Gremiales
Denuncian a pesqueras por extorsión y rebaja salarial
El sindicato SOMU presentó una denuncia contra dos compañías acusadas de presionar a trabajadores del sector pesquero para firmar recortes individuales.
Lo que tenés que saber
- El SOMU presentó la denuncia en la Secretaría de Trabajo de Puerto Madryn
- Empresas señaladas: Conarpesa S.A. y Agropez S.A.
- Acusan incumplimiento del convenio colectivo de trabajo vigente
- Gremio advirtió sobre presiones individuales para reducir salarios
- El conflicto surge previo al inicio formal de la temporada de pesca
SOMU denunció presiones para recortes salariales en flota pesquera de Madryn
El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Trabajo de Puerto Madryn contra las empresas pesqueras Conarpesa S.A. y Agropez S.A., a las que acusa de implementar prácticas extorsivas para reducir los salarios de los tripulantes.

Gremio denuncia chantaje laboral en plena reactivación de la flota
Según informó el secretario de la seccional Puerto Madryn, César Zapata, las compañías comenzaron a convocar nuevamente a sus tripulaciones luego de un período sin actividad, pero condicionando el regreso laboral a la firma de acuerdos individuales con menores valores de producción.
El SOMU calificó la situación como un “chantaje” que impacta directamente en los derechos laborales y en la estabilidad de las familias trabajadoras. “El personal citado lleva años trabajando como efectivos en esos barcos y tiene derecho a embarcar bajo los valores establecidos en el convenio colectivo de trabajo, el cual fue acordado entre las partes, homologado por el Ministerio de Trabajo y continúa plenamente vigente”, sostuvo el sindicato.

Convenio homologado y compromiso previo
La denuncia señala que, el pasado 10 de julio, cámaras empresarias y representantes del gremio firmaron un acta de acuerdo ante el Ministerio de Capital Humano, donde ambas partes se comprometieron a cumplir de buena fe lo estipulado en el convenio colectivo vigente.
Desde el SOMU indicaron que las acciones de las empresas no respetan ese compromiso. “Extorsionar a los trabajadores para que firmen acuerdos individuales de menor remuneración constituye una violación directa al acuerdo firmado”, señaló el gremio.
SOMU advierte sobre consecuencias del conflicto
El sindicato responsabilizó al grupo empresario por cualquier daño que pudiera derivarse del conflicto. En la presentación escrita ante la autoridad laboral, sostuvo que “se deslindan responsabilidades por cualquier incidente que pudiera derivarse del conflicto” y que los eventuales daños “físicos, materiales o sociales” serán atribuidos a “una conducta unilateral e ilegal”.
La temporada de pesca aún no comenzó
El conflicto ocurre en un momento en el que la flota congeladora aún no comenzó formalmente su temporada, en medio de negociaciones estancadas entre el sector empresarial y los gremios marítimos.
Gremiales
Gremios y organizaciones marchan contra el fallo de la Corte que “abre” el territorio a extranjeros
Un fallo de la Corte Suprema habilitó la venta ilimitada de tierras a extranjeros e impidió que ex combatientes de Malvinas demanden contra el DNU 70/23. Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales, mientras la oposición busca el quórum para derogar el decreto que la izquierda y las CTA califican de inconstitucional.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia habilitó la venta ilimitada de tierras a ciudadanos extranjeros, dejando sin efecto las restricciones que imponía la Ley de Tierras, y desató una respuesta inmediata de gremios, organizaciones sociales y agrupaciones ambientalistas que se movilizaron este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión del máximo tribunal.
La marcha, que partió a las 16 horas, reunió a las dos centrales de la CTA, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y decenas de organizaciones que, además de repudiar el fallo judicial, exigieron la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al que califican de «inconstitucional». El DNU, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión, desreguló amplios sectores de la economía argentina, incluyendo aspectos vinculados al mercado de tierras y la propiedad rural.
Una decisión que habilita la extranjerización
El secretario general de la CTA-Autónoma (CTA-A), Hugo Godoy, fue uno de los primeros en marcar la gravedad de la resolución. «El fallo es grave porque, además de habilitar la venta ilimitada de tierras a extranjeros, invalidó el derecho de los ex combatientes de Malvinas a poder presentar una demanda contra este decreto», sostuvo. La advertencia pone sobre la mesa una paradoja que sacudió el debate público: quienes arriesgaron la vida por defender el territorio nacional quedan excluidos de los mecanismos judiciales para protegerlo.
«Parece ser que los ex combatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra», graficó Godoy. Y convocó a la movilización hacia Tribunales, a la que definió como «esa cueva de la injusticia que está covalidando semejantes escenarios de entrega».
La oposición busca quórum para derogar el DNU
El secretario general de la CTA de las y los Trabajadores (CTA-T), Hugo Yasky, también adhirió a la convocatoria y articuló la disputa callejera con la batalla legislativa. «Los distintos bloques de la oposición estamos haciendo todo lo posible para reunir quórum y poder discutir tres puntos», explicó: la continuidad de la ley de discapacidad, el endeudamiento de las familias y, en tercer lugar, la derogación del DNU 70/23. «Lo que implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras», precisó Yasky.
La dificultad para alcanzar el quórum en la Cámara de Diputados expone la fragmentación de la oposición y la capacidad del oficialismo de La Libertad Avanza para bloquear iniciativas parlamentarias que contradigan la hoja de ruta desreguladora del Ejecutivo. En ese contexto, el fallo judicial llega a actuar como un sustituto de lo que la coalición gobernante no logró imponer por vías legislativas.
Bregman apunta al corazón político del fallo
La diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, fue la voz más directa al cuestionar los resortes políticos detrás de la sentencia. «La Corte Suprema no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país», afirmó. Y fue más lejos: «La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras. No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo», sentenció.
La lectura de Bregman conecta el fallo con un patrón que la oposición viene denunciando: la utilización del Poder Judicial para avanzar con reformas que el Ejecutivo no logra consolidar en el Parlamento. En ese esquema, la Corte no resuelve un litigio; define una política.
Lo que tenés que saber:
- La Corte Suprema emitió un fallo que habilita la venta ilimitada de tierras a extranjeros y deja sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras.
- El fallo también anuló la legitimidad de los ex combatientes de Malvinas para demandar judicialmente contra el DNU 70/23.
- Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión judicial.
- La oposición busca reunir quórum en Diputados para derogar el DNU 70/23, que también incluye disposiciones vinculadas a la extranjerización de tierras.
- La diputada Myriam Bregman cuestionó que la Corte haya actuado para resolver lo que el oficialismo no pudo imponer en el Congreso.
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