fbpx
Conectate con El Argentino

Legislativo

Derechos sexuales y reproductivos adaptados a lenguas originarias

Protocolos ILE y de atención a víctimas de abuso sexual, junto a los consentimientos informados que cualquier persona debe firmar para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo o una ligadura de trompas, fueron adaptados por escrito a las lenguas wichí y guaraní, y grabados de forma oral en lenguas wichí, guaraní, chorote y toba.

Publicado hace

#

Una adaptación sociolingüística a lenguas originarias de materiales gráficos y sonoros que abordan derechos sexuales y reproductivos de manera integral fue presentada este miércoles en el Congreso por organizaciones civiles que contaron con el apoyo de la dirección de Salud Sexual y Reproductiva del ministerio de Salud de la nación.

Los protocolos de interrupción legal del embarazo y de atención a víctimas de abuso sexual, junto a los consentimientos informados que cualquier persona debe firmar para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo o una ligadura de trompas, fueron adaptados por escrito a las lenguas wichí y guaraní, y grabados de forma oral en lenguas wichí, guaraní, chorote y toba.

El proyecto forma parte del trabajo conjunto entre Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), la organización de mujeres indígenas Aretede y la radio comunitaria La Voz Indígena de la localidad salteña de Tartagal, y contó con el apoyo de la dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera de Salud.

Felisa Mendoza es directora de la organización de mujeres indígenas Aretede por el pueblo guaraní, comunicadora de la radio comunitaria La Voz Indígena, lideresa ambiental y defensora de los derechos de los pueblos indígenas.

En la presentación realizada en el anexo de la cámara de Diputados de la Nación, Mendoza enfatizó: «Muchas mujeres de distintas comunidades nos organizamos y trabajamos para que esto sea posible, a muchas nos hubiese gustado conocer estas cosas y tener estos derechos hace mucho, pero hoy mi nieta de 4 años ya sabe que los tiene y sabe que los tiene que defender; lo más importante que todas tenemos que entender es que somos nosotras las que decidimos cuando y como es el momento de cada cosa».

Mónica Menini, coordinadora de la oficina de Buenos Aires de Católicas por el Derecho a Decidir, y coordinadora de la Colección Cuerpos y Libertades, dijo: «Hicimos un primer material que conocieron la dirección de Salud Sexual y al ministerio de Salud que en 2021 nos propusieron hacer una adaptación sociolingüística de los protocoles de interrupción voluntaria del embarazo y de las personas víctimas de abuso sexual en idiomas originarios».

«Hoy estamos presentado ese trabajo en formato físico y digital, que incluye los consentimientos informados que es lo que se firma para poder acceder a la práctica de un aborto o para la anticoncepción quirúrgica que es la ligadura de trompas; ambos documentos están grabados en lenguas originarias y los médicos van a poder acceder a ese recurso a través de un código QR y hacerle escuchar a la persona en su lengua nativa el documento que debe firmar y que queda en su historia clínica», subrayó.

Menini señaló: «Le llamamos adaptación sociolingüística porque el material es una resolución del Ministerio de Salud que no se puede trasladar con una traducción académica, esto de trabajo dentro de las comunidades con el permiso de las propias comunidades para usar sus lenguas en un tema con tanto debate, se hizo una versión del protocolo y luego traducida a lenguas originarias».

Mariana Ortega, docente, investigadora e integrante del equipo de acompañamiento de radio comunitaria La Voz Indígena y la organización de mujeres indígenas Aretede, contó que «el marco de este proyecto es el de una organización de mujeres y disidencias de pueblos originarios que vienen trabajando hace más de veinte años por sus derechos, desde donde desarrollamos distintas instancias de capacitación y en 2019 con el apoyo de Católicas tuvimos la primer cartilla de Cuerpos y Libertades y este año esta iniciativa que presentamos ahora».

«El diagnostico que impulsa estas herramientas es el de una gran vulneración de derechos en general hacia estas comunidades y en particular de los derechos sexuales y reproductivos en el sistema de salud pública y de violencias hospitalarias en general, ese sentir está plasmado en estas cartillas», añadió.

Ortega enfatizó que este trabajo «es una contribución a pensar el sistema de salud desde una perspectiva intercultural e interseccional, un aporte a la reversión de las barreras lingüísticas que atraviesan el sistema sanitario salteños que en lugares como Tartagal con comunidades que tienen lenguas originarias como primera lengua en lugar del español es algo clave frente a un sistema que rechaza cualquier práctica que tenga que ver con autonomía sobre el cuerpo».

