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Los gremios docentes dicen que las aulas actuarán como «burbujas de hacinamiento»

Distintos sindicatos expresaron su negativa respecto a la presencialidad en las escuelas que propone el Gobierno porteño a partir del 17 de febrero y pidieron mayores certezas respecto a los protocolos que se seguirán.

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Distintos sindicatos expresaron su negativa respecto a la presencialidad en las escuelas que propone el Gobierno porteño a partir del 17 de febrero y pidieron mayores certezas respecto a los protocolos que se seguirán.

Adaro apuntó a la ministra de Educación porteña por proponer lo que consideró «burbujas de hacinamiento» en las aulas
Adaro apuntó a la ministra de Educación porteña por proponer lo que consideró «burbujas de hacinamiento» en las aulas

Gremios docentes expresaron este viernes interrogantes respecto al regreso a la presencialidad en las escuelas que propone el Gobierno porteño a partir del 17 de febrero, al señalar que las aulas funcionarán como «burbujas de hacinamiento» y pidieron mayores certezas respecto de los protocolos que deberán cumplirse.

El secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, lamentó que las autoridades porteñas estén planteando el regreso a clases a través de «burbujas de hacinamiento» en las aulas, y se quejó de que la posición de los docentes pidiendo certezas sobre las condiciones sanitarias se traduzca en «una gran campaña en su contra», instalando que no quieren el «regreso a clases».

«¿Cuál es el motivo para que las autoridades insistan en esto cuando hay un rebrote y no han puesto un solo peso para reacondicionar las aulas?», se preguntó Adaro en declaraciones a radio Continental.

En ese sentido, Adaro apuntó a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, por proponer lo que consideró «burbujas de hacinamiento» en las aulas.

«Yo las llamo así porque en un aula con 30 chicos, ¿Cuál es la posibilidad de mantener el distanciamiento?. Ninguna. Y cuando uno se los plantea, ellos dicen: que cada escuela lo resuelva», planteó el gremialista.

Adaro se preguntó «cuál es el motivo para que los gobiernos insistan en la presencialidad, sin haber destinado un solo peso al acondicionamiento de las aulas».

Incluso planteó que «desde el año pasado» discuten con las autoridades «cuáles con las condiciones imprescindibles para retomar la presencialidad en las aulas y no han hecho nada», solo llevar adelante, según dijo, «una campaña terrible» que los muestra como «no queriendo volver a clases».

El último jueves el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, afirmó que «están dadas las condiciones para volver a la presencialidad» en las aulas, con el cumplimiento estricto de todos los protocolos» elaborados por las autoridades sanitarias.

En tanto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el retorno a las clases presenciales a partir del 17 de febrero. Al respecto, Adaro dijo que «el anuncio del 17 habla de generalidades, porque no da protocolo concreto sobre el inicio de clases».

«Venimos planteando la falta de infraestructura, de docentes y auxiliares para sostener la higiene, también es un problema el traslado de alumnos a las escuelas, y no hemos tenido respuesta positiva o concreta», sostuvo.

Incluso, Adaro propuso en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, «poner a disposición toda la flota de micros escolares para evitar aumento de pasajeros en transporte público», pero lamentó que «tampoco» hubo una gestión al respecto.

«Así que de ninguna manera podemos suponer que si no hay una política en este sentido no habrá una profundización de la pandemia» sintetizó.

Consultado sobre si habrá medidas de fuerza respondió que «será una decisión que será debatida en asamblea por los docentes».

En tanto, Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), lamentó en declaraciones a AM 750 que “han decidido tomar el tema como el eje central de una disputa en un año electoral» en referencia a Juntos por el Cambio y el tema de la presencialidad.

Y agregó que «quieren trazar una línea entre civilización y barbarie donde la civilización son los que quieren que la escuela vuelva y los otros son la barbarie». «Es fácil, le pusieron una fecha al inicio de clases y cómo se resuelve la pandemia cada director (de escuela) verá”, deslizó.

“Es una absoluta irresponsabilidad”, calificó luego y remató con que a los que preguntan «qué pasa con las condiciones sanitarias lo tratan como un saboteador y un enemigo público”.

Yasky también diferenció el abordaje del tema en la Ciudad de Buenos Aires respecto de las provincias.

«En algunas se trabaja sobre la base de garantizar condiciones que hagan posible la presencialidad, sin negar la realidad y mirando día a día qué pasa con las cifras de contagios, viendo si logramos que la curva baje o la vacuna se aplique de manera masiva”, manifestó.

María José Gutiérrez, secretaria de Nivel Inicial UTE-Ctera, indicó que hay «muchísimas preguntas sobre el tema de los traslados, las vacunas, los testeos sobre los anuncios que hicieron ayer desde el Gobierno de la Ciudad».

En declaraciones radiales ejemplificó con que «en nuestro nivel estamos hablando de chicos de 45 días hasta 4 años».

«En ese primer segmento, de 45 días, ¿Cómo se los va a recibir si no es abrazándolos? ¿Cómo le vas a dar la mamadera?, y a los niños de 3 o 4 años, ¿Cómo vas a hacer para contenerlos si no los podes tocar?», preguntó.

«En nuestro nivel también tenemos un período de adaptación en el cual se indica a la familia entrar a la sala para que el niño no sienta el desapego. En ese caso, estamos duplicando la cantidad de gente en la sala, son cuestiones básicas de la actividad que no fueron tomadas en cuenta», ejemplificó Gutiérrez.

Consultada sobre cómo imagina el 17 de febrero, respondió: «Esperamos que todo se solucione, los maestros quieren empezar, sabemos la importancia de la presencialidad pero con las condiciones necesarias», dijo y citó la importancia de «vacunar a los docentes y tener las condiciones de salubridad necesarias».

