Gremiales
Monteoliva amenaza con reprimir mientras persiste la sombra de los infiltrados del 11 de febrero
En pleno paro general, la ministra de Seguridad advirtió por X que las fuerzas actuarán contra quienes «generen caos». El mensaje llegó con un antecedente que pesa: el miércoles 11 de febrero, cuando se registró la presencia de agentes de civil que provocaron incidentes en la marcha pacífica convocada por la CGT y las dos CTA frente al Congreso.
★ La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó este jueves en su cuenta oficial de la red social X un mensaje dirigido a los manifestantes que se movilizaban en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires en el marco del paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral. «Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo», escribió la funcionaria nacional.
El tono no fue solo descriptivo. Monteoliva advirtió que «el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias», y cerró su publicación con una frase que sintetiza la postura del gobierno de Milei ante la protesta social: «Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden.»
El peso del antecedente: el 11 de febrero y los agentes de civil
La amenaza de Monteoliva oculta entre las sombras una maniobra recurrente: la presencia de agentes infiltrados para provocar violencia y culpar a personas que marchan de manera pacífica. El miércoles 11 de febrero, durante la jornada de protesta convocada por la CGT y las dos CTA contra la misma reforma laboral que hoy debate Diputados, se registró la presencia de agentes de civil vestidos como manifestantes en la zona trasera del Congreso, específicamente sobre la calle Combate de los Pozos, entre Hipólito Yrigoyen y Moreno.
Según pudo confirmar este medio, estos efectivos fueron vistos en conversación con uniformados y mostraron gestos de camaradería con las fuerzas de seguridad desplegadas en el operativo, lo que permitió identificarlos como agentes infiltrados entre la multitud.
Las imágenes compiladas por Hermana Beba, con su estilo mordaz, lo dejan claro
La secuencia de la provocación
Con la llegada de las columnas de gremios y partidos políticos, los infiltrados se mezclaron entre la multitud. Cuando la concentración alcanzó cierta masividad frente al Congreso, de manera coordinada comenzaron a arrojar piedras, bombas Molotov, fuegos artificiales y maderas contra la policía. Los provocadores actuaron encapuchados, con gorras, máscaras y cascos, y utilizaron planchas de madera dispersadas estratégicamente por la zona como escudos ante la represión que siguió: camión hidrante, gases y balas de goma.
El saldo inmediato fue de cinco detenidos. Según organizaciones de derechos humanos y sociales consultadas por este medio, la represión ejercida en ese episodio contrasta de manera llamativa con la violencia policial que se aplica habitualmente contra los jubilados en las movilizaciones de los miércoles frente al Congreso; una diferencia que estas organizaciones describieron como una suerte de «coreografía ensayada», en la que la respuesta estatal parece calibrada según el perfil del manifestante.
El objetivo político de la operación
Según el análisis de fuentes consultadas por este medio en el ámbito sindical y de organizaciones sociales, el accionar de los infiltrados entre manifestantes pacíficos tuvo un doble propósito: desalentar la participación de quienes se acercaron de manera genuina a expresar su rechazo a la reforma laboral, y generar un clima de violencia que justificara la intervención de las fuerzas de seguridad y deslegitimara la protesta ante la opinión pública.
La movilización del 11 de febrero había sido convocada por la CGT junto con las dos CTA y diversas organizaciones sociales y políticas. La conducción sindical apostaba a una demostración de fuerza frente al Congreso desde las 14.30.
Qué dice la reforma que motoriza el conflicto
El proyecto que el gobierno impulsa en el Senado introduce modificaciones sustanciales en las condiciones laborales. Los sindicatos rechazan cambios en las licencias por enfermedad (el polémico Artículo 44), las condiciones de contratación y despido, la ampliación del período de prueba, la reducción de indemnizaciones y la promoción de fondos de cese como reemplazo de la indemnización tradicional. También cuestionan la flexibilización de convenios colectivos y la habilitación de acuerdos individuales que, advierten, debilitan la negociación colectiva y el poder de representación gremial.
La protesta del 11 de febrero se inscribió en una serie de jornadas de lucha que tuvieron réplicas en Córdoba y Rosario, donde más de un centenar de gremios marcharon en rechazo a lo que consideran un retroceso histórico en materia de derechos laborales.
Puntos clave
- La ministra Monteoliva publicó el jueves 19 en X una advertencia directa a los manifestantes del paro general, con amenaza de intervención de las fuerzas de seguridad.
