CABA
Nuevo avance de las polémicas prácticas laborales en secundarios porteños
Esta semana 2.500 estudiantes de 21 escuelas de gestión estatal y de nueve de gestión privada comenzarán el curso de educación financiera.
Unos 2.500 estudiantes de quinto año de escuelas públicas y privadas iniciaron un curso sobre educación financiera, que servirá de antesala al plan obligatorio de prácticas laborales en empresas y organizaciones sociales lanzado por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, el cual recibió críticas de gremios del sector y de las fuerzas de la oposición porteña.
Precisaron que el contenido del curso está enfocado en el eje de la educación financiera “con temáticas propias y específicas del rubro, busca brindar distintas herramientas para planificar, proyectar o ahorrar dinero, para organizar sus finanzas personales y alcanzar un equilibrio entre gastos e ingresos”.
Y se completa con el restante foco sobre “habilidades para la empleabilidad”, que está “relacionado con el desarrollo de técnicas socioemocionales y digitales que contribuyan o refuercen la toma de decisiones y el armado de un proyecto de vida en consonancia con las demandas del mundo actual”.
El curso fue diseñado “por un equipo interdisciplinario de expertos en el tema”, con una duración total de 30 horas cátedra, de las cuales nueve se dictan en las escuelas dentro del horario escolar y las 21 restantes en el extraescolar en diferentes sedes.
El programa obligatorio abarcará en toral a 29.400 chicos de 442 establecimientos educativos de gestión pública y privada durante el 2022.
Soledad Acuña, la titular de la cartera educativa, sostuvo que desde 2017, con el programa Secundarias del Futuro, “estábamos convencidos de que los chicos y chicas debían tener un primer acercamiento al mundo laboral antes de terminar la escuela. Hoy, además sabemos que es fundamental para completar las trayectorias educativas de los estudiantes”.
Para la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), no obstante, “la planificación de este espacio se realizó en conjunto con empresas y no con sectores educativos, demostrando que el único interés es el de introducir aún más en los procesos educativos a los sectores empresarios con el objetivo de fragmentar la formación y orientarla a la empleabilidad de estas mismas empresas”.
“Sumamente grave es, además, el hecho de que se impartirá en horario escolar, pero a cargo de un equipo asignado por el ministerio, con miembros de empresas y fundaciones, sin personal docente”, resaltaron y manifestaron su rechazo a “cualquier reforma inconsulta que afecte la formación general de lxs estudiantes y rechazamos la incumbencia del sector empresarial en la determinación de los contenidos educativos”.
La legisladora del Frente de Izquierda-Partido Obrero y secretaria gremial de Ademys, Amanda Martín, señaló que «esta propuesta descalifica la educación» y consideró que «la relación entre teoría y práctica debe darse en el ámbito educativo, bajo dirección de docentes y estudiantes».
AMBA
Operativo Tormenta Negra en CABA: 1.500 policías, 11 allanamientos y 4 búnkeres narco
En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de **Javier Milei**, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera el narcotrafico en los barrios.
Blindados, helicópteros y cuatro búnkeres: el narcotráfico sigue en pie en los barrios que el Estado abandona
El megaoperativo antinarco desplegado este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires intervino simultáneamente en seis barrios vulnerables. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, monitoreó el procedimiento desde Villa Lugano en un contexto de creciente conflictividad social y precariedad estatal en los territorios.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó el denominado Operativo Tormenta Negra, un procedimiento antinarco de gran escala que movilizó a 1.500 efectivos y desplegó 11 allanamientos simultáneos en distintos barrios populares de la Capital Federal. La acción permitió identificar al menos cuatro búnkeres de venta de drogas en los barrios 31, 1.11.14, 20, Villa Zabaleta, Fraga y Villa 15.
Un Estado que llega armado
El operativo incluyó la participación de la Guardia de Infantería, vehículos blindados modelo Fénix y un helicóptero que sobrevoló las zonas intervenidas. Como parte de las acciones, se procedió a la remoción de automóviles abandonados en la vía pública que, según las fuerzas de seguridad, eran utilizados para el almacenamiento y comercialización de estupefacientes.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó el procedimiento desde Villa Lugano, en un año marcado por las tensiones con el gobierno nacional sobre el reparto de responsabilidades en el territorio metropolitano.
Estrategia sorpresa en barrios históricamente abandonados
La estrategia del operativo se basó en el factor sorpresa, con el objetivo de desarticular las bandas narco sin darles tiempo de reacción. El procedimiento se inscribió además en una jornada de intensa actividad anticriminal tanto en la Ciudad como en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en continuidad con el megaoperativo ejecutado el día anterior en Fuerte Apache, donde más de 500 efectivos intervinieron para desarticular dos bandas narco.
Lo que los comunicados oficiales presentan como «pacificación» y «recuperación del espacio público» no resuelve, sin embargo, las causas estructurales que alimentan el narcotráfico en los barrios populares: la desocupación, el hacinamiento, el desfinanciamiento de políticas sociales y la ausencia de infraestructura básica en comunidades que concentran las peores condiciones habitacionales de la ciudad.
En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de Javier Milei, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera la economía ilegal.
Barrios bajo la lupa, barrios sin soluciones de fondo
El Barrio 31, también conocido como Barrio Mugica, es emblemático de la contradicción entre la intervención policial puntual y la política de integración urbana inconclusa. Las promesas de urbanización avanzaron a distintas velocidades según la gestión de turno, pero el acceso a servicios básicos, la salud, la educación y el trabajo formal siguen siendo deudas pendientes para miles de familias que habitan esos territorios.
La pregunta que los operativos espectaculares no responden es siempre la misma: ¿qué Estado aguarda a los vecinos de estos barrios después de que se retiran los blindados?
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