40.000 pesos. Me gustaría que lleven este proyecto a las villas para que los compañeros escuchen que hay legisladores que piensan en nosotros», afirmó dirigiéndose a los referentes políticos presentes.

Además, aseguró que aunque «muchos critican» y los «tratan de planeros» no conocen «el trabajo real» que llevan adelante en los barrios populares.

«Los que menos tenemos somos los que más damos y lamentablemente, con el sueldo que cobramos, no nos alcanza. La canasta básica de la ciudad hoy es una burla y mientras ellos piensan en su bolsillo, la pobreza sigue avanzando en la Capital», concluyó Zubieta.