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Con permisos y todo: la policía de Jorge Macri hostigó a un cafetero en pleno Once

Un vendedor de café identificado como Ariel fue interceptado por efectivos porteños en la esquina de Pueyrredón y Perón a pesar de contar con documentación habilitante. El episodio, registrado en video y difundido por la flamante Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), reaviva el debate sobre la criminalización del trabajo informal en la Ciudad gobernada por Jorge Macri.

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El modelo Macri en Once: operativos contra laburantes mientras la "Ley Beatriz" sigue cajoneada.

Criminalización del trabajo informal: la Policía de la Ciudad hostigó a un cafetero habilitado y con permisos en pleno Once

★ En el corazón del barrio de Balvanera, sobre la concurrida esquina de la avenida Pueyrredón y Perón, a metros de la Plaza Miserere, la Policía de la Ciudad interceptó el miércoles 3 de junio a Ariel, un cafetero ambulante que desarrollaba su jornada laboral habitual con todos los permisos en regla. El hecho fue registrado en video y difundido por la Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), organización que denunció el procedimiento como un nuevo episodio de «persecución sistemática» y «violencia institucional» contra los trabajadores de la vía pública.

Según el relato de la UVAO, dos efectivos de la fuerza porteña comenzaron a fotografiar a Ariel sin identificarse ni explicar el motivo. Minutos después, le exigieron detenerse y solicitaron refuerzos. Ante la exhibición de los permisos de trabajo correspondientes, la situación no se detuvo, sino que escaló, generando la indignación de transeúntes que presenciaron el procedimiento.

Una organización que nació de la resistencia

La UVAO se constituyó en abril de 2026, en respuesta directa a la intensificación de los operativos policiales en la zona comercial de Once, coordinados entre la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de Jorge Macri. La agrupación surgió bajo la consigna de «respeto y diálogo» y viene documentando y denunciando decomisos de mercadería, detenciones y lo que sus integrantes describen como un despliegue estatal desproporcionado.

«Patrulleros, motos y efectivos para arrestar a un laburante como si fuera un delincuente de alta peligrosidad. No somos delincuentes; pedimos una solución justa para quienes solo buscan el sustento diario», declararon desde la entidad en sus comunicaciones públicas.

El episodio del cafetero Ariel no es un caso aislado. En julio de 2025, efectivos de la Policía de la Ciudad y del área de Espacio Público vaciaron a la alcantarilla el café de otro vendedor ambulante apostado al pie de la estación Once del tren Sarmiento, sobre la calle Mitre, en la misma zona de Balvanera. El video de ese procedimiento se viralizó en redes sociales, y los peatones que pasaban gritaron: «A los laburantes le hacen eso, vergüenza les tiene que dar».

El patrón: más fuerza, menos derechos

El caso de Once se inscribe en un fenómeno más amplio que Tiempo Argentino documentó el 27 de mayo de 2026: una política sistemática del Gobierno porteño que despliega operativos de control masivo sobre trabajadores informales en barrios populares de toda la Ciudad. El megaoperativo «Tormenta Negra», ejecutado el 14 de mayo con más de 1.500 efectivos, drones y amplia cobertura mediática, se presentó como una acción contra el narcotráfico, pero organizaciones sociales y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron que el despliegue funcionó en la práctica como una avanzada sobre vecinos, comerciantes y trabajadores de la economía popular.

Silvana Olivera, integrante de la Mesa de Urbanización de la Villa 31, describió el operativo como «un desfile de ley y orden para la televisión», y alertó que en numerosos procedimientos la mercadería y las herramientas de trabajo son secuestradas sin actas ni documentación formal que permita luego recuperarlas.

Una «Ley Beatriz» que nunca llegó

El conflicto en Once tiene historia. Años atrás, una agrupación predecesora, los Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), vinculada a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), impulsó la llamada «Ley Beatriz», un proyecto para regularizar el trabajo en el espacio público. La denominación recuerda a una vendedora que murió atropellada durante un operativo policial. La iniciativa nunca prosperó en la Legislatura porteña, y la política de «tolerancia cero» hacia la venta no autorizada se consolidó como norma, incluso cuando, como en el caso de Ariel, el trabajador cuenta con los permisos que la propia ley exige.

El contrapunto institucional existe: la agrupación Buenos Vecinos BA, con presencia en foros de seguridad del barrio, respaldó los operativos argumentando que «el espacio público es de todos» y que la venta ambulante equivale a una «usurpación de la vía pública». Esa postura refleja la tensión real que atraviesa el barrio de Once, uno de los polos comerciales más activos y populares de Buenos Aires, entre el derecho al trabajo y las políticas de ordenamiento urbano.

Pero la pregunta que se repite en los barrios de la Ciudad sigue sin respuesta institucional: cuando el Estado llega primero con patrulleros y no con políticas de inclusión, regularización y trabajo, ¿qué modelo de Ciudad se está construyendo?

Puntos clave

  • Ariel, cafetero con permisos habilitantes, fue hostigado por la Policía de la Ciudad en la esquina de Pueyrredón y Perón, en Once, el 3 de junio de 2026.
  • La UVAO, organización de trabajadores informales creada en abril de 2026, difundió el video y denunció una «persecución sistemática» y «violencia institucional».
  • El episodio se suma a un patrón documentado: en julio de 2025, la policía le volcó el café a otro vendedor ambulante frente a la estación Once.
  • El CELS y organizaciones sociales denunciaron que el megaoperativo «Tormenta Negra» (14 de mayo de 2026) afectó a trabajadores informales de barrios populares en toda la Ciudad.
  • La «Ley Beatriz», que buscaba regularizar el trabajo ambulante en el espacio público, nunca fue aprobada por la Legislatura porteña.
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