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Educación

Con la vuelta a clases se renueva el debate por el lenguaje inclusivo

Una diputada nacional presentó un proyecto para que se garantice el derecho a la utilización de esta forma de expresarse en todos los ámbitos pero sobre todo en las escuelas.

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Por Alicia Alvado.

Con el reinicio del ciclo lectivo, se reeditan por estas horas en los colegios las discusiones por el uso del lenguaje inclusivo tanto hacia adentro como hacia afuera de la comunidad educativa: ¿el cartel debe decir «bienvenides» o «bienvenidos»? ¿Los estudiantes de último año pueden tener escrito «egresades» o solamente «egresados» en las espaldas de sus camperas de friza?

«La escuela debe acompañar a una sociedad que trabaja para incluir».

DOcente l.g.

Dado que las mayores tensiones se producen con los docentes y estudiantes que se animan a usar el lenguaje inclusivo de género a riesgo de ser cuestionados y acusados tanto por padres como por autoridades educativas, una diputada nacional presentó un proyecto para que se garantice el derecho a la utilización de esta forma de expresarse en todos los ámbitos pero sobre todo en las escuelas. La editorial Chirimbote acaba de iniciar una campaña en redes con ese mismo objetivo.

Según la Unesco, el lenguaje inclusivo de género es aquel que «no discrimina a un sexo, género social o identidad de género en particular». Una de las formas en que esto se consigue es duplicar las formas lexicales para referirse a personas humanas en masculino y femenino –»chicas y chicos», por ejemplo- o a través de formas nominales no binarias –niñes, niñxs o niñ@s», por ejemplo-.

«En 2019 concluí una clase diciendo que el cuidado del medioambiente es algo que nos tiene que involucrar a todas, todos y todes. Mi jefa no quiso escuchar mis razones y me dijo que mientras no esté en la RAE no se puede usar. Le respondí que no todas las palabras que usamos están en ahí, a lo que contestó que de todos modos no se puede porque el lenguaje inclusivo es ‘ideológico'», contó V.G., una docente tucumana de nivel secundario.

En el caso de L.G., una docente de una escuela secundaria pública del barrio porteño de Belgrano, le observaron un acta de exámenes por sobreescribir el formulario para que diga «alumnes» donde venía impreso «alumnos».

«La vice me mandó llamar para decirme que había pasado algo grave con las actas, que alguien las había intervenido, a lo que respondí que había sido yo, que usé lenguaje inclusivo, lo que estoy habituada a hacer en el nivel de adultos sin ningún problema», agregó.

Además, L.G. se defendió diciendo que el acta no había sido alterada sino el formulario, que no había una normativa que prohibiera el uso del lenguaje inclusivo y que justo esa semana el presidente Alberto Fernández había entregado los primeros DNI no binarios. «La escuela debe acompañar a una sociedad que trabaja para incluir», completó.

No la sancionaron ni la volvieron a convocar por el tema, pero a L.G. le quedó la duda si el acta no fue rehecha sin su conocimiento y, ahí sí, de manera irregular. «Hace unos años que empecé a usar lenguaje inclusivo, como me sale, porque estamos aprendiendo: puedo decir ‘chicas y chicos’ o ‘chiques’ o ‘chiquis’. Lo que sí trato es no usar un lenguaje que no incluya a todos», contó Diego, un docente primaria.

«Pero cuando me tocó hacer una suplencia en un colegio de Palermo, la directora en una reunión nos dijo que no quería que usáramos el lenguaje inclusivo porque ‘acá hablamos con la Real Academia'», agregó.

Como luego vino la pandemia y las clases se transformaron en virtuales, Diego pudo incumplir esa orden sin mayores consecuencias. «Pero no sé cómo hubiera seguido la cosa» de haberse mantenido la presencialidad, añadió. En general, los docentes entrevistados y entrevistadas han recibido mucho menos cuestionamientos de los propios estudiantes y casi nada de las familias.

