CABA
Familias de escuelas porteñas harán abrazo simbólico en rechazo a implementación de jornada completa
«No estamos de acuerdo en extender la jornada simple a la completa porque la escuela no tiene la infraestructura necesaria, como un comedor y suficientes baños, y las aulas van a estar superpobladas», dijo la madre de un niño de sexto grado de la escuela 12 Gran Mariscal del Perú Ramón Castilla, en el distrito 9, donde se realizará el abrazo a las 12.30 y del que participarán otros establecimientos.
Familias de 22 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires rechazarán mañana con un abrazo simbólico a un establecimiento del barrio de Colegiales la decisión del Gobierno porteño de extender a jornada completa el horario escolar por considerarla «incompatible» con sus rutinas y por «la poca información sobre esos cambios», que son parte de una resolución nacional que convoca a extender las horas de clase en el nivel primario a la que ya adhirieron 20 provincias.
«No estamos de acuerdo en extender la jornada simple a la completa porque la escuela no tiene la infraestructura necesaria, como un comedor y suficientes baños, y las aulas van a estar superpobladas», dijo la madre de un niño de sexto grado de la escuela 12 Gran Mariscal del Perú Ramón Castilla, en el distrito 9, donde se realizará el abrazo a las 12.30 y del que participarán otros establecimientos.
Además, expuso que la medida «expulsaría a niños y niñas con alguna discapacidad porque muchos no pueden sostener más cantidad de horas y dejarán de ser inclusivas las escuelas».
A la escuela Ramón Castilla, ubicada en Colegiales, asisten 500 alumnos, de los cuales un 20% tienen alguna discapacidad y acompañantes terapéuticos.
La mujer explicó que cerca de 22 escuelas porteñas se organizaron en un grupo de WhatsApp para «resistir la reconversión de las escuelas de jornada simple a completa», una decisión que, según indicó, fue informada de manera oral por el Gobierno local hace unos días para su implementación en septiembre y octubre.
La decisión oficial para esa escuela se revirtió «hasta por lo menos el año próximo» debido a la movilización de varias familias que la rechazaron, refirió.
Agregó que su hijo «no se banca estar 8 horas en una escuela y me obligan a cambiarlo a una privada a un año de que termine la primaria o a alguna que quede jornada simple, que estará superpoblada porque muchos con diferentes problemáticas van a estar acumulados ahí», explicó y agregó que el resto de las escuelas aún no recibieron la notificación de que se diera marcha atrás la medida.
Por su parte, Laura Echeverría, madre de un alumno de quinto grado de la escuela primaria 14 Capitán Enrique Guillermo Parker, en el distrito 12, de jornada simple, compartió su situación.
«Yo decidí cambiarlo en septiembre a otra escuela de jornada simple y elegir en cuál, porque hace diez días nos mandaron una encuesta del Gobierno de la Ciudad donde se nos preguntaba si estábamos de acuerdo con la medida, que se implementará a partir del 1 de septiembre y luego se nos informó, que en caso de negativa los estudiantes serían reubicados en otra escuela», contó Echeverría.
Y agregó: «Algunas escuelas van a pasar este año y otras lo harán el próximo, pero los docentes tienen mucha incertidumbre sobre si mantendrán sus cargos y no nos indicaron cómo resolverían el comedor», añadió.
Por otro lado, contó que su hijo de 11 años tiene actividades formativas fuera del horario escolar como idioma y música, que debería dejar.
«Hay mucho peregrinaje de familias buscando escuelas de jornada simple, que van a estar superpobladas», dijo.
En tanto, fuentes del Ministerio de Educación porteño dijeron que «se está trabajando en el pase a jornada completa de una parte del 40% de establecimientos de nivel primario que son de 4 horas» y explicaron que el otro 60% ya tiene jornada extendida.
Asimismo, señalaron que propusieron al Gobierno nacional transformar a jornada completa las escuelas que hoy son de modalidad simple pero plantearon que «la idea es ofrecer talleres optativos a contra turno este año e implementar la medida para el año próximo».
