Educación
“El relato del Gobierno se cae porque la misma propuesta de la ley incluía más auditorías”
Radiografía del conflicto universitario: entrevista a Ismael Campos, politólogo y docente de la UBA.
Por Andrea Reyes
En diálogo con El Argentino, Ismael Campos, politólogo y docente de la UBA en el CBC desmiente categóricamente el discurso del Gobierno sobre las auditorías y advierte el costo político que pagará Milei con el conflicto universitario.
El pasado 10 de octubre, la Cámara de Diputados ratificó el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión del Congreso de la Nación provocó de inmediato el rechazo de la comunidad universitaria, con más de 30 facultades tomadas en todo el país.
El movimiento estudiantil y docente universitario continúa su disputa y se prepara para una semana de conflicto con el gobierno libertario de Javier Milei: se espera un nuevo paro nacional para este jueves 17 de octubre y siguen tomadas las principales facultades del país, mientras se discute el Presupuesto para el 2025.
Para el Lic. Campos, la ratificación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario ha generado “mucha frustración, porque estamos nuevamente ante un Gobierno que no escucha el reclamo social, que no es sólo de estudiantes y docentes de la comunidad universitaria, sino en general. Entonces, es sentir la frustración de que hay un Gobierno que está muy firme con esto de llegar al déficit cero, con este slogan de que no hay plata para solventar ciertas cosas.
Además, la frustración tiene que ver con que dentro del área de la educación argentina, las instituciones superiores son lo que mejor funciona. Lamentablemente, el nivel primario y secundario en Argentina, tiene un déficit importante y es en las universidades donde se intenta profesionalizar aún la academia. Los rankings mundiales reconocen a las universidades argentinas.
También está la frustración de que el slogan principal que agarró el Gobierno para esta batalla contra las universidades, es el tema de las auditorías, y es lo que le llegó a muchos votantes que siguen apoyando esta gestión”.
-¿Qué es lo más importante aclarar del tema de las auditorías?
-En primer lugar, las mentiras de que las universidades no son auditadas. Esto es totalmente falso, porque como cualquier institución del Estado son auditadas. La Ley de Educación Superior establece que las auditorías en las universidades las tiene que hacer la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende directamente del poder ejecutivo, por lo cual las auditorías sí se están haciendo y están siendo firmadas por el actual presidente, Javier Milei. Es decir, se auditan no sólo a las universidades entendiéndose como una institución entera, sino que esas auditorías se realizan a cada facultad. Asimismo, otros organismos, como el CNU y el SIM, también realizan auditorías permanentes.
En segundo lugar, las universidades no tenemos problema en que las instituciones se auditen más. Como profesionales entendemos que hay muchas áreas del Estado que vienen funcionando mal. No estamos en contra de que se ordene y se reestructure con ciertas medidas y acuerdos de todas las partes. El tema es que esta excusa hace que se desfinancie todo y se destruya todo.
-¿Por qué era importante que salga la Ley de Financiamiento Universitario?
-Era importante por cuatro pilares fundamentales: el primero era el presupuesto universitario para que se pueda mantener ordenada cada sede académica. El segundo era la recomposición salarial de docentes y no docentes, ya que en la actualidad hay un retraso del 40 y 50% respecto a la inflación.
El tercer pilar son las investigaciones. En Argentina, las investigaciones tienen la particularidad de que la gran mayoría las llevan adelante las universidades públicas, no el sector privado. Entonces, este desfinanciamiento no sólo golpea el bolsillo de un investigador que se puede ir a otro país, sino que afecta directamente al desarrollo del país como potencia, al ingreso de inversiones y a la soberanía, entendiendo que el desarrollo tecnológico e investigativo tiene que ver la soberanía.
Y el último pilar de esta ley era el tema de las auditorías. La misma propuesta de la Ley de Financiamiento Universitario incluía que haya más auditorías. Ahí, nuevamente, se cae el relato del gobierno.
-¿Cómo continúa el reclamo a corto plazo?
-En ese sentido, hay que remarcar que la lucha estudiantil y gremial universitaria, lamentablemente es frecuente. Esto ya se vivió en los 2000, en los ‘90 y si nos vamos más atrás con las dictaduras también. Así que acá nadie se rinde y están esas ganas tremendas de no parar y de seguir luchando.
