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Legislativo

Caso Libra: la comisión pedirá que Karina Milei declare con la fuerza pública

La secretaria general de la Presidencia faltó por segunda vez a la convocatoria. El cuerpo legislativo insistirá con su citación y sumará nuevos testimonios clave en la investigación por la estafa cripto.

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La comisión investigadora del caso Libra, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), volverá a reunirse este martes para recibir a funcionarios del Gobierno, empresarios del sector tecnológico y promotores de la criptomoneda, en el marco de la investigación sobre la presunta red de sobornos y estafas vinculada al entorno presidencial.

La sesión se realizará luego de la segunda ausencia consecutiva de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, cuya negativa a declarar llevó a los legisladores a disponer una última medida de prueba antes de requerir auxilio judicial para que comparezca por la fuerza pública.

Testimonios y nuevas citaciones

La comisión insistirá en convocar al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y a los operadores Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, quienes no asistieron la semana pasada. También fue citado Demian Reidel, titular de Nucleoeléctrica Argentina y ex jefe del Consejo de Asesores de Presidencia, a quien el programador Maximiliano Firtman advirtió sobre maniobras irregulares previas al lanzamiento de la criptomoneda.

A propuesta del diputado Christian “Chipi” Castillo (Frente de Izquierda), fueron convocados por videoconferencia Hayden Davis —presunto creador de Libra—, Charles Hoskinson, Julian Peh y Diógenes Casares, todos testigos o partícipes de las operaciones bajo investigación.

Hoskinson declaró que le pidieron dinero para reunirse con el presidente Javier Milei en el Tech Forum, mientras que Casares señaló el pago de presuntas coimas a funcionarios cercanos al mandatario.

El rol de Karina Milei bajo sospecha

Según la información que obra en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, Karina Milei habría autorizado reuniones en Casa Rosada y en la Quinta de Olivos entre los promotores de Libra y el presidente. Aquellos encuentros derivaron en el tuit presidencial del 14 de febrero, que impulsó un volumen masivo de operaciones y culminó en una estafa millonaria.

La investigación apunta también a su posible intervención en un sistema paralelo de recaudación ilegal mediante sobornos cobrados a empresarios para obtener audiencias con Milei.

La comisión resolvió enviar una nueva notificación a la Secretaría General de la Presidencia para que fije una fecha concreta y permita que una delegación legislativa tome su testimonio en su despacho. Si vuelve a desoír el pedido, se pedirá al juez autorización para que sea llevada a declarar con la fuerza pública.

Resistencias y nuevos hallazgos

El cuerpo legislativo enfrenta dificultades para avanzar debido a la ausencia reiterada de funcionarios clave, como el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Florencia Zicavo, ambos ausentes en las citaciones de septiembre.

Sin embargo, la comisión logró incorporar nueva documentación aportada por la plataforma Binance, que remitió un archivo con más de 200 páginas sobre los movimientos de la cuenta del empresario Mauricio Novelli, uno de los principales sospechosos.

De acuerdo al informe, Novelli cerró su cuenta el 6 de marzo de 2025, días después del colapso de Libra, tras mover grandes sumas de dinero hacia una caja de seguridad en el Banco Galicia. El 17 de febrero, su madre y su hermana retiraron bolsos llenos de efectivo, apenas 72 horas después de la estafa.

Próximos pasos

La comisión Libra continuará tomando declaraciones durante toda la semana. Si persisten las ausencias, el oficialismo podría enfrentar una ofensiva judicial sin precedentes por obstrucción a una investigación parlamentaria.

Legislativo

Tierras sin límite: avanza el proyecto que pone en jaque nuestra soberanía territorial

El oficialismo impulsa la derogación de los topes a la extranjerización mientras la Patagonia sigue bajo fuego; la iniciativa genera fuertes cruces con los bloques aliados en el Congreso por el control de recursos estratégicos.

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Soberanía en remate: el impacto de la reforma que libera el mercado el territorio argentino

★ El bloque de La Libertad Avanza profundizó esta semana su ofensiva legislativa para eliminar las restricciones a la venta de campos a ciudadanos de otros países; una medida que busca derogar la Ley de Tierras Rurales (26.737). La iniciativa; que apunta a borrar el límite del 15 por ciento de titularidad foránea sobre el territorio nacional; provocó una fractura expuesta con sectores de la oposición aliada que advierten sobre el riesgo de entregar el control de reservorios de agua y zonas de seguridad de fronteras.

El fin de la protección territorial

La propuesta oficialista pretende desmantelar el andamiaje legal que desde 2011 regula la concentración de tierras en manos extranjeras. Según confirmaron fuentes legislativas consultadas por este medio; el proyecto elimina no solo los topes provinciales y municipales; sino también la prohibición de que personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad superen el 30 por ciento del total de las hectáreas permitidas. Esta desregulación total se presenta bajo la premisa de atraer inversiones (una retórica que choca con la realidad de los recursos estratégicos en disputa).

Un escenario de cenizas y especulación

El debate parlamentario ocurre en un contexto crítico para el sur argentino. Mientras los legisladores discuten la propiedad privada; la Patagonia atraviesa una emergencia por incendios que ya afectaron más de 3.500 hectáreas en zonas como Puerto Patriada y El Hoyo. Investigaciones previas documentaron que la devaluación de las tierras quemadas facilita su adquisición por capitales concentrados; un patrón que se repite en áreas linderas a los glaciares y nacientes de ríos. La fiscalía a cargo de Carlos Díaz Mayer confirmó en peritajes recientes el hallazgo de combustibles en los focos; lo que ratifica la intencionalidad en el inicio del fuego.

El agua en el centro de la disputa

La preocupación central de las organizaciones sociales y los especialistas en soberanía territorial radica en el control del agua dulce. La derogación de la Ley 26.737 permitiría que enclaves estratégicos (como el ya paradigmático caso de Lago Escondido controlado por el magnate Joe Lewis) se multipliquen sin fiscalización estatal. Al privatizar la tierra en zonas de cordillera; se privatiza de hecho el acceso a los recursos hídricos; vitales para la supervivencia humana y el desarrollo productivo local.

Divisiones en el bloque aliado

No todo es consenso para el Poder Ejecutivo. Algunos sectores del PRO y bloques provinciales manifestaron su resistencia a una apertura irrestricta. El punto de conflicto principal es la Zona de Seguridad de Fronteras; donde la presencia de capitales extranjeros genera suspicacias en términos de seguridad nacional. Según trascendidos de las últimas reuniones de comisión; los aliados exigen mantener salvaguardas mínimas para evitar que áreas sensibles queden bajo control de potencias externas o fondos de inversión opacos.

Puntos clave:

  • El oficialismo busca derogar la ley que limita la venta de tierras a extranjeros.
  • La medida elimina el tope del 15 por ciento de territorio nacional en manos foráneas.
  • El debate coincide con incendios intencionales en zonas estratégicas de la Patagonia.
  • Hay fuertes cruces con aliados por la seguridad en zonas de frontera y recursos hídricos.
  • Organizaciones sociales denuncian un modelo de saqueo y especulación inmobiliaria.
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