En la 119° asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), celebrada en junio de este año, se aprobó la Resolución CFE N° 426/22 «Implementación de la jornada completa o extendida en las escuelas primarias», que estableció los lineamientos de los acuerdos que firmarán las provincias con el Ministerio nacional.
En el artículo primero, se especifica que la Nación, Provincias y Ciudad de Buenos Aires se comprometen a «implementar todas las acciones necesarias para avanzar hacia la universalización de la jornada completa o extendida en las escuelas primarias, o bien a adoptar la modalidad de extensión horaria que las lleve a un mínimo de veinticinco horas semanales como estrategia escalonada hacia dicha universalización».
Veinte provincias del país firmaron convenios o están en proceso de hacerlo para extender a 25 horas semanales el horario escolar en el nivel primario, reconvertir las jornadas simples a completas o agregar más horas, según informaron fuentes de la cartera nacional.
Las provincias del Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Río Negro, Tucumán, Tierra del Fuego y Santiago del Estero ya firmaron convenios con el Gobierno nacional para extender una hora más de clase en todas las escuelas primarias estatales.
En tanto, Jujuy, Santa Cruz, Catamarca optaron por realizar la reconversión a jornada completa de un grupo de establecimientos y en otros aplicar la extensión horaria, y Salta y Santa Fe confirmaron que entre el 2022 y 2023 extenderán solo a algunos establecimientos las 25 horas semanales.
A su vez, aunque les queda pendiente la rúbrica de convenios confirmaron que extenderán su horario escolar Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, San Juan y San Luis.
A ese listado, se agregaría la Ciudad de Buenos Aires con jornada completa de un grupo de escuelas.
CABA
Récord de suicidios: estudiantes secundarios escriben la ley que el Estado no da
En 2025 se registraron 5.209 suicidios, la cifra más alta de la historia argentina. Más de 80 estudiantes de once escuelas porteñas debatieron su propio proyecto de ley de salud mental, mientras la diputada Natalia Zaracho denunció el desfinanciamiento de la prevención.
Catorce personas por día, una cada dos horas. Ese es el ritmo al que la Argentina pierde vidas por suicidio, y fueron los propios adolescentes los que decidieron no esperar más una respuesta: más de 80 estudiantes secundarios llenaron la Legislatura porteña para discutir un proyecto de ley de salud mental escrito desde las aulas.





La convocatoria fue impulsada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de la Ciudad de Buenos Aires y se realizó en espacios cedidos por las Madres de Plaza de Mayo y por la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
En paralelo, la diputada nacional Natalia Zaracho (Unión por la Patria) difundió en sus redes una serie de datos que ponen en cifras lo que los chicos describen en primera persona: la tasa de suicidios más alta de la historia del país.
La voz de las aulas
«En un contexto donde se encuentran tantos problemas pero pocas soluciones, hoy con la UES llenamos un salón con más de 80 estudiantes que se mueven en busca de sumar su granito de arena ante todo lo que nos está pasando», escribió la organización en su cuenta oficial. Y agregó: «Hoy se demostró la necesidad de una respuesta concreta sobre la crisis de salud mental».
Tomaron la palabra delegados y delegadas de 11 escuelas porteñas: el Juan B. Justo, el Larroque, el Mariano Acosta, el Cortázar, el Pellegrini, el René Favaloro, el Nacional Buenos Aires, el Lenguas Vivas, el Nacional 17, el Normal 1 y la Técnica 37. Fueron los propios estudiantes quienes pusieron el cuerpo y la palabra para explicar lo que viven en sus escuelas.

La UES agradeció a la diputada Berenice Iañez por «levantar» el proyecto, a Victoria Montenegro por acompañar la jornada, a Amanda Martín por estar presente y a los legisladores que recibieron a la delegación. También participaron Renata Vismara, de Docentes por el Aborto Legal, una integrante de Incidencia Feminista y el sindicato docente UTE-CTERA. La organización definió el encuentro como «un primer paso de nuestra ley» y cerró con una consigna: «queremos salud mental para todxs».
