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IGJ rechazó autorización a asociación civil constituida para «obstaculizar» derechos de trabajadores

«La IGJ rechazó la autorización para funcionar de una asociación civil que se constituyó para obstaculizar y/o limitar derechos colectivos de los trabajadores», sostuvo el organismo.

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La Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó la autorización para funcionar de una asociación civil, al considerar que fue constituida para «obstaculizar y/o limitar derechos colectivos de los trabajadores», y consideró que los fines de esa entidad iban en contra de derechos «amparados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional».

«La IGJ rechazó la autorización para funcionar de una asociación civil que se constituyó para obstaculizar y/o limitar derechos colectivos de los trabajadores», sostuvo el organismo, informaron hoy fuentes judiciales.

Por medio de la Resolución Particular 516 firmada el martes, la IGJ rechazó la autorización para funcionar a la entidad «Meab Asociación Civil (Movimiento Empresarial Antibloqueos, en español)» tras considerar que tanto «la denominación como el objeto social no se ajustan a los estándares de bien común o interés general que requieren las asociaciones civiles», de acuerdo al artículo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La IGJ explicó que el objeto social de esa entidad buscaba «conformar una red de Ayuda y Asistencia Integral para empresas de cualquier rubro y/o entidades de cualquier tipo creando proyectos e impulsando medidas que conlleven al mejoramiento de las condiciones generales de la actividad empresarial y/o comercial en pos del desarrollo productivo, la inversión y de la generación de puestos de trabajo».

«Y en particular para aquellos que resulten ser víctimas de bloqueos sindicales extorsivos y/o víctimas de cualquier ‘accionar delictivo’ que implique la paralización de la actividad empresarial y/o laboral y/o la imposibilidad del libre ejercicio del comercio, industria o servicio a los principios de libertad económica e iniciativa privada», informó el otro fundamento de la constitución de esa asociación.

Por esos fines y propósitos y por «el nombre elegido para la persona jurídica», la IGJ consideró que de forma «indudable» el objeto social «se contrapone con el ejercicio de derechos colectivos de los trabajadores a los que califica – cuando impliquen la paralización de la empresa- como ‘bloqueos sindicales extorsivos’ y/o ‘accionar delictivo’.

«Tales derechos colectivos, así como los individuales de los trabajadores, se encuentran amparados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y diversos instrumentos internacionales, y han sido calificados por la jurisprudencia como derechos humanos fundamentales», alegó.

Sobre ese punto, la IGJ explicó que la «interpretación de los asuntos» realizadas por esa inspección «no pueden disociarse de las cláusulas constitucionales, de los tratados internacionales, principios y valores jurídicos» y argumentó que, por esas razones, «rechazó la autorización para funcionar» solicitada por Meab Asociación Civil.

Actualidad

CGT, CTA y UTEP marchan al Congreso con los jubilados en el inicio de un nuevo plan de lucha

La central obrera relanzó su ofensiva contra el gobierno de Javier Milei con una movilización convocada para las 15 en Rivadavia y Rodríguez Peña. El cosecretario general Cristian Jerónimo anticipó que no acompañarán «ninguna ley que presente el Gobierno». El acto marca el inicio de un plan de lucha que podría derivar en un quinto paro general.

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El Argentino Diario-Operativo de seguridad-Congreso-Marcha federal.
Sin tregua con Milei: el sindicalismo y los movimientos reflejan a la calles con cuatro paros de historia y un quinto en el horizonte.

La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de jubilados, confluirán este miércoles en una nueva jornada nacional de protesta frente al Congreso contra las políticas del gobierno de Javier Milei. La convocatoria, que se extenderá con adhesiones del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador Axel Kicillof y del Frente de Izquierda (FIT), marcó el relanzamiento formal de un plan de lucha acordado entre las tres centrales sindicales luego de la pausa que impuso el Mundial de Fútbol 2026.

«No acompañamos ninguna ley que presente el Gobierno»

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, fue contundente en declaraciones radiales durante la previa de la movilización: la central obrera no acompañará «ninguna ley que presente el Gobierno», porque «se va todo a contramano de lo que necesita la sociedad». El dirigente también hizo un repaso de la historia de conflictividad entre el sindicalismo y la actual administración: «La CGT, que asumió este gobierno a los 15 días, le hizo el primer paro general, y de ahí hasta acá le hizo cuatro paros generales. Cuando se planteó lo de la reforma laboral, se hicieron tres movilizaciones, un paro general, más de 14 movilizaciones que acompañó la CGT», recordó.

Jerónimo también señaló que el problema estructural que enfrenta la economía argentina no se resuelve con la agenda oficial: «El problema más grande que tiene la mayoría de las actividades es lo que les está sucediendo a las empresas: que no hay trabajo, que hay una recesión profunda y que lo único que se ve todos los días es cómo cierra una empresa». Su par en el triunvirato, Jorge Sola, había anticipado días atrás que la central marcharía «para poner en evidencia lo que sucede con los trabajadores».

Cuatro paros generales y una reforma laboral ya aprobada

La movilización de este miércoles se produce en un contexto de derrota parcial para el sindicalismo. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación de la CGT y dejó vigentes los artículos más cuestionados de la Ley de Modernización Laboral, aprobada en el Congreso en febrero de 2026 tras el cuarto paro general de la central obrera. Aquella huelga, que el propio Sola cifró con un acatamiento superior al 90%, no alcanzó para frenar la norma que, según la CGT, «retrocede 100 años» en materia de derechos laborales.

Los cuatro paros generales bajo la gestión Milei se realizaron el 24 de enero y el 9 de mayo de 2024, el 10 de abril de 2025 y el 19 de febrero de 2026. A eso se suman más de 14 movilizaciones vinculadas al rechazo de la reforma laboral y marchas en defensa de la universidad pública y el sistema de salud. Pese al historial de conflictividad, el Gobierno resistió cada uno de esos embates y avanzó con su agenda de desregulación y ajuste sin modificar su rumbo central.

Jubilados en el centro de la escena

La jornada de este miércoles se articuló en torno a la protesta que distintas organizaciones de jubilados vienen realizando cada semana frente al Congreso. Los manifestantes se concentrarán desde las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña para marchar luego hacia la Plaza del Congreso. Las consignas centrales apuntan a la defensa del sistema previsional, el reclamo de una recomposición real de los haberes y el rechazo a las políticas económicas de la administración nacional, que profundizaron la pérdida de poder adquisitivo de los sectores pasivos.

La cuenta verificada de la CGT en la red X convocó a la movilización bajo la consigna: «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados. En defensa de sus derechos, sus ingresos y una vida digna». Además de la concentración central en Buenos Aires, se prevén actos y concentraciones en las regionales de distintas provincias, con actividades confirmadas en Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, entre otras ciudades.

Un plan de lucha que se extiende hasta noviembre

La movilización de este miércoles es solo el punto de partida de una serie de protestas que las centrales sindicales acordaron extender hasta noviembre de 2026. La próxima fecha confirmada es el 7 de agosto, Día de San Cayetano, patrono del Trabajo, cuando se prevé una nueva concentración masiva. Los dirigentes sindicales no descartaron convocar un quinto paro general si el Gobierno no da respuestas a los reclamos del movimiento obrero, aunque por el momento la estrategia apuesta a una escalada progresiva de protestas en lugar de medidas de fuerza inmediatas.

El operativo de seguridad desplegado para la jornada implicará cortes de tránsito en los alrededores del Congreso y restricciones en las principales arterias del centro porteño. Los organizadores de algunas concentraciones del interior resolvieron no anunciar previamente los puntos de concentración para evitar interferencias de las fuerzas de seguridad, una práctica que se viene repitiendo en protestas recientes.

El trasfondo: un sindicalismo que no cierra la tregua

Pese a que el Gobierno logró corregir, mediante negociaciones reservadas, algunas de las disposiciones más lesivas para la caja sindical incluidas en la Ley de Modernización Laboral, el gesto no alcanzó para sellar una tregua. La CGT retoma la ofensiva en un contexto político marcado por el inicio del ciclo electoral de 2027 y la necesidad de las centrales sindicales de mostrar capacidad de movilización frente a sus propias bases. El rechazo explícito de Jerónimo a cualquier proyecto legislativo del Ejecutivo, sin distinción, constituye una señal política de que el sindicalismo no está dispuesto a acompañar la segunda etapa del ajuste libertario, que incluye una nueva reforma que el Gobierno planea enviar al Congreso con capítulos que fueron eliminados del texto original de la ley laboral.

Puntos clave

  • CGT, CTA y UTEP marchan este miércoles al Congreso junto a jubilados, con concentración desde las 15 en Rivadavia y Rodríguez Peña.
  • El cosecretario Cristian Jerónimo confirmó que la central no acompañará ninguna ley del Gobierno de Milei.
  • La CGT acumula cuatro paros generales desde diciembre de 2023; el quinto no está descartado.
  • El plan de lucha acordado entre las tres centrales se extenderá hasta noviembre, con la próxima fecha el 7 de agosto en San Cayetano.
  • El Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof y el FIT adhirieron a la convocatoria, sumando volumen político a la protesta.
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