Educación
“El relato del Gobierno se cae porque la misma propuesta de la ley incluía más auditorías”
Radiografía del conflicto universitario: entrevista a Ismael Campos, politólogo y docente de la UBA.
Por Andrea Reyes
En diálogo con El Argentino, Ismael Campos, politólogo y docente de la UBA en el CBC desmiente categóricamente el discurso del Gobierno sobre las auditorías y advierte el costo político que pagará Milei con el conflicto universitario.
El pasado 10 de octubre, la Cámara de Diputados ratificó el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión del Congreso de la Nación provocó de inmediato el rechazo de la comunidad universitaria, con más de 30 facultades tomadas en todo el país.
El movimiento estudiantil y docente universitario continúa su disputa y se prepara para una semana de conflicto con el gobierno libertario de Javier Milei: se espera un nuevo paro nacional para este jueves 17 de octubre y siguen tomadas las principales facultades del país, mientras se discute el Presupuesto para el 2025.
Para el Lic. Campos, la ratificación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario ha generado “mucha frustración, porque estamos nuevamente ante un Gobierno que no escucha el reclamo social, que no es sólo de estudiantes y docentes de la comunidad universitaria, sino en general. Entonces, es sentir la frustración de que hay un Gobierno que está muy firme con esto de llegar al déficit cero, con este slogan de que no hay plata para solventar ciertas cosas.
Además, la frustración tiene que ver con que dentro del área de la educación argentina, las instituciones superiores son lo que mejor funciona. Lamentablemente, el nivel primario y secundario en Argentina, tiene un déficit importante y es en las universidades donde se intenta profesionalizar aún la academia. Los rankings mundiales reconocen a las universidades argentinas.
También está la frustración de que el slogan principal que agarró el Gobierno para esta batalla contra las universidades, es el tema de las auditorías, y es lo que le llegó a muchos votantes que siguen apoyando esta gestión”.
-¿Qué es lo más importante aclarar del tema de las auditorías?
-En primer lugar, las mentiras de que las universidades no son auditadas. Esto es totalmente falso, porque como cualquier institución del Estado son auditadas. La Ley de Educación Superior establece que las auditorías en las universidades las tiene que hacer la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende directamente del poder ejecutivo, por lo cual las auditorías sí se están haciendo y están siendo firmadas por el actual presidente, Javier Milei. Es decir, se auditan no sólo a las universidades entendiéndose como una institución entera, sino que esas auditorías se realizan a cada facultad. Asimismo, otros organismos, como el CNU y el SIM, también realizan auditorías permanentes.
En segundo lugar, las universidades no tenemos problema en que las instituciones se auditen más. Como profesionales entendemos que hay muchas áreas del Estado que vienen funcionando mal. No estamos en contra de que se ordene y se reestructure con ciertas medidas y acuerdos de todas las partes. El tema es que esta excusa hace que se desfinancie todo y se destruya todo.
-¿Por qué era importante que salga la Ley de Financiamiento Universitario?
-Era importante por cuatro pilares fundamentales: el primero era el presupuesto universitario para que se pueda mantener ordenada cada sede académica. El segundo era la recomposición salarial de docentes y no docentes, ya que en la actualidad hay un retraso del 40 y 50% respecto a la inflación.
El tercer pilar son las investigaciones. En Argentina, las investigaciones tienen la particularidad de que la gran mayoría las llevan adelante las universidades públicas, no el sector privado. Entonces, este desfinanciamiento no sólo golpea el bolsillo de un investigador que se puede ir a otro país, sino que afecta directamente al desarrollo del país como potencia, al ingreso de inversiones y a la soberanía, entendiendo que el desarrollo tecnológico e investigativo tiene que ver la soberanía.
Y el último pilar de esta ley era el tema de las auditorías. La misma propuesta de la Ley de Financiamiento Universitario incluía que haya más auditorías. Ahí, nuevamente, se cae el relato del gobierno.
-¿Cómo continúa el reclamo a corto plazo?
-En ese sentido, hay que remarcar que la lucha estudiantil y gremial universitaria, lamentablemente es frecuente. Esto ya se vivió en los 2000, en los ‘90 y si nos vamos más atrás con las dictaduras también. Así que acá nadie se rinde y están esas ganas tremendas de no parar y de seguir luchando.
En cuanto a las medidas de fuerza específicas, en el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ADUBA y APUBA ya fijaron para el próximo jueves 17 de octubre un nuevo paro de 24 horas.
La idea es que el cuatrimestre continúe y se llegue hasta el final, como se pueda, pero que continúe. Sí con clases públicas y marchas de visualización. Van a ver muchas medidas de fuerza seguidas y cuando haya tomas de facultad, van a ver vigilias en esas facultades. Van a ver muchas acciones, pero no se van a cancelar hasta el momento las clases.
-¿Qué panorama prevé para el ciclo académico 2025?
-Es muy difícil. La Ley de Financiamiento Universitario es una batalla perdida de las universidades, ya no se puede volver a tratar este año, sino hasta el 1 de marzo del año que viene. Lo que queda es negociar con el Gobierno los aumentos salariales. Pero toda esta lucha se va a concentrar en que el presupuesto 2025 garantice que haya una recomposición salarial atada a la inflación que pueda haber el próximo año, y que de todas maneras sabemos que se vienen manejando unos números irreales.
Ahora, ya sabemos que la ley no va a salir como queremos, pero lo que esperamos es que salga para poder tener otras discusiones y negociaciones, y que sirva de base para una nueva lucha.