En atención a toda esta situación, la editorial infantil «Chirimbote» acaba de lanzar la campaña «Lenguaje inclusivo en el aula: una cuestión de derechos» con una serie de flyers y un texto alusivo. Plantea que, si bien «su uso NO es una obligación», la posibilidad de optar voluntariamente por esta forma de expresarse «es un derecho que protege a las infancias y adolescencias», porque es una garantía de «respeto y libre expresión»

«Ya no podemos decirles «bienvenidOs», como hacíamos antes, en primer lugar porque el masculino genérico excluye a las niñas, que muchas veces se lo hacen saber a sus docentes. Y hay quienes se animaron a desdoblar el género en «bienvenidas y bienvenidos». Es un primer gran paso, fundamental, para cuestionar el machismo en el habla», dijeron.

«Pero no todes les estudiantes se sienten parte: incluso hay un DNI «no binario» que ya es un derecho. Por eso es muy importante tomar en cuenta el sentir de las infancias y adolescencias. Preguntar «¿cómo te gustaría que te nombren?» Es simple, cálido y pone el protagonismo en les estudiantes», continuaron.

Y si bien leyes nacionales como las de Identidad de Género y ESI sirven de sustento para el uso del lenguaje inclusivo, «hay diferentes grados de tolerancia según la zona y cada provincia» y las resistencias son particularmente fuertes en las escuelas privadas.

«Si sos docente y usás el lenguaje inclusivo, nadie te puede impedir usarlo porque te amparan las leyes mencionadas. Si igual hay problemas en tu escuela… ¡tejamos redes para sostener derechos!¡Que el aula sea siempre, pero siempre, un lugar en el que quepan todes!», concluyeron.

Por su parte, la diputada Mónica Macha presentó el año pasado un proyecto de ley cuyo objetivo es «garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el empleo de la pluralidad de usos lingüísticos que abarca el lenguaje inclusivo de género en todos los ámbitos», pero particularmente en los «documentos oficiales» y en «los establecimientos educativos en todos sus niveles y modalidades, sean de gestión pública o privada».

«Como la agenda nuestra mucho tiene que ver con el feminismo y el transfeminismo, y el lenguaje inclusivo es parte de esas transformaciones, nos empezó a llegar información sobre estudiantes que presentaban trabajos en lenguaje inclusivo y les decían directamente que tenían que rehacerlo. Otros recibían pautas de elaboración que aclaraban que no estaba permitido el uso del lenguaje inclusivo», contó Macha.

A partir de tomar conocimiento de estas situaciones empezó el camino de «pensar cómo podíamos acompañar a quienes tomen la decisión de usar el lenguaje inclusivo». «El proyecto ni prohíbe el masculino genérico ni obliga a usar el lenguaje inclusivo, sino que simplemente busca garantizar que las personas que quieran usarlo lo puedan hacer, que nadie lo pueda prohibir», dijo.

En la actualidad una veintena de instituciones académicas han aprobado el uso del lenguaje inclusivo, entre ellas las Facultades de Sociales, Filosofía y Exactas, de la UBA; la Unsam; la UNR; la UNGS; la UNC; la UNA; el Instituto Joaquín V. González y el Colegio Mariano Acosta.

«Al proyecto todavía no lo pudimos tratar, pero tiene que pasar por una única comisión, que es la de Legislación General y la perspectiva es que este año lo podamos debatir», dijo. ¿Será éste el año lectivo del desembarco definitivo del lenguaje inclusivo en las escuelas?

DDHH

A 50 años de La Noche de los Lápices: el boleto estudiantil y la Justicia que tardó décadas

Los reclamos que movilizaron a los estudiantes secundarios en 1976 siguen teniendo una dimensión concreta en el presente: acceder a la educación también implica poder llegar a la escuela. Mientras persisten las dificultades para garantizar el boleto estudiantil, la Justicia continúa reconstruyendo los crímenes de la dictadura y recién en 2024 reconoció la violencia sexual sufrida por las adolescentes secuestradas.

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El 16 de septiembre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, las fuerzas represivas secuestraron en La Plata a diez estudiantes secundarios que militaban por el Boleto Estudiantil Secundario (BES). Cuatro fueron liberados y el resto continúa desaparecido. El episodio quedó en la memoria colectiva como La Noche de los Lápices.

A 50 años de aquellos secuestros, el reclamo por el acceso a la educación conserva una dimensión concreta: el costo y las condiciones para llegar a una escuela. En un contexto de crisis económica y aumento de las tarifas del transporte, los centros de estudiantes advierten sobre las dificultades que existen actualmente para acceder y sostener el boleto estudiantil.

