La crisis financiera que atraviesan los jubilados argentinos alcanzó en mayo de 2026 una dimensión que ya no admite eufemismos: la morosidad entre los adultos mayores se triplicó en apenas doce meses y afecta a más de 450.000 personas en todo el país. El dato surge de un informe de Provincia Microcréditos, el brazo de microfinanzas del Banco Provincia, elaborado en base al registro del Centro de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según ese relevamiento, en mayo de 2026 el 11,4% de los adultos mayores presentaba deudas en situación irregular, lo que comprende tanto préstamos atrasados como deudas directamente impagas. En el mismo mes del año anterior, ese porcentaje era del 4,1%. El salto es brutal: en doce meses, la proporción de jubilados en mora casi se multiplicó por tres.

El endeudamiento avanza sobre toda la economía, pero golpea más a los mayores

El informe de Provincia Microcréditos ubica el fenómeno en un contexto de endeudamiento creciente en todos los segmentos de la población. En el conjunto del sistema financiero nacional, la irregularidad total llegó al 12,8% en mayo. Pero en el distrito bonaerense la situación es todavía más grave: la tasa de morosidad allí ascendió al 18,6%, lo que convierte a la provincia de Buenos Aires en uno de los epicentros del problema.

En cuanto al universo de adultos mayores específicamente, el trabajo del Banco Provincia precisa que el 44,6% de los jubilados tiene algún tipo de deuda vigente, ya sea un crédito personal, una tarjeta, un préstamo o una deuda pendiente de cancelación. Esa cifra se aceleró de manera pronunciada en la segunda mitad de 2025 y hoy supera los niveles registrados en cualquier período previo de los últimos años.

«La combinación de mayores niveles de deuda con una creciente incapacidad para afrontar los pagos configura un escenario de fragilidad financiera cada vez más pronunciado para los adultos mayores», sostiene el documento, que describe una situación que no tiene precedentes en la serie histórica reciente de este segmento de la población.

Un haber que se derrite: pérdida del 19% desde noviembre de 2023

La causa de fondo del desplome financiero de los jubilados es la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los haberes. Sumando el bono compensatorio al haber mensual, la jubilación mínima acumula una caída real del 19% respecto de noviembre de 2023, medida según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si la comparación se extiende a 2018, la pérdida acumulada llega al 30%.

A ese deterioro estructural se suma una decisión de política concreta: el bono extraordinario de $70.000 que perciben los jubilados de menores ingresos permanece congelado desde diciembre de 2024, sin ninguna actualización, mientras la inflación acumulada en ese período continuó erosionando su valor real. El Gobierno oficializó a fines de julio un nuevo aumento para los haberes, pero mantuvo ese bono en el mismo valor nominal con el que cerró el año pasado.

En ese marco, lo que los jubilados cobran no alcanza para cubrir los gastos esenciales, y la diferencia se financia con deuda. El endeudamiento deja de ser una opción y pasa a ser una estrategia de supervivencia. El incremento en la morosidad es la contracara inevitable de ese proceso: quienes tomaron crédito para llegar a fin de mes no logran luego devolver lo prestado.

El ajuste libertario y la precarización del sistema previsional

El escenario que describe el informe de Provincia Microcréditos no es independiente de las decisiones de política económica implementadas desde diciembre de 2023. La gestión de Javier Milei aplicó un ajuste fiscal de proporciones históricas que impactó de lleno sobre el sistema previsional: el gasto en seguridad social cayó en términos reales de manera significativa, mientras que los servicios públicos, el transporte y los alimentos acumularon aumentos que, en varios casos, superaron ampliamente la variación de los haberes.

En ese escenario, los adultos mayores, que destinan una proporción mayor de su ingreso a gastos fijos como medicamentos, servicios y alimentos, resultaron especialmente afectados por la estructura del ajuste. La pérdida de poder adquisitivo no fue uniforme: fue más intensa para quienes menos tienen, y el sistema previsional, que debería actuar como red de contención, operó en sentido contrario, profundizando la vulnerabilidad de los sectores más frágiles.

El informe del Banco Provincia no hace análisis político, pero los datos que releva configuran por sí solos un diagnóstico elocuente: cuando el 11,4% de los adultos mayores no puede pagar sus deudas, cuando más de 450.000 jubilados están en situación irregular y cuando casi la mitad del universo previsional tiene deudas pendientes, el sistema no está funcionando como red de protección, sino como trampolín hacia la exclusión financiera.