- El 11 de febrero, cronistas propios registraron la presencia de agentes de civil infiltrados entre manifestantes pacíficos en las inmediaciones del Congreso.
- Los infiltrados provocaron incidentes de manera coordinada, arrojando piedras y bombas Molotov; el saldo fue de cinco detenidos.
- Organizaciones de derechos humanos consultadas señalaron una llamativa disparidad entre la represión aplicada en esa jornada y la ejercida contra jubilados en marchas similares.
- La reforma laboral en debate incluye cambios en indemnizaciones, períodos de prueba, convenios colectivos y condiciones de contratación. ★
Gremiales
Gremios y organizaciones marchan contra el fallo de la Corte que “abre” el territorio a extranjeros
Un fallo de la Corte Suprema habilitó la venta ilimitada de tierras a extranjeros e impidió que ex combatientes de Malvinas demanden contra el DNU 70/23. Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales, mientras la oposición busca el quórum para derogar el decreto que la izquierda y las CTA califican de inconstitucional.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia habilitó la venta ilimitada de tierras a ciudadanos extranjeros, dejando sin efecto las restricciones que imponía la Ley de Tierras, y desató una respuesta inmediata de gremios, organizaciones sociales y agrupaciones ambientalistas que se movilizaron este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión del máximo tribunal.
La marcha, que partió a las 16 horas, reunió a las dos centrales de la CTA, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y decenas de organizaciones que, además de repudiar el fallo judicial, exigieron la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al que califican de «inconstitucional». El DNU, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión, desreguló amplios sectores de la economía argentina, incluyendo aspectos vinculados al mercado de tierras y la propiedad rural.
Una decisión que habilita la extranjerización
El secretario general de la CTA-Autónoma (CTA-A), Hugo Godoy, fue uno de los primeros en marcar la gravedad de la resolución. «El fallo es grave porque, además de habilitar la venta ilimitada de tierras a extranjeros, invalidó el derecho de los ex combatientes de Malvinas a poder presentar una demanda contra este decreto», sostuvo. La advertencia pone sobre la mesa una paradoja que sacudió el debate público: quienes arriesgaron la vida por defender el territorio nacional quedan excluidos de los mecanismos judiciales para protegerlo.
«Parece ser que los ex combatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra», graficó Godoy. Y convocó a la movilización hacia Tribunales, a la que definió como «esa cueva de la injusticia que está covalidando semejantes escenarios de entrega».
La oposición busca quórum para derogar el DNU
El secretario general de la CTA de las y los Trabajadores (CTA-T), Hugo Yasky, también adhirió a la convocatoria y articuló la disputa callejera con la batalla legislativa. «Los distintos bloques de la oposición estamos haciendo todo lo posible para reunir quórum y poder discutir tres puntos», explicó: la continuidad de la ley de discapacidad, el endeudamiento de las familias y, en tercer lugar, la derogación del DNU 70/23. «Lo que implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras», precisó Yasky.
La dificultad para alcanzar el quórum en la Cámara de Diputados expone la fragmentación de la oposición y la capacidad del oficialismo de La Libertad Avanza para bloquear iniciativas parlamentarias que contradigan la hoja de ruta desreguladora del Ejecutivo. En ese contexto, el fallo judicial llega a actuar como un sustituto de lo que la coalición gobernante no logró imponer por vías legislativas.
Bregman apunta al corazón político del fallo
La diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, fue la voz más directa al cuestionar los resortes políticos detrás de la sentencia. «La Corte Suprema no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país», afirmó. Y fue más lejos: «La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras. No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo», sentenció.
La lectura de Bregman conecta el fallo con un patrón que la oposición viene denunciando: la utilización del Poder Judicial para avanzar con reformas que el Ejecutivo no logra consolidar en el Parlamento. En ese esquema, la Corte no resuelve un litigio; define una política.
Lo que tenés que saber:
- La Corte Suprema emitió un fallo que habilita la venta ilimitada de tierras a extranjeros y deja sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras.
- El fallo también anuló la legitimidad de los ex combatientes de Malvinas para demandar judicialmente contra el DNU 70/23.
- Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión judicial.
- La oposición busca reunir quórum en Diputados para derogar el DNU 70/23, que también incluye disposiciones vinculadas a la extranjerización de tierras.
- La diputada Myriam Bregman cuestionó que la Corte haya actuado para resolver lo que el oficialismo no pudo imponer en el Congreso.
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