Al mismo tiempo, los juicios por los crímenes de lesa humanidad siguen reconstruyendo aspectos de la violencia ejercida contra aquellos jóvenes. En 2024, casi cinco décadas después de los secuestros, un tribunal de La Plata reconoció judicialmente la violencia sexual utilizada contra las estudiantes.

El boleto estudiantil, una conquista que todavía genera reclamos

La gratuidad del transporte para estudiantes tiene distintas modalidades según la jurisdicción. Sin embargo, los centros de estudiantes señalan que las diferencias entre CABA y la Provincia de Buenos Aires, sumadas a la burocracia y a las restricciones del beneficio, pueden convertirse en obstáculos para quienes necesitan trasladarse diariamente para estudiar.

Uno de los problemas señalados aparece en los estudiantes que viven en el conurbano bonaerense y cursan en la Ciudad. Las líneas nacionales, identificadas entre los números 1 y 199, atraviesan distintas jurisdicciones, pero los sistemas de boleto estudiantil no siempre están articulados.

«Nos ha pasado en varias ocasiones que como preuniversitarios nos inhabilitaron la SUBE y tuvimos que ir a activarla sacando turno. Tengo amigas que viven en PBA y cursan en Capital y no se les concede el boleto estudiantil», explicó «Malu», integrante del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires (Cenba).

La dificultad no se limita a un trámite. Cuando el beneficio no alcanza para todo el recorrido, el costo del traslado queda nuevamente a cargo de las familias.

Más de $4.500 diarios para llegar a estudiar

De acuerdo con los valores relevados, el cuadro tarifario bonaerense parte de $1.158,97 para el tramo de 0 a 3 kilómetros y supera los $2.053,54 para recorridos de más de 27 kilómetros.

A esos valores se agregan tramos interurbanos de entre $1.455,58 y $1.746,70, además de combinaciones que pueden quedar fuera de los descuentos.

Según la fuente, un estudiante que viaja desde la Provincia hacia la Capital puede gastar más de $4.500 diarios solamente en transporte.

En ese escenario, la posibilidad de acceder a un boleto gratuito no representa solamente una reducción del gasto familiar, sino una condición que puede incidir en la posibilidad concreta de asistir a clases.

El límite de 50 viajes y los estudiantes que necesitan viajar los sábados

Los centros de estudiantes también cuestionan el límite de 50 viajes mensuales, habilitados para días hábiles.

La cantidad puede resultar insuficiente para quienes deben combinar dos o tres colectivos para llegar a la escuela. También genera dificultades para estudiantes que concurren los sábados a instancias educativas o de evaluación.

Entre los casos de cursada en fin de semana, aparece la Escuela Superior Artística en Artes Visuales «Rogelio Yrurtia», cuyos estudiantes pueden asistir los sábados a los Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE).

De esta manera, una restricción pensada sobre la base de una determinada rutina escolar puede no contemplar las distintas modalidades de cursada que existen dentro del sistema educativo.

Cinco faltas injustificadas y la suspensión del beneficio

Otra de las cuestiones señaladas por los estudiantes es la vinculación entre la asistencia escolar y la continuidad del boleto estudiantil en la Ciudad.

Las modificaciones implementadas por el Gobierno porteño establecen un límite de cinco faltas injustificadas por bimestre. Al perderse la regularidad, se suspende el beneficio del transporte y también pueden pausarse determinadas becas.

«El GCBA modifica el acceso y nos limita a 5 faltas injustificadas por bimestre. Al perder la regularidad, pausan el boleto estudiantil y cualquier beca familiar. Esto dificulta el acceso a la educación a familias de clase baja», sostuvo Eli Cochero, vocero del Centro de Estudiantes del Yrurtia (CEBARY).

Quiénes acceden al boleto estudiantil

En CABA, el beneficio alcanza a estudiantes de Nivel Inicial, Primario y Secundario de escuelas estatales y de instituciones privadas subvencionadas al 100%, con cuota cero. También comprende a estudiantes de Educación Especial, Centros de Educación Profesional y personas adultas que completan su escolaridad.