-¿Cree que el conflicto universitario representa un costo político para Milei?
-Por un lado, hay un agotamiento de la sociedad a partir de este discurso de aguantar y de que no haya plata. Nos enteramos que en septiembre la inflación bajó a 3,5%, pero la gente no lo ve impactado en los precios y los sueldos, entonces lo toma como una burla. Creo que la opinión pública se está dando cuenta de que no llegó lo prometido y que, lamentablemente, es una desesperanza nueva en lo político.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que a Javier Milei lo ha votado masivamente una franja etaria menos 30. Entonces, creo que también esos estudiantes que asisten a la universidad pública y votaron a Milei porque veían esperanza o estaban cansados de la política tradicional, se están agotando y dando cuenta de que, al fin y al cabo, los traicionaron de nuevo y, lamentablemente, los perjudica en un área tan importante como es sus sueños. Así que yo siento que el Gobierno acá también la está pifiando porque muchos de esos jóvenes asisten a la universidad pública.
Educación
Universidades contra Milei: llega a la Corte el petitorio de un millón de firmas
Familias, docentes y centros de estudiantes de colegios preuniversitarios de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Salta lanzarán un petitorio nacional ante la Corte Suprema. La campaña apunta a reunir un millón de firmas para exigir la aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario.
Familias autoconvocadas, docentes, no docentes y centros de estudiantes de los principales colegios preuniversitarios del país lanzarán este viernes un petitorio nacional dirigido a la Corte Suprema para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al recurso interpuesto por el Gobierno de Javier Milei para frenarla.
La iniciativa, que aspira a reunir un millón de firmas en todo el territorio nacional, fue impulsada por representantes de algunas de las comunidades educativas más emblemáticas del sistema universitario argentino, en un contexto en que el conflicto entre el Ejecutivo y las universidades públicas sigue sin resolverse y con la pelota en la cancha de la Corte.
El petitorio y sus impulsores
El anuncio formal se realizará en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en Avenida Callao 569, piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria incluye una conferencia de prensa en formato mixto, presencial y remota.
Entre las instituciones que encabezan la presentación se encuentran representantes de familias y centros de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de Córdoba, y del Jardín y Escuela Graduada Joaquín V. González de La Plata, entre otras instituciones de distintos puntos del país.
La acción busca garantizar además la recomposición del salario docente, duramente golpeado por el ajuste libertario desde diciembre de 2023.
La Corte, árbitro de una pulseada que el Gobierno quiso ganar en los tribunales
El petitorio llega en un momento de alta tensión institucional. El Gobierno de Javier Milei interpuso un recurso ante la Corte Suprema para frenar la aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso con amplio respaldo multipartidario. La medida fue calificada por las organizaciones universitarias como un avasallamiento a la voluntad legislativa.
En un comunicado conjunto, los organizadores subrayaron la gravedad institucional del momento: «De la decisión que tome la Corte Suprema dependen nuestros colegios, jardines de primera infancia, hospitales de clínicas universitarios, investigadores del CONICET y facultades en todo el país.»
Campaña federal y convocatoria abierta
La organización aclaró que el petitorio no se circunscribirá a la comunidad preuniversitaria: apunta a convertirse en una «campaña masiva de recolección de firmas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional», con mesas callejeras de votación en las 23 provincias.
«Vamos por un millón de firmas y porque más escuelas dependientes de universidades nacionales se adhieran a esta iniciativa que tiene como único objetivo que se respete la institucionalidad, la independencia de los poderes y se aplique la ley aprobada y ratificada por el Congreso», expresaron desde la organización en un comunicado.
Los convocantes extendieron la invitación a sindicatos, organismos de derechos humanos y la sociedad civil en general para sumarse a las mesas de recolección de firmas, y llamaron a los medios de comunicación a cubrir la conferencia de prensa donde se brindarán los detalles logísticos y los pasos legales a seguir ante el máximo tribunal.
Antecedentes: un conflicto que no cierra
El conflicto universitario arrastra más de dos años de tensión desde que la gestión Milei aplicó un congelamiento presupuestario que golpeó transferencias, salarios y programas de investigación. Las universidades nacionales perdieron cerca de un 45% de poder adquisitivo en sus transferencias desde el Estado, según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El sistema docente acumuló una pérdida real de más de siete salarios desde diciembre de 2023, de acuerdo a estimaciones de las federaciones gremiales del sector.
A esa sangría se sumaron los sucesivos recursos judiciales del Ejecutivo para bloquear la aplicación de la ley de financiamiento, lo que motivó cuatro marchas federales universitarias y múltiples pronunciamientos del CIN, la Federación Universitaria Argentina (FUA), la CGT y las dos CTA. La Corte Suprema tiene ahora en sus manos la definición de un conflicto que el Gobierno eligió judicializar antes que resolver por la vía del diálogo.
Puntos clave:
- Familias, docentes y centros de estudiantes de colegios preuniversitarios de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Salta lanzarán un petitorio nacional ante la Corte Suprema.
- La campaña apunta a reunir un millón de firmas para exigir la aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario.
- El Gobierno de Milei interpuso un recurso judicial para frenar la normativa aprobada por el Congreso.
- Los organizadores advierten que el fallo de la Corte impactará en colegios, jardines, hospitales universitarios y el CONICET.
- Los convocantes invitan a sindicatos, organismos de derechos humanos y la sociedad civil a sumarse a las mesas callejeras de firma.
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