Organizaciones sindicales de Tierra del Fuego difundieron un documento titulado “En defensa de la Soberanía, los Puestos de Trabajo y la Industria Nacional”, expresando su rechazo a la eliminación de aranceles para productos electrónicos importados, medida anunciada por el Gobierno nacional la semana pasada. La protesta se enmarca en un paro general de 24 horas que involucra a todos los sindicatos de la provincia, en respuesta a una huelga por tiempo indeterminado iniciada hace ocho días por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande.

“Un nuevo embate de un gobierno entreguista”

El documento denuncia que la eliminación de aranceles constituye “un nuevo ataque del Gobierno Nacional al trabajo y la producción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y al pueblo fueguino en general”. Las organizaciones sindicales y sociales de la provincia expresaron su “rechazo absoluto” y exigieron la “marcha atrás” de la medida.

Los gremios afirman que la decisión gubernamental llega “en el marco de un plan económico que asfixia la producción, amenaza la industria y hace peligrar miles de puestos de trabajo”. Señalan que la eliminación de aranceles a productos electrónicos y la reducción de impuestos internos a televisores y aires acondicionados significan “un nuevo y devastador ataque contra Tierra del Fuego”.

El texto sostiene que estas medidas responden a “una nueva concesión del Gobierno de Javier Milei a las imposiciones del FMI, a cambio de un préstamo que le permite mantener en pie un plan económico insostenible”. Además, destaca que el plan del Gobierno nacional “solo apunta a la especulación financiera y a la depredación de nuestras riquezas naturales en favor de intereses extranjeros”.

El documento concluye afirmando que “en el extremo Sur de la Patria, la fuerza del trabajo no será cómplice ni testigo resignado de tanto atropello”. Los trabajadores y trabajadoras fueguinos se declaran en pie “en defensa del Derecho Soberano a Continuar Habitando la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur”.

Impacto económico y social

La eliminación de aranceles afecta directamente al régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, vigente desde hace más de 50 años y extendido hasta 2053. Este régimen otorga exenciones en Ganancias, IVA y otros tributos a empresas que producen principalmente productos electrónicos, representando un costo fiscal superior a los USD 1.000 millones anuales. Sin embargo, ha sido criticado por generar sobreprecios de hasta 60% en comparación con otros países y por su baja integración local.

El secretario de Industria y Promoción Económica de la provincia, Juan Ignacio García, explicó que la medida tentará a las empresas que pretenden ingresar productos importados, para que, en cambio, hagan acuerdos con las firmas productoras de la isla. De acuerdo con el nuevo esquema fiscal, los productos electrónicos nacionales pagarán una alícuota del 6,5% cuando se trate de artículos fabricados en el polo industrial fueguino, mientras que los importados estarán gravados con un 17%.

Reacciones políticas y empresariales

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, rechazó profundamente el proyecto de ley impulsado por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, al considerar que “atenta contra la industria nacional”. Melella afirmó que “proponer la eliminación de los aranceles para la importación de celulares y computadoras es un embate contra la industria y los miles de fueguinos que trabajan de forma directa e indirecta para las mismas”.

Por su parte, el diputado López sostuvo que la iniciativa legal no busca “atacar a la industria nacional”, sino que “haya competencia y que los productos electrónicos tengan precios similares a los del resto del mundo”. Argumentó que “no es razonable que los millones de consumidores tengan que pagar el doble o triple que en el exterior”.

Las empresas del sector también expresaron su preocupación. Aunque reconocen la necesidad de mejorar la competitividad, advierten que la apertura indiscriminada de importaciones podría poner en riesgo la producción local y los puestos de trabajo asociados.