En la Provincia de Buenos Aires, el boleto estudiantil alcanza a los niveles obligatorios de instituciones de gestión pública y privada con aporte estatal. También se extiende al Nivel Terciario y Universitario de instituciones públicas que cumplen con los requisitos de regularidad académica y distancia mínima.

Las condiciones, por lo tanto, no son idénticas en ambas jurisdicciones. Para quienes viven en una y estudian en la otra, esa diferencia puede traducirse en mayores dificultades para sostener el traslado cotidiano.

La otra deuda: reconocer toda la violencia sufrida

La historia de La Noche de los Lápices también continúa abierta en los tribunales.

Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de las 361 sentencias por crímenes de lesa humanidad dictadas desde 2006 hasta marzo de 2026, solo el 17% reconoció violencia sexual.

En el caso de las estudiantes secuestradas en La Plata, el reconocimiento llegó en 2024, después de tres años y cinco meses de audiencias en el juicio Brigadas.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata declaró culpables a los diez represores que llegaron a juicio por delitos cometidos contra 605 personas, entre ellos por «abuso sexual con acceso carnal».

La sentencia permitió incorporar judicialmente una dimensión de la violencia represiva que durante décadas permaneció fuera de las condenas.

Los testimonios que permitieron reconstruir los abusos

Uno de los testimonios centrales fue el de Pablo Díaz, sobreviviente de La Noche de los Lápices.

Durante el Juicio a las Juntas de 1985, Díaz declaró que había visto cómo guardias manoseaban a María Clara Ciocchini, de 18 años, en el Pozo de Banfield. También relató que María Claudia Falcone, de 16 años, le había contado que había sido violada.

Ambas permanecen desaparecidas. Décadas después, los hechos fueron reconocidos en el juicio Brigadas.

Por qué la violencia sexual tardó décadas en llegar a las condenas

La fiscal Ana Oberlin explicó que uno de los obstáculos estuvo relacionado con la etapa de instrucción de las causas.

Cuando la violencia sexual no era incorporada durante la investigación inicial, su inclusión en el juicio oral podía resultar difícil. En La Plata, explicó Oberlin, comenzó a admitirse una ampliación durante el debate cuando la víctima ya llegaba al juicio por otros delitos, como tormentos u homicidios.

«Antes, esos delitos, como no habían sido imputados en la etapa de la instrucción, cuando se llegaba al juicio oral no se los podía incluir. Pero en La Plata, ya desde hace un tiempo, cuando el caso de la persona violada o abusada llegó a juicio oral por tormentos, homicidios u otros delitos se hace una ampliación en el debate oral, se acepta y logramos que se condene», explicó la fiscal.

El fallo Martel y la perspectiva de género

Otro antecedente señalado por la fiscal fue el fallo «Martel, Osvaldo Benito y otros», de 2022, de la Corte Suprema.

La discusión judicial durante años estuvo relacionada con la posibilidad de responsabilizar penalmente no solo a quienes ejecutaban directamente la violencia sexual, sino también a quienes realizaban otros aportes a la comisión del delito.

La Corte estableció que no era necesaria la intervención directa para considerar la participación en esos hechos.

Además, los jueces sostuvieron que el Estado argentino tiene el deber de investigar y sancionar las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y señalaron la necesidad de juzgar estos hechos con perspectiva de género, en línea con los compromisos asumidos por la Argentina en la Convención de Belém do Pará.

A 50 años, una lucha que sigue presente

La Noche de los Lápices quedó asociada para siempre a una generación de estudiantes que reclamaba algo tan concreto como poder trasladarse hasta la escuela sin que el costo del boleto fuera una barrera.

Medio siglo después, ese derecho continúa atravesado por las condiciones económicas, las diferencias entre jurisdicciones, los límites de viajes y los requisitos de regularidad.

En paralelo, la Justicia todavía avanza sobre aspectos de aquellos crímenes que durante décadas no fueron reconocidos en las sentencias. La incorporación de la violencia sexual a las condenas permitió ampliar la reconstrucción de lo ocurrido con las estudiantes secuestradas.

El reclamo por el boleto estudiantil y la búsqueda de verdad y justicia forman parte, desde distintas dimensiones, de una misma memoria: la de una generación de jóvenes que convirtió el derecho a estudiar en una bandera y que fue perseguida por hacerlo.

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