En cuanto a las medidas de fuerza específicas, en el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ADUBA y APUBA ya fijaron para el próximo jueves 17 de octubre un nuevo paro de 24 horas.
La idea es que el cuatrimestre continúe y se llegue hasta el final, como se pueda, pero que continúe. Sí con clases públicas y marchas de visualización. Van a ver muchas medidas de fuerza seguidas y cuando haya tomas de facultad, van a ver vigilias en esas facultades. Van a ver muchas acciones, pero no se van a cancelar hasta el momento las clases.
-¿Qué panorama prevé para el ciclo académico 2025?
-Es muy difícil. La Ley de Financiamiento Universitario es una batalla perdida de las universidades, ya no se puede volver a tratar este año, sino hasta el 1 de marzo del año que viene. Lo que queda es negociar con el Gobierno los aumentos salariales. Pero toda esta lucha se va a concentrar en que el presupuesto 2025 garantice que haya una recomposición salarial atada a la inflación que pueda haber el próximo año, y que de todas maneras sabemos que se vienen manejando unos números irreales.
Ahora, ya sabemos que la ley no va a salir como queremos, pero lo que esperamos es que salga para poder tener otras discusiones y negociaciones, y que sirva de base para una nueva lucha.
-¿Cree que el conflicto universitario representa un costo político para Milei?
-Por un lado, hay un agotamiento de la sociedad a partir de este discurso de aguantar y de que no haya plata. Nos enteramos que en septiembre la inflación bajó a 3,5%, pero la gente no lo ve impactado en los precios y los sueldos, entonces lo toma como una burla. Creo que la opinión pública se está dando cuenta de que no llegó lo prometido y que, lamentablemente, es una desesperanza nueva en lo político.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que a Javier Milei lo ha votado masivamente una franja etaria menos 30. Entonces, creo que también esos estudiantes que asisten a la universidad pública y votaron a Milei porque veían esperanza o estaban cansados de la política tradicional, se están agotando y dando cuenta de que, al fin y al cabo, los traicionaron de nuevo y, lamentablemente, los perjudica en un área tan importante como es sus sueños. Así que yo siento que el Gobierno acá también la está pifiando porque muchos de esos jóvenes asisten a la universidad pública.
Educación
Desfinanciamiento universitario: más de 10 docentes renuncian por día
En el Día del Docente Universitario, el sistema de educación superior pública argentina atraviesa su peor crisis desde 1989. Con salarios por debajo de los niveles de la poscrisis de 2001, un recorte presupuestario del 37,3% desde diciembre de 2023 y un Gobierno que se niega a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, la deserción docente avanza a un ritmo de entre 10 y 12 renuncias diarias en todo el país.
La academia en éxodo: más de 10 docentes universitarios renuncian por día
La comunidad académica argentina eligió el 15 de mayo, Día del Docente Universitario, para volver a poner en el centro del debate la crisis estructural que atraviesa el sistema universitario público.
Lejos de los anuncios oficiales de «equilibrio macroeconómico», la realidad de más de 60 universidades nacionales distribuidas en todo el territorio revela un desmantelamiento sistemático que sus propios protagonistas describen, sin eufemismos, como un plan deliberado.
«Un plan de destrucción por goteo»
Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas y docente con 15 años de experiencia en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), cuantificó el fenómeno con datos concretos: entre 10 y 12 docentes renuncian por día a nivel nacional. La causa es, en todos los casos, la misma: la imposibilidad de sostenerse económicamente con los ingresos que ofrece la actividad académica.
Para Quiroga, la situación no es producto de la inercia ni de una mala coyuntura. «El Gobierno está poniendo excusas para no cumplir la ley porque efectivamente lo que buscan, creo, es un plan de destrucción de las universidades nacionales por goteo«, declaró el investigador. En esa línea, advirtió que son los propios docentes quienes vienen subsidiando el déficit de financiamiento con mayor dedicación personal, aunque ese esfuerzo tiene un límite humano y económico infranqueable.