Los números que alarman
«Estamos frente a un récord de suicidios en Argentina», advirtió Zaracho al presentar su serie de placas. El dato central proviene del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación: en 2025 se registraron 5.209 suicidios, un 22,6% más que en 2024, cuando se habían contabilizado 4.249. Es el registro más alto de toda la serie histórica oficial.
La tasa nacional llegó a 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, frente a 3,6 homicidios dolosos por la misma cantidad de población. Según el análisis del Observatorio de Política Criminal sobre datos del SNIC, entre 2017 y 2025 los casos pasaron de 3.304 a 5.209, un salto del 57,7% en ocho años. Mientras la agenda oficial se obsesiona con la inseguridad, las muertes por suicidio ya superan a las producidas por homicidios y siniestros viales.
Zaracho remarcó que el suicidio es hoy la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos, un dato que coincide con el SNIC, que ubica al fenómeno como primera causa de muerte en el grupo de 15 a 34 años, por encima de los accidentes de tránsito. La legisladora señaló además que cuatro de cada cinco víctimas son varones jóvenes. Las diferencias territoriales también son marcadas: Entre Ríos encabezó el ranking provincial con 20,8 casos cada 100.000 habitantes.


A esas muertes se suman los intentos. El Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, publicado a fines de diciembre de 2025, contabilizó 11.799 intentos de suicidio hasta el 31 de octubre de ese año, más de 33 por día.
Un sistema que no da abasto
«Esto no es casualidad«, planteó Zaracho, y aportó otros dos indicadores: según la diputada, las consultas por salud mental aumentaron un 23% y las internaciones un 42% en el último tiempo. Frente a esa demanda creciente, la legisladora describió un panorama de faltante de profesionales, ausencia de turnos y programas de prevención y atención totalmente desfinanciados.
La advertencia no es aislada. La Asociación Argentina de Salud Mental calificó el escenario como una crisis máxima y alarmante que atraviesa todo el territorio nacional. El contraste es brutal: la demanda de atención crece al mismo ritmo que el Gobierno de Javier Milei recorta los recursos públicos destinados a sostenerla.
Las escuelas, sin respuestas
La movilización secundaria tiene antecedentes recientes. En mayo, coordinadoras estudiantiles porteñas realizaron un corte de calle en San Juan y Boedo con más de 200 estudiantes de distintos colegios, luego de la ola de amenazas de tiroteo que afectó a más de 60 escuelas y profesorados de la Ciudad. Desde la Legislatura porteña, bloques opositores cuestionaron que la ley de «bienestar escolar» aprobada en 2024 a instancias del gobierno de Jorge Macri no garantizara el nombramiento de especialistas para atender las problemáticas de salud mental en las aulas.
Cuando los adultos a cargo del Estado miran para otro lado, son los adolescentes los que salen a escribir la ley que necesitan. La pregunta que dejan planteada es tan simple como incómoda: cuántas vidas más hacen falta para que la salud mental deje de ser una partida prescindible del presupuesto.
Dónde pedir ayuda
Si vos o alguien que conocés necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita al 135 desde CABA y el Gran Buenos Aires, al (011) 5275-1135 desde todo el país (Centro de Asistencia al Suicida) o al 0800-999-0091, la línea del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, que atiende las 24 horas.
Lo que tenés que saber:
- En 2025 se registraron 5.209 suicidios en Argentina, un 22,6% más que en 2024, según el SNIC del Ministerio de Seguridad.
- La tasa de suicidios llegó a 11,8 cada 100.000 habitantes, más de tres veces la de homicidios dolosos.
- El suicidio es la principal causa de muerte en el grupo de 15 a 34 años.
- Más de 80 estudiantes de 11 escuelas porteñas, nucleados en la UES, debatieron un proyecto de ley de salud mental.
- La diputada Natalia Zaracho denunció falta de profesionales, de turnos y el desfinanciamiento de los programas de prevención.
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