El Gobierno amplió por decreto el listado de actividades esenciales e impuso una cobertura mínima obligatoria del 50 al 75% ante conflictos gremiales.

Especialistas advierten que la medida es inconstitucional y atenta contra los derechos laborales reconocidos por tratados internacionales.

Un decreto para restringir la protesta social

Este miércoles, el Gobierno nacional publicó un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que redefine el concepto de “servicio esencial”, habilita la intervención en sindicatos y limita el derecho constitucional de huelga.

Lo hizo mediante la imposición de coberturas mínimas obligatorias del 50% al 75% en sectores estratégicos como transporte de cargas, servicios portuarios, navegación fluvial y aeronáutica comercial.

En actividades definidas como esenciales, se exige una prestación mínima del 75%. En aquellas de “importancia trascendental”, la cobertura no podrá ser menor al 50%. Se estableció un régimen de excepción específico para la Marina Mercante.

Críticas desde el derecho laboral

Gustavo Ciampa, abogado laboralista, denunció que el decreto es “claramente inconstitucional”.

“El Poder Ejecutivo no tiene facultades para dictar este tipo de restricciones por DNU. Además, el transporte no es un servicio esencial según lo reconoce la OIT. El objetivo es debilitar la actividad gremial”.

También recordó que el DNU 70/2023, que contenía artículos similares, ya fue declarado nulo por la Justicia Nacional del Trabajo.

Avance contra los sindicatos

La norma no solo apunta contra el derecho de huelga, sino que habilita la intervención estatal en las organizaciones gremiales sin criterios claros, lo que expertos consideran una forma de disciplinamiento sindical.

Matías Cremonte, titular de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, fue tajante:

“Hasta ahora, solo se consideraban esenciales los servicios cuya interrupción pone en riesgo la vida o la seguridad. Este decreto prohíbe de facto la huelga”.

Reacciones políticas: rechazo

Durante la fallida sesión en Diputados, donde no se logró quórum para tratar el aumento a jubilados ni otros temas claves, el legislador Nicolás del Caño (FIT) advirtió sobre el decreto:

“Quieren prohibir el derecho a huelga. Instamos a la clase trabajadora a golpear con un solo puño, exigir a las centrales un verdadero plan de lucha”.

Actividades que el DNU declara “esenciales”:

Salud, transporte de medicamentos, servicios farmacéuticos. Producción y distribución de agua, gas, combustibles, electricidad. Telecomunicaciones e internet. Transporte aéreo y marítimo, servicios portuarios. Educación desde guarderías hasta nivel secundario. Comercio exterior, servicios aduaneros y migratorios.

¿Y ahora qué?

Organizaciones gremiales y especialistas apuntan a un amplio abanico de respuestas posibles:

Movilizaciones y huelgas como respuesta directa.

Campañas de difusión para alertar sobre la medida.

Acciones judiciales, apelando a la sentencia previa que declaró inconstitucional el DNU 70/2023.

Denuncias ante organismos internacionales, como la OIT o la CIDH.