El cargo docente más bajo del sistema universitario nacional, el de Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación simple, percibe actualmente apenas 260.000 pesos mensuales, una cifra que, en la Argentina de mayo de 2026, no alcanza siquiera para cubrir los gastos de transporte y alimentación necesarios para asistir al trabajo.
El peor momento en décadas
Pablo Bolcatto, doctor en Física y profesor con 38 años de trayectoria en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), describió el presente como «el peor momento de mi vida profesional«. El testimonio de Bolcatto permite comprender la dimensión humana de una crisis que las estadísticas no alcanzan a capturar por sí solas.
«Ahora lo que se está dando es que un investigador o un profesor lo que hace es hacer Uber o empezar a vender empanadas», señaló Bolcatto, en alusión directa al fenómeno de pluriempleo al que se ven empujados quienes eligieron la docencia universitaria como vocación. Para este profesor, la elección de seguir en las aulas es un acto de convicción: «dar clases es una vocación; de enseñar, transmitir conocimiento y correr la frontera un poquito más allá», en referencia a la actividad científica que la crisis también amenaza.
La actitud del Gobierno Nacional fue caracterizada por Bolcatto como «profundamente ideológica», lo que para el docente explica la persistencia de la crisis más allá de cualquier argumento técnico.
Los números del desmantelamiento
Los datos recopilados por el grupo EPC y difundidos por Quiroga en redes sociales trazan un mapa preciso del ajuste:
- Las universidades nacionales acumulan una caída presupuestaria del 37,3% desde diciembre de 2023.
- En 2026 se proyecta el presupuesto universitario más bajo desde 1989 en relación al PBI, con apenas el 0,428%.
- Los salarios docentes perdieron 33,7 puntos de poder adquisitivo desde noviembre de 2023, acumulando 17 meses consecutivos de caída.
- Días antes de la última Marcha Federal Universitaria, el Gobierno recortó más de 5.300 millones de pesos destinados a infraestructura en la UNLP, UNSAM, UNL y UNNE, entre otras casas de altos estudios.
- El salario real docente es actualmente más bajo que el que tenían en la poscrisis de 2001.
Estas cifras se inscriben en un contexto más amplio que ya documentamos en esta redacción: desde el inicio de la gestión libertaria, las transferencias a universidades acumularon un recorte real superior al 20%, según datos del Foro Economía y Trabajo; y el propio organismo de verificación Chequeado señaló que el financiamiento universitario sufrió recortes reales de hasta el 31,6% en los primeros tramos de la gestión Milei.
Un dato adicional que aporta dimensión social al conflicto: según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), dos tercios de los estudiantes de la universidad pública pertenecen al 60% más pobre de la sociedad. El ajuste sobre la educación superior no golpea a una élite; golpea, en su inmensa mayoría, a los sectores populares.
La ley existe, el Gobierno no la cumple
El reclamo del sector docente tiene un núcleo jurídico concreto: la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia los propios tribunales ratificaron con fallos favorables al sector. Si esa norma se aplicara, un docente que hoy cobra 260.000 pesos pasaría a percibir 400.000 pesos, lo que equivaldría a pasar de 6.800 pesos a 10.200 pesos por hora de clase, según los cálculos difundidos por Quiroga.
Frente a las excusas esgrimidas por la administración Milei, como la exigencia de auditorías previas a cualquier recomposición salarial, Quiroga recordó que las auditorías ya existen y funcionan: las facultades de Económicas, Derecho y Medicina de la UBA fueron auditadas en 2024 y sus informes aprobados por unanimidad. Además, «muchas otras universidades firmaron convenios con SIGEN», precisó el investigador.
El argumento del cobro de aranceles a estudiantes extranjeros también fue desactivado con datos: los estudiantes extranjeros representan aproximadamente 83.000 personas, apenas el 4% de la matrícula total. La cifra es marginal frente al déficit estructural de financiamiento.
Un punto central que los propios docentes subrayan para despejar confusiones es el siguiente: no son las universidades las que pagan los sueldos, sino el Estado Nacional. Y los salarios representan el 90% del presupuesto total de las universidades. Quien decide los aumentos, quien los frena, es el Gobierno de Javier Milei.
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