★ La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó este jueves en su cuenta oficial de la red social X un mensaje dirigido a los manifestantes que se movilizaban en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires en el marco del paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral. «Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo», escribió la funcionaria nacional.

El tono no fue solo descriptivo. Monteoliva advirtió que «el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias», y cerró su publicación con una frase que sintetiza la postura del gobierno de Milei ante la protesta social: «Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden.»

El peso del antecedente: el 11 de febrero y los agentes de civil

La amenaza de Monteoliva oculta entre las sombras una maniobra recurrente: la presencia de agentes infiltrados para provocar violencia y culpar a personas que marchan de manera pacífica. El miércoles 11 de febrero, durante la jornada de protesta convocada por la CGT y las dos CTA contra la misma reforma laboral que hoy debate Diputados, se registró la presencia de agentes de civil vestidos como manifestantes en la zona trasera del Congreso, específicamente sobre la calle Combate de los Pozos, entre Hipólito Yrigoyen y Moreno.

Según pudo confirmar este medio, estos efectivos fueron vistos en conversación con uniformados y mostraron gestos de camaradería con las fuerzas de seguridad desplegadas en el operativo, lo que permitió identificarlos como agentes infiltrados entre la multitud.

Las imágenes compiladas por Hermana Beba, con su estilo mordaz, lo dejan claro

La secuencia de la provocación

Con la llegada de las columnas de gremios y partidos políticos, los infiltrados se mezclaron entre la multitud. Cuando la concentración alcanzó cierta masividad frente al Congreso, de manera coordinada comenzaron a arrojar piedras, bombas Molotov, fuegos artificiales y maderas contra la policía. Los provocadores actuaron encapuchados, con gorras, máscaras y cascos, y utilizaron planchas de madera dispersadas estratégicamente por la zona como escudos ante la represión que siguió: camión hidrante, gases y balas de goma.

El saldo inmediato fue de cinco detenidos. Según organizaciones de derechos humanos y sociales consultadas por este medio, la represión ejercida en ese episodio contrasta de manera llamativa con la violencia policial que se aplica habitualmente contra los jubilados en las movilizaciones de los miércoles frente al Congreso; una diferencia que estas organizaciones describieron como una suerte de «coreografía ensayada», en la que la respuesta estatal parece calibrada según el perfil del manifestante.

El objetivo político de la operación

Según el análisis de fuentes consultadas por este medio en el ámbito sindical y de organizaciones sociales, el accionar de los infiltrados entre manifestantes pacíficos tuvo un doble propósito: desalentar la participación de quienes se acercaron de manera genuina a expresar su rechazo a la reforma laboral, y generar un clima de violencia que justificara la intervención de las fuerzas de seguridad y deslegitimara la protesta ante la opinión pública.

La movilización del 11 de febrero había sido convocada por la CGT junto con las dos CTA y diversas organizaciones sociales y políticas. La conducción sindical apostaba a una demostración de fuerza frente al Congreso desde las 14.30.

Qué dice la reforma que motoriza el conflicto

El proyecto que el gobierno impulsa en el Senado introduce modificaciones sustanciales en las condiciones laborales. Los sindicatos rechazan cambios en las licencias por enfermedad (el polémico Artículo 44), las condiciones de contratación y despido, la ampliación del período de prueba, la reducción de indemnizaciones y la promoción de fondos de cese como reemplazo de la indemnización tradicional. También cuestionan la flexibilización de convenios colectivos y la habilitación de acuerdos individuales que, advierten, debilitan la negociación colectiva y el poder de representación gremial.

La protesta del 11 de febrero se inscribió en una serie de jornadas de lucha que tuvieron réplicas en Córdoba y Rosario, donde más de un centenar de gremios marcharon en rechazo a lo que consideran un retroceso histórico en materia de derechos laborales.

Puntos clave

• La ministra Monteoliva publicó el jueves 19 en X una advertencia directa a los manifestantes del paro general, con amenaza de intervención de las fuerzas de seguridad.
• El 11 de febrero, cronistas propios registraron la presencia de agentes de civil infiltrados entre manifestantes pacíficos en las inmediaciones del Congreso.
• Los infiltrados provocaron incidentes de manera coordinada, arrojando piedras y bombas Molotov; el saldo fue de cinco detenidos.
• Organizaciones de derechos humanos consultadas señalaron una llamativa disparidad entre la represión aplicada en esa jornada y la ejercida contra jubilados en marchas similares.
• La reforma laboral en debate incluye cambios en indemnizaciones, períodos de prueba, convenios colectivos y condiciones de contratación. ★