Motos que arrancan a las seis de la mañana, camiones con motores encendidos durante veinte minutos, bicicletas que cruzan las veredas a cualquier hora. El conflicto entre vecinos de Villa Urquiza y un centro de distribución de delivery instalado en Quesada al 5900 llegó a los medios con el relato del malestar barrial. Pero detrás del ruido y los reclamos de convivencia hay una pregunta más incómoda, que nadie en el Gobierno libertario parece dispuesto a responder: ¿quiénes son esos trabajadores que circulan sin descanso, y qué derechos tienen?

Fernanda, vecina del edificio frente al centro de acopio, lo graficó con precisión: «Ya no hay siesta. Empezamos a las seis de la mañana con las descargas de camiones y a las ocho ya abren la persiana. Se cierra a las dos de la mañana». Ariel, otro afectado que vive en el mismo bloque junto a sus tres hijos, señaló que los ruidos son constantes y que padece acúfenos, una condición que el ambiente del depósito agrava de manera directa. Ambos vecinos aclararon algo significativo: no se quejan de los repartidores, sino de las empresas. «Acá nadie les exige a las empresas que les den garantía a los trabajadores. Uno no se quiere poner en contra de los trabajadores que ganan dos mangos y están todo el día en la calle», dijeron en el lugar.

El modelo que celebra Milei: sin patrón, sin sindicato, sin derechos

Los repartidores de plataformas como Rappi, PedidosYa o Mercado Envíos no son empleados en el sentido jurídico clásico: son «colaboradores independientes», una figura que las empresas tecnológicas instalaron en todo el mundo para eludir las obligaciones que establece la Ley de Contrato de Trabajo. En la Argentina, esta situación implica que la amplia mayoría de los repartidores carece de aportes jubilatorios regulares, cobertura de obra social, acceso a ART en caso de accidente de tránsito y, fundamentalmente, de representación sindical con poder de negociación real.

El Gobierno de Javier Milei no solo no cuestiona este modelo: lo reivindica como un ejemplo de libertad y flexibilidad laboral. La desregulación del mercado de trabajo, uno de los pilares del proyecto libertario, encuentra en el sector de delivery su laboratorio más visible: trabajadores que cobran por pedido, sin salario mínimo garantizado, sin vacaciones, sin aguinaldo y sin posibilidad real de acceder a un crédito hipotecario o a una jubilación digna al cabo de décadas de actividad.

La pelea que las empresas no tienen

La situación descripta en Villa Urquiza no es un caso aislado. Conflictos similares se registraron en los barrios de Las Cañitas y Villa Ortúzar, donde centros de distribución de entrega rápida generaron idénticas quejas vecinales. En todos los casos, el patrón se repite: las plataformas instalan depósitos en zonas residenciales, operan durante casi veinticuatro horas, no proveen sanitarios adecuados para los repartidores, no garantizan espacios de estacionamiento interno para las motos y no ofrecen ningún tipo de cobertura cuando un trabajador sufre un siniestro vial en la vía pública.

Los propios vecinos afectados lo señalaron sin ambigüedades: los reclamos apuntan a que las empresas garanticen espacios de carga cerrados, zonas de estacionamiento interno y baños para los repartidores. Lo que en cualquier actividad económica regulada serían obligaciones básicas del empleador, en el sector de plataformas digitales son reclamos que nadie obliga a cumplir.

Sin convenio, sin gremio, sin voz

A diferencia de los trabajadores de transporte, gastronomía o comercio, los repartidores de aplicaciones no cuentan con un convenio colectivo de trabajo que fije pisos salariales, condiciones de seguridad o mecanismos de negociación colectiva. Las organizaciones de repartidores que surgieron en los últimos años lograron instalar el debate público sobre la necesidad de una ley específica, pero no obtuvieron aún un marco legal que los proteja de manera efectiva a escala nacional.

Proyectos de ley para regular el trabajo en plataformas digitales fueron presentados en el Congreso en diferentes oportunidades, pero ninguno prosperó bajo la gestión libertaria, cuyo norte ideológico es, precisamente, el contrario: reducir las cargas que el Estado impone a las empresas. El resultado concreto es que miles de personas trabajan jornadas de diez o doce horas sobre una moto, expuestas a accidentes, a la intemperie y a la arbitrariedad de los algoritmos que distribuyen los pedidos, sin ninguna red de contención.

El ruido que tapa el problema real

El conflicto de Villa Urquiza expone una tensión real entre el derecho al descanso de los vecinos y el derecho al trabajo de los repartidores. Pero enmarcarlo como una disputa entre unos y otros es funcional a las empresas que se benefician del modelo: mientras vecinos y trabajadores discuten en la vereda, las plataformas siguen facturando millones sin asumir ninguna responsabilidad laboral, ambiental ni urbanística.

La pregunta que la gestión Milei evita con deliberada comodidad es cómo se regula una actividad que moviliza a decenas de miles de trabajadores en las principales ciudades del país, sin que ninguno de ellos tenga un empleador formal al que reclamarle. La flexibilidad que el Gobierno celebra tiene un costo que pagan, en partes iguales, los repartidores que no llegan a fin de mes y los vecinos que no pueden dormir.

Lo que tenés que saber sobre la precariedad de los deliveries

• Vecinos de Villa Urquiza denuncian ruidos y riesgo vial por un centro de distribución de delivery en Quesada al 5900, con actividad desde las 6 hasta las 2 de la madrugada.
• Los propios vecinos aclararon que el reclamo va dirigido a las empresas y no a los trabajadores, a quienes reconocen como víctimas del mismo modelo.
• Los repartidores de plataformas carecen de convenio colectivo, obra social, ART, aportes jubilatorios y representación sindical efectiva.
• Conflictos similares se registraron en Las Cañitas, Once y Villa Ortúzar, con el mismo patrón de empresas que operan sin asumir obligaciones laborales ni urbanísticas.
• El Gobierno de Milei promueve la desregulación laboral como política de Estado, sin presentar ningún marco legal que proteja a los trabajadores de plataformas digitales.