Educación
«Pensar en una educación privatizada va en contra de la Constitución»
El ministro de Educación criticó las propuestas de la oposición y advirtió que la Argentina necesita de un «acuerdo nacional para defender al Estado como único garante del desarrollo».
El ministro de Educación, Jaime Perczyk, advirtió este viernes que la Argentina «necesita un acuerdo de unidad nacional para defender al Estado como único garante del desarrollo y así poder ofrecer una educación mejor y más justa», dado que el rol estatal en la cuestión educativa «significa garantizar una educación de calidad, calendarios escolares completos y una escuela accesible para todos».
El funcionario realizó estas declaraciones al inaugurar en la ciudad sanluiseña de La Punta el 90° plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde hizo un llamado en defensa de la educación pública y cuestionó la idea de la privatización de ese servicio.
El plenario, que reúne rectores de universidades nacionales de todo el país, comenzó este viernes en San Luis y tiene como objetivo principal debatir acuerdos y proyectos que formarán parte del presupuesto universitario para el 2024, que serán presentado ante la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU).
Perczyk enfatizó en su discurso la necesidad de construir un país «orientado al desarrollo» y que proteja la educación pública.
«La Argentina necesita un acuerdo de unidad nacional para defender al Estado como único garante del desarrollo y así poder ofrecer una educación mejor y más justa, una universidad pública que llegue a todos y todas», subrayó el ministro.

Además, advirtió que «pensar en la educación privatizada y concebida como un negocio es un gran error que generaría desigualdades y va en contra de la Constitución Nacional y otras leyes».
El ministro destacó los logros del Estado desde el regreso de la democracia en el ámbito educativo, como el aumento significativo de estudiantes universitarios y la expansión de la cobertura en el nivel secundario.
«El Estado es el que ha posibilitado que 2 millones y medio de personas, el 5,3% de la población, accedan a la educación superior en Argentina. Esto se logró mediante la multiplicación de becas, la ampliación de la oferta educativa, la creación de universidades y la descentralización de las casas de altos estudios hacia el interior provincial», explicó.
En cuanto a la educación secundaria, Perczyk señaló que «la cobertura pasó del 42% al 94,7% de estudiantes», incluyendo principalmente a los sectores más vulnerables porque antes solo accedían los que podían a este nivel.
También hizo hincapié en la importancia de mantener y mejorar estos avances, siempre bajo el amparo del Estado, pensándolo como inversión para el desarrollo.
«Discutir el papel del Estado en la educación significa garantizar una educación de calidad, calendarios escolares completos y una escuela accesible para todos, y ese es el desafío de avanzar hacia el futuro sin retroceder en aspectos fundamentales. Creemos en un sistema democrático y federal que tiene valores arraigados y en constante evolución», concluyó el ministro.
CABA
Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri
El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.
El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.
Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.
Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.
El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.
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