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IGJ rechazó autorización a asociación civil constituida para «obstaculizar» derechos de trabajadores

«La IGJ rechazó la autorización para funcionar de una asociación civil que se constituyó para obstaculizar y/o limitar derechos colectivos de los trabajadores», sostuvo el organismo.

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La Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó la autorización para funcionar de una asociación civil, al considerar que fue constituida para «obstaculizar y/o limitar derechos colectivos de los trabajadores», y consideró que los fines de esa entidad iban en contra de derechos «amparados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional».

«La IGJ rechazó la autorización para funcionar de una asociación civil que se constituyó para obstaculizar y/o limitar derechos colectivos de los trabajadores», sostuvo el organismo, informaron hoy fuentes judiciales.

Por medio de la Resolución Particular 516 firmada el martes, la IGJ rechazó la autorización para funcionar a la entidad «Meab Asociación Civil (Movimiento Empresarial Antibloqueos, en español)» tras considerar que tanto «la denominación como el objeto social no se ajustan a los estándares de bien común o interés general que requieren las asociaciones civiles», de acuerdo al artículo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La IGJ explicó que el objeto social de esa entidad buscaba «conformar una red de Ayuda y Asistencia Integral para empresas de cualquier rubro y/o entidades de cualquier tipo creando proyectos e impulsando medidas que conlleven al mejoramiento de las condiciones generales de la actividad empresarial y/o comercial en pos del desarrollo productivo, la inversión y de la generación de puestos de trabajo».

«Y en particular para aquellos que resulten ser víctimas de bloqueos sindicales extorsivos y/o víctimas de cualquier ‘accionar delictivo’ que implique la paralización de la actividad empresarial y/o laboral y/o la imposibilidad del libre ejercicio del comercio, industria o servicio a los principios de libertad económica e iniciativa privada», informó el otro fundamento de la constitución de esa asociación.

Por esos fines y propósitos y por «el nombre elegido para la persona jurídica», la IGJ consideró que de forma «indudable» el objeto social «se contrapone con el ejercicio de derechos colectivos de los trabajadores a los que califica – cuando impliquen la paralización de la empresa- como ‘bloqueos sindicales extorsivos’ y/o ‘accionar delictivo’.

«Tales derechos colectivos, así como los individuales de los trabajadores, se encuentran amparados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y diversos instrumentos internacionales, y han sido calificados por la jurisprudencia como derechos humanos fundamentales», alegó.

Sobre ese punto, la IGJ explicó que la «interpretación de los asuntos» realizadas por esa inspección «no pueden disociarse de las cláusulas constitucionales, de los tratados internacionales, principios y valores jurídicos» y argumentó que, por esas razones, «rechazó la autorización para funcionar» solicitada por Meab Asociación Civil.

Gremiales

La UTA le reclamó a Caputo una recomposición salarial y advirtió: “La paz social peligra”

La Unión Tranviarios Automotor reclamó una recomposición salarial pendiente y cuestionó la falta de respuestas en las negociaciones. El gremio advirtió sobre un creciente malestar entre los trabajadores y pidió al Gobierno un trato similar al que reciben sectores estratégicos de la economía.

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Puntos clave

  • • La UTA reclamó avances en las negociaciones salariales y exigió respuestas del Ministerio de Economía.
  • • El sindicato advirtió que la demora en resolver el conflicto genera tensión entre los trabajadores.
  • • El gremio cuestionó el uso reiterado de conciliaciones obligatorias para frenar medidas de fuerza.
  • • También pidió recibir el mismo trato que sectores como el agro, la minería y la industria petrolera.
  • • Desde el Gobierno nacional no hubo una respuesta oficial al planteo sindical.

La UTA reclamó una recomposición salarial urgente

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), conducida por Roberto Fernández, emitió un duro comunicado dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo, en el que exigió respuestas ante la falta de avances en las negociaciones salariales del sector.

Según expresó el sindicato, el reclamo corresponde a una recomposición salarial pendiente y hasta el momento solo encontró postergaciones en las conversaciones.

«Los días pasan, la paz social peligra», advirtió la organización gremial al referirse al escenario que atraviesan los trabajadores del transporte de pasajeros.

El gremio cuestionó las conciliaciones obligatorias

En el documento, la UTA también criticó la utilización de conciliaciones obligatorias como mecanismo para evitar medidas de fuerza mientras las negociaciones continúan sin definiciones.

«¿Quieren cansar a los trabajadores? Frenándolos a golpes de conciliación obligatoria», sostuvo el gremio en uno de los párrafos más duros del comunicado.

La entidad sindical manifestó que la falta de soluciones concretas genera un creciente malestar entre los choferes y trabajadores de la actividad.

“Trátenos como a las petroleras, mineras o agroexportadoras”

Uno de los principales cuestionamientos de la UTA estuvo dirigido a lo que considera un trato desigual respecto de otros sectores económicos.

«Queremos que nos traten como a los sectores ‘privilegiados’ de la economía», expresó el sindicato.

En ese sentido, mencionó específicamente a las agroexportadoras, las empresas petroleras y el sector minero, actividades que considera beneficiadas dentro de la actual política económica.

El gremio sostuvo que los trabajadores del transporte también cumplen una función estratégica para el funcionamiento del país y reclamó igualdad de consideración en la toma de decisiones.

Críticas al ajuste y al superávit fiscal

La organización encabezada por Roberto Fernández también cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y el impacto que tiene sobre los ingresos de los trabajadores.

«Los trabajadores de la actividad son sacrificados en el altar del superávit fiscal», afirmó el comunicado.

Además, planteó que el equilibrio de las cuentas públicas no debería alcanzarse mediante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

«La Argentina ha entendido que el déficit fiscal es nocivo y el superávit fiscal es sano; el tema es: ¿a qué costo?», agregó el texto.

El mensaje directo a Luis Caputo

En el tramo final del comunicado, la UTA realizó un pedido explícito al titular del Palacio de Hacienda para que intervenga en el conflicto.

«Señor Ministro, trate, responda y resuelva el asunto; dilatar no sirve para nada, trátenos como agroexportadores, petroleras o mineros», expresó el gremio.

La entidad remarcó además el papel esencial que cumple el transporte público y la necesidad de garantizar condiciones salariales acordes para quienes sostienen el servicio diariamente.

Crece la tensión en medio de las paritarias

El reclamo de la UTA se produce en un contexto de negociaciones salariales complejas y creciente tensión entre distintos sectores gremiales.

Mientras el sindicato insiste en la necesidad de una recomposición salarial, desde el Ministerio de Economía no hubo hasta el momento una respuesta oficial al planteo realizado por la organización que conduce Roberto Fernández.

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