«Es muy poca la repercusión hacia el interior de las comunidades hospitalarias, es muy difícil lograr que lo incorporen y es muy alarmante; por eso esperamos que como esto es articulación con el ministerio de Salud de la nación se pueda trabajar», completó la docente salteña.

Cuerpos y Libertades aborda las violencias de género, en especial la violencia sexual, y la interrupción voluntaria del embarazo, a partir de la normativa vigente, y busca contribuir a garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva integral, intercultural y feminista, levantando barreras lingüísticas y desigualdades históricas, ampliando horizontes y visibilizando historias de lucha, resistencias, desde sus propias voces y cosmovisiones.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

DDHH

Amnistía Internacional lanzó una “acción urgente” para que no se eliminen las moratorias previsionales

Amnistía Internacional realizó esta petición por “los riesgos” que representa para “la garantía del derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado para los adultos mayores”.

Publicado hace

#

Amnistía Internacional lanzó una petición internacional, conocida como “Acción Urgente” (AU), para que los senadores del Congreso de la Nación que actualmente debaten las reformas previsionales no eliminen las moratorias.

La entidad defensora de los derechos humanos realizó esta petición por “los riesgos” que una medida como esa representa para “la garantía del derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado para los adultos mayores”.

“De eliminarse esas prórrogas, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones no podrán jubilarse a los 65 años y deberán optar por alternativas que no llegan a la jubilación mínima, suma que no alcanza siquiera a cubrir la canasta básica alimentaria”, explicaron desde esta organización a través de un comunicado.

Para la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, “ajustar a los ajustados no refleja ningún plan fiscal que priorice el imperativo de derechos humanos de subsanar situaciones de extrema desigualdad en personas que, por sus diferentes trayectorias laborales, de vida y otros múltiples factores, no han recibido aportes suficientes para jubilarse”.

“Las medidas de gobierno no brindan una solución urgente para garantizarles a los adultos mayores condiciones de vida dignas”, apuntó la dirigente de la organización.

La Acción Urgente (AU) es una estrategia de solidaridad impulsada por Amnistía Internacional por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos.

De esta manera, la organización activa “una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de acción enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate”.

“Ley de Bases” y el adiós a la moratoria

El 30 de abril de 2024 la Cámara de Diputados dio media sanción a la propuesta de Ley de Bases, que, entre otras cuestiones, busca eliminar la “moratoria previsional” del sistema previsional. En Argentina los varones pueden jubilarse a los 65 años y las mujeres a los 60 años, con 30 años de aportes o a través de moratorias previsionales. Justamente, las moratorias son políticas públicas para garantizar el acceso a la jubilación a personas que no cumplen con los 30 años de aportes. Su objetivo es reparar las consecuencias de trayectorias laborales desiguales en un país donde más del 47 % del mercado laboral se realiza de manera informal.

Aunque la ley impactará en quienes no tengan aportes suficientes por informalidad y/o trayectorias personales específicas, se observa que tendrá un impacto desproporcionado en las mujeres, ya que tienen mayores tasas de informalidad que los hombres. Según datos oficiales, sólo el 12,1% de las mujeres en edad de jubilarse (entre 55 y 59 años) cuenta actualmente con más de 20 años de aportes jubilatorios.

El proyecto de ley que actualmente se debate en la Cámara Alta dispone la derogación de la moratoria previsional e incorpora la Prestación de Retiro Proporcional para quienes tengan 65 años, pero no cumplan con los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación mínima. Esta modificación tendrá un efecto significativo en la posibilidad de acceder a una jubilación para miles de personas, ya que, según datos oficiales, del total de personas que se dieron de alta para jubilarse en 2023, 8 de cada 10 lo hicieron a través de un plan de moratoria. En un contexto de grave crisis económica y social, la caída de las jubilaciones fue uno de los principales motores del ajuste fiscal llevado a cabo desde el 10 de diciembre de 2023.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reducción total del gasto primario de la administración pública nacional realizado durante el primer bimestre de 2024 ($ 3.869.000 millones, a pesos de febrero) estuvo explicada en un 43% ($ 1.682.000 millones) por la reducción del gasto en jubilaciones y pensiones, que fue del 33% en comparación con el primer bimestre de 2023. En este sentido, se observa que una parte significativa del ajuste en curso se sostiene en la licuación de los ingresos de los adultos mayores.

Una vez más quienes más pierden son las y los adultos mayores. El ajuste siempre es con ellos. Ninguna gestión ha dado prioridad a la protección de los jubilados. Amnistía Internacional recuerda las obligaciones internacionales del Estado argentino, de respetar y garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado para las personas adultas mayores, aún en tiempos de crisis.

Seguir leyendo

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo