Por Lic. Gonzalo Gomez, Psicopedagogo

Convocado como Licenciado en Psicopedagogía y docente, considero imprescindible detenernos en el reciente fallo que dictaminó en favor de la familia de Rodrigo Rey al ordenar que la institución escolar garantice la continuidad de sus hijos, entre ellos un niño con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), y en declarar que la educación inclusiva es una «obligación jurídica y ética»

Este hito no debe entenderse solo como un triunfo particular sino como un llamado de atención al conjunto del sistema educativo. Este caso nos enseña, lo que aún está pendiente y lo que podemos (y debemos) hacer.

¿Qué implicaciones tiene el fallo?

El tribunal determinó que la negativa de renovación de matrícula, en este caso, confirmaba una forma de discriminación indirecta: la institución no logró justificar su decisión de excluir o no renovar la matrícula de un alumno con TEA y su hermana, lo cual generó un impacto desproporcionado en razón de la discapacidad.

Asimismo la resolución ordena garantizar la escolaridad hasta la finalización de los ciclos educativos tanto para los hermanos como para el niño con TEA, y exige a la institución que realice los ajustes razonables y capacite a todo su personal en inclusión, neurodiversidad y derechos humanos. 

Desde una mirada psicopedagógica esto representa varios avances:

• Confirma que las instituciones privadas no están exentas de obligaciones de derechos humanos y que sus reglamentos internos no pueden prevalecer sobre las leyes que garantizan la igualdad y la no discriminación.

• Señala que la inclusión es algo más que “tener al alumno en clase”: implica adaptaciones, formación, acompañamiento y estructuras que permitan su pleno desarrollo.

• Fija un precedente que, si bien no es vinculante en todos los casos, podrá servir de referencia para otras familias que enfrentan situaciones similares. 

Sin embargo, como profesional, debo señalar que el fallo plantea también retos muy importantes para la práctica educativa.

Responsabilidades y urgencias

a) Formación del equipo educativo

No basta con declarar “inclusión”: la escuela debe contar con equipos docentes, directivos, auxiliares, orientadores y de apoyo que estén efectivamente preparados para responder a la diversidad. Que sepan cómo diseñar adaptaciones, comprender la neurodiversidad, prevenir el acoso escolar y gestionar la convivencia en entornos diversos. El fallo lo estipula, y la práctica cotidiana exige que se formen. 

b) Acompañamiento a las familias

Quiero manifestar mi preocupación personal por la necesidad de acompañar a las familias de niños y niñas con TEA u otras discapacidades. Es común que estas familias se sientan solas o desbordadas ante los procesos de reclamo, adaptación, cambio de institución o defensa de derechos. Deben tener espacios de contención, asesoramiento psicopedagógico, redes de apoyo.

Además, propongo, y mi práctica lo confirma, que se implementen talleres de inclusión para todas las familias de la escuela, no solo las que tienen alumnos con discapacidad visible. Estos talleres pueden tratar: sensibilización en diversidad, estrategias de acompañamiento entre pares, prevención del acoso/discriminación, gestión de la transición escolar, identificación de necesidades de aprendizaje. Este tipo de acciones fortalecen la cultura escolar y hacen que la inclusión deje de ser “una excepción” para convertirse en un proceso normalizado.

c) Revisión de los reglamentos institucionales

Como docente, he visto cuántas veces los reglamentos de admisión, permanencia, promoción o conducta de una institución privada (o pública) operan como barreras implícitas para la inclusión. El fallo nos recuerda que tales normas no pueden contravenir los marcos legales superiores. Las familias tienen derecho a exigir que la educación elegida para sus hijos cumpla con estándares de derechos humanos, igualdad y no discriminación. Como profesional, me comprometo a fomentar que esos reglamentos sean analizados desde una perspectiva de derechos y adaptados cuando lo requieran.

d) Inclusión real más allá del aula

La inclusión no termina cuando “el alumno entra al aula”. Debe abarcar a la institución en su conjunto: recreos, actividades extracurriculares, convivencias, comunicación con las familias, diseños curriculares, evaluación, apoyos, participación. Esto es especialmente clave en niños con TEA o necesidades educativas especiales, cuyo bienestar y desarrollo se benefician enormemente de entornos predecibles, seguros y adaptados.

Limitaciones y en quiénes impacta este fallo

Un matiz importante que deseo enfatizar: si bien el fallo favorece claramente a los hijos de la familia Rey y abre caminos, probablemente beneficie con mayor facilidad a los niños que recién ingresen al sistema educativo o a nuevas instituciones, más que a aquellos ya matriculados que ya han vivido múltiples filtros institucionales.

Me explico: los alumnos que ya están en un colegio y han superado procesos de admisión, adaptación, transición, pueden haber experimentado una serie de barreras previas (evaluaciones, admisiones, expectativas, exclusiones) que el fallo no necesariamente reforma de inmediato. En cambio, para un nuevo ingreso, la institución tendrá mayor claridad jurídica de que no puede negar matrícula o finalización de ciclo por motivos vinculados a discapacidad, lo cual constituye una ventaja preventiva.

Desde mi rol docente y psicopedagógico, esto nos plantea también un deber de revisión institucional: asegurar que no sólo los nuevos ingresantes tengan derechos garantizados, sino que los que ya cursan no sufran exclusiones, segregaciones o que sus necesidades queden invisibilizadas por la cultura escolar o políticas implícitas.

Un llamado a la acción

Este fallo es una ventana de esperanza, una señal clara de que el derecho a la educación inclusiva no es un ideal diluido sino una norma que debe cumplirse. Como profesional de la educación y de la psicopedagogía, afirmo con convicción que la escuela debe transformarse para acoger la diversidad, no que los niños deban adaptarse a una escuela que no está preparada.

Insto a todos los actores, dirigentes educativos, directivos, docentes, familias, comunidad, a aprovechar este momento: a capacitar, a reflexionar, a revisar, a acompañar, a normalizar la inclusión. La igualdad de oportunidades educativas depende de ello. Y cada niño o niña que quede excluido, cada matrícula que se niegue sin justificación, es un signo de que todavía el sistema está en deuda.

La educación no es un negocio limitado a quienes cumplen ciertos estándares de “normalidad”. Es un derecho humano fundamental que debe garantizarse sin importar la condición, diagnóstico o necesidad especial. Me comprometo a ser parte activa de ese cambio. Y convoco a que todos los que formamos parte de la comunidad educativa estemos a la altura de ese desafío.