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Gremiales

Transporte quiere que la PSA intervenga en el conflicto con Intercargo

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, pretende que la ministra Patricia Bullrich ordene a la Policía de Seguridad Aeronáutica impedir las asambleas de trabajadores y que restablezca el servicio.

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El Argentino Diario-PSA-Policía de Seguridad Aeronáutica.

El conflicto en Aeroparque Jorge Newbery escala tras la intervención del secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien anunció que solicitará la participación de la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) para “liberar” a los pasajeros afectados por las «asambleas informativas» de trabajadores de Intercargo. Los empleados, nucleados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), llevaron adelante una medida de fuerza en reclamo de la reincorporación de un empleado despedido, lo que resultó en vuelos cancelados y equipajes sin entregar.

La situación desató la reacción del Gobierno, que anticipó acciones legales y medidas de fuerza para reanudar la normalidad en el aeropuerto. Mogetta declaró a través de su cuenta en la red social X: “Ante las medidas salvajes que están llevando a cabo gremialistas de APA en Intercargo, estamos coordinando junto a (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich para que la PSA pueda asistir a los pasajeros que han sido tomados de rehén por esta runfla de delincuentes”. Además, advirtió que “se han impartido instrucciones para que se presenten las denuncias penales correspondientes para que la justicia intervenga inmediatamente y puedan recuperar su libertad los pasajeros”.

Origen del conflicto: un despido en Intercargo

El foco de la disputa radica en el despido de un trabajador de Intercargo, empresa estatal que gestiona servicios de rampa para aerolíneas como Flybondi, JetSmart y Gol. Fuentes de la Secretaría de Transporte informaron que el empleado fue desvinculado tras abandonar su puesto sin ser relevado, lo cual, según señalaron, causó una demora de dos horas en la entrega de equipaje el pasado sábado en Aeroparque. Ante este hecho, Intercargo optó por la desvinculación del empleado, al que acusó de incumplimiento de sus responsabilidades.

Desde APA, el sindicato que nuclea al personal de Intercargo, denunciaron la medida como arbitraria y solicitaron “de forma urgente su legítima reincorporación”. En respuesta, tomaron la decisión de llevar adelante asambleas informativas, generando parálisis en las operaciones aeroportuarias y afectando a cientos de pasajeros, especialmente aquellos de vuelos internacionales y de compañías low-cost, cuyos vuelos fueron cancelados o desviados.

Tensión en Aeroparque

La medida sindical, según informaron, ya provocó el desvío de un vuelo de Flybondi hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, además de cancelaciones y demoras en otros servicios, como los de JetSmart, Gol y Latam. Los pasajeros, en su mayoría nacionales e internacionales, se han visto perjudicados por la falta de entrega de sus equipajes y la incertidumbre sobre la continuidad de sus vuelos.

Fuentes de la Secretaría de Transporte, respaldando la postura del Gobierno, acusaron a APA de actuar de forma “unilateral” y de perjudicar “nuevamente” a los pasajeros con esta medida de fuerza, mientras que los gremios continúan exigiendo la reincorporación del trabajador y afirman que continuarán con las asambleas hasta obtener una respuesta favorable. La tensión entre los gremios y el Gobierno sigue latente, y el conflicto mantiene en vilo la operación de uno de los aeropuertos más concurridos del país.

Gremiales

PAMI en crisis: médicos paran 72 horas y denuncian más recortes

La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Se garantizan urgencias.

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El Argentino Diario-Médicos-Residencias médicas-Hospital público-Salud Pública.

El sistema de salud de los jubilados entró en zona de conflicto abierto. Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución oficial que, según denuncian, recorta sus ingresos y deteriora las condiciones de atención. Mientras tanto, la cadena de pagos también cruje: farmacéuticos advierten por deudas millonarias que arrastran desde comienzos de año.

La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Aunque se garantizan las urgencias, el conflicto deja expuesta una tensión de fondo: la sostenibilidad del modelo prestacional en un contexto de ajuste.

Un recorte que impacta en el bolsillo y en el sistema

El eje del reclamo es la resolución RESOL-2026-1107 del PAMI, que modifica el nomenclador y unifica criterios de pago. En los hechos, los profesionales aseguran que implica una baja significativa en sus ingresos.

  • Pago propuesto: $2.100 por paciente por mes
  • Ingresos mensuales que caen de $2.100.000 a $1.400.000
  • Jornadas completas con alta carga administrativa

Desde APPAMIA sostienen que esos montos no alcanzan para cubrir costos básicos de funcionamiento, como alquiler de consultorio, personal administrativo o servicios. “Es inviable sostener la práctica médica en estas condiciones”, advierten.

Sobrecarga y precarización

El conflicto no se limita a los ingresos. Los médicos describen un esquema de trabajo cada vez más exigente, con consultas cada 20 minutos y un sistema de validación que, según denuncian, suele fallar.

Ese cuello de botella obliga a muchos profesionales a completar tareas fuera del horario laboral, incluso por la noche, para evitar descuentos. La combinación de menor ingreso y mayor carga de trabajo alimenta el malestar.

Riesgo de éxodo y deterioro de la atención

El dato que más preocupa es el posible impacto en los afiliados. Desde la organización gremial advierten que podría producirse un “éxodo masivo” de médicos, lo que afectaría el funcionamiento del primer nivel de atención, clave en el seguimiento de enfermedades crónicas y la coordinación de tratamientos.

El médico de cabecera es, en la práctica, la puerta de entrada al sistema: prescribe medicamentos, ordena estudios y gestiona derivaciones. Su debilitamiento repercute de manera directa en la calidad de atención.

Deudas y falta dde medicamentos

A la par del paro, farmacéuticos denuncian atrasos en los pagos que, según estimaciones del sector, podrían superar los $500.000 millones. La deuda complica la provisión de medicamentos y suma presión sobre un sistema que ya muestra signos de fragilidad.

En ese escenario, el conflicto en PAMI deja de ser sectorial para convertirse en un problema estructural. Lo que está en juego no es solo una discusión salarial, sino el funcionamiento de una de las principales redes de atención sanitaria del país. Y los perjudicados por el gobierno libertario son, una vez más, los jubilados.

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