DDHH
Kicillof inauguró espacio para la memoria en el ex centro clandestino de detención “La Cacha”
El gobernador destacó que “este espacio de memoria requirió un trabajo arqueológico muy importante, ya que gran parte de este ex centro clandestino de detención había sido demolido para esconder los crímenes que se llevaron a cabo en él”.
El gobernador Axel Kicillof encabezó este lunes el acto de inauguración de un nuevo espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos en el ex centro clandestino de detención (CCD) “La Cacha”, en la ciudad de La Plata. Fue junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; el intendente local, Julio Alak; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y la madre de Plaza de Mayo, Herenia Sanchez de Viamonte.


En ese marco, Kicillof destacó que “este espacio de memoria requirió un trabajo arqueológico muy importante, ya que gran parte de este ex centro clandestino de detención había sido demolido para esconder los crímenes que se llevaron a cabo en él”. “La idea de los genocidas fue asesinar y ocultar los restos: hubo un pacto de silencio para desaparecer también las pruebas y la historia”, agregó.
La obra incluyó pasarelas y techados y fue realizada con el objetivo de conservar los restos de las estructuras recuperadas mediante los trabajos de excavación arqueológica que llevó a cabo el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Asimismo, se contempló la preservación de las arboledas lindantes al predio, ya que forman parte del paisaje que fue reconocido por las y los sobrevivientes.


“En este momento tan difícil para nuestro país, esta inauguración tiene un valor aún mayor: demuestra que las obras son también para construir espacios de enseñanza y de historia”, expresó el Gobernador y subrayó: “Estamos acá para dar respuestas, mostrar resultados y cumplir con nuestro mandato popular: mientras a nivel nacional campea el negacionismo, en la provincia de Buenos Aires subsiste y florece la memoria”.
En ese sentido, Mena anunció: “Esta mañana firmé una resolución que instruye la incorporación en la currícula de manera obligatoria, para todo aspirante al Servicio Penitenciario Bonaerense, la visita y la capacitación en este espacio de memoria, porque no puede haber ningún integrante de la fuerza que no conozca los crímenes que se han cometido”.


La inauguración se llevó a cabo en cumplimiento de la Ley Provincial N°13.584, que establece la necesidad de preservar los sitios que funcionaron como CCD durante la última dictadura. “La Cacha” funcionó desde los últimos meses de 1976 hasta finales de 1978, dentro del predio del Complejo Penitenciario Lisandro Olmos. Allí estuvieron detenidas ilegalmente más de 250 personas.
“Estamos pasando momentos difíciles en nuestro país y, sin embargo, tenemos la fuerza de saber que todas y todos los argentinos debemos estar unidos: vamos a seguir luchando para que la verdad, la memoria y la justicia sean una realidad”, afirmó Estela de Carlotto.
Por su parte, Alak explicó: “Esta inauguración no es un hecho aislado, sino resultado de una política de promoción y capacitación sobre la importancia de estos sitios históricos que ya forman parte de la reparación y la memoria de nuestra ciudad”.
Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses; la directora de Sitios y Espacios de Memoria en Subsecretaría de Derechos Humanos, Lorena Battistiol; los dirigentes y referentes de los derechos humanos Remo Carlotto, Miguel Carlotto y Horacio Pietragalla; el ex juez Carlos Rozanski, sobrevivientes y familiares de personas que estuvieron detenidas en La Cacha.
DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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