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Gremiales

Los judiciales convocaron a otro paro de 36 horas para el 1° y 2 de junio por aumento salarial

Los dirigentes aseguraron que a partir de las 10 del 1° de junio comenzará una nueva huelga, que se extenderá durante 36 horas hasta el día siguiente, si para entonces «el Gobierno continúa sin modificar las partidas presupuestarias para producir el aumento».

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Los trabajadores judiciales convocaron a una nueva huelga de 36 horas para el 1° y 2 de junio próximos, mientras cumplen hoy un paro nacional de 24 horas en demanda del inmediato pago del segundo tramo del aumento salarial convenido con la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

«Los judiciales hacen Patria, defienden la independencia de la justicia y luchan por la dignidad de los salarios», señalaron en un comunicado al evaluar la protesta nacional de hoy el titular y el secretario de prensa del gremio, Julio Piumato y Nahuel Appella.

Los dirigentes aseguraron que a partir de las 10 del 1° de junio comenzará una nueva huelga, que se extenderá durante 36 horas hasta el día siguiente, si para entonces «el Gobierno continúa sin modificar las partidas presupuestarias para producir el aumento».

«La lucha continúa con grandeza en cada rincón del país. Los judiciales no permitirán que el Gobierno atropelle la independencia del Poder Judicial y procure someterlo a su actitud de no autorizar el cambio de partidas presupuestarias», puntualizó la UEJN.

Para el gremio, «es llamativo y sorprendente que el Gobierno desconozca o ignore dos elementos básicos como son la independencia de los poderes del Estado y que los trabajadores son una pieza fundamental en el desarrollo del país, por lo que se impone reivindicar sus derechos y mejorar sus condiciones laborales y salariales», afirmó.

También aseveró que en «un país con una inflación superior al 100% es una prioridad defender los salarios de los trabajadores»; reclamó que «se adopten medidas urgentes que frenen la inflación que castiga el poder adquisitivo» y exigió que «se ponga el foco en quienes viven de la timba financiera y fugan fenomenales divisas al exterior».

Los sindicalistas aseguraron que de no haber respuestas positivas, los trabajadores paralizarán otra vez las tareas el 1° y 2 de junio, esta vez durante 36 horas, en el contexto de una nueva protesta que incluirá una movilización nacional el primero de esos días.

El martes hicieron un «banderazo» desde las 10 en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (GBA) y, desde las 12.30, el personal se concentró en el Palacio de Tribunales, en tanto la protesta fue convocada en el interior del país afuera de cada dependencia.

Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, sostuvo que «los salarios de los judiciales no son respetados, por lo que los trabajadores continuarán la lucha», y rechazó «la decisión del Gobierno nacional de no aceptar el cambio de las partidas presupuestarias para recomponer los ingresos», por lo que expresó «descontento y preocupación».

«Es inaceptable que una vez más los trabajadores sean afectados por decisiones que no valoran ni reconocen el arduo trabajo y dedicación diaria en beneficio de la sociedad y el correcto funcionamiento del sistema judicial. El Gobierno rechazó la posibilidad de cambiar las partidas y sugirió en cambio utilizar los ahorros acumulados en el ‘fondo anticíclico’ de la Corte, lo que avasalla la independencia del Poder Judicial», puntualizó Piumato.

Denuncia

Viales presentaron denuncia penal contra Milei por el manejo de fondos jubilatorios

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas contra el presidente Milei y funcionarios por la presunta apropiación de fondos de la seguridad social canalizados hacia instrumentos privados bajo control de la CNV, en lo que el gremio califica como un retorno al esquema de las AFJP.

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El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra el presidente Javier Milei y sus funcionarios por el «presunto manejo irregular de fondos» de la Seguridad Social. La acción fue registrada bajo el número 204/2026 y fue llevada adelante por la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, con la representación del abogado Eduardo Barcesat.

Los cargos y la acusación

En la presentación, el sindicato solicita la investigación de posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con administración fraudulenta. La denuncia apunta a la «presunta apropiación de fondos de la seguridad social para su inversión en el ámbito privado», los que habrían sido canalizados hacia instrumentos bajo control de la Comisión Nacional de Valores (CNV), un organismo ajeno al sistema de seguridad social y al régimen solidario de reparto que sostiene las jubilaciones de los trabajadores.

El STVyARA advirtió que esta situación representa «un retroceso hacia esquemas similares a los implementados durante el régimen de las AFJP«, que en su momento provocaron «perjuicios económicos» a los trabajadores y solo «benefició a las entidades financieras».

El alcance de la denuncia

La acción penal también comprende a funcionarios del ámbito político y administrativo que «participaron en la elaboración» del proyecto de la Ley de Modernización Laboral, así como a los legisladores nacionales que votaron a favor de la sanción de la Ley Nº 27.802. El escrito señala, además, la presunta vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social.

El gremio también invocó tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen la protección de los derechos laborales bajo los principios de «dignidad, progresividad y no regresión». Desde el STVyARA sostuvieron que «las medidas cuestionadas implican un retroceso en materia de derechos sociales», en contraposición con los estándares de la jurisprudencia nacional e internacional.

Puntos clave

  • El STVyARA denunció penalmente a Milei ante la PIA (Nº 204/2026) por el «presunto manejo irregular de fondos» de la Seguridad Social.
  • La acusación incluye violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta.
  • Los fondos habrían sido canalizados hacia instrumentos privados bajo control de la CNV, en un esquema que el gremio equipara al de las AFJP.
  • La denuncia alcanza también a funcionarios y legisladores que participaron de la sanción de la Ley Nº 27.802.
  • El sindicato invocó el art. 14 bis de la Constitución y convenios de la OIT en defensa del régimen solidario de reparto.
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