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Comedores escolares en CABA: cuatro años más de negociados con la comida

Son las mismas empresas que durante la pandemia se encargaron de proveer la Canasta Escolar Nutritiva con un sobrecosto para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de hasta el 100%.

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Por Ing. María Eva Koutsovitis, Jonatan Baldiviezo y Alejandro Volkind

Pese a las múltiples denuncias por el pésimo servicio que brindan y por los sobreprecios que facturan, el GCBA volvió a adjudicarle el manejo de los comedores escolares hasta 2025 a las mismas empresas que se ocupan del servicio desde hace más de dos décadas.

Esta licitación de más de 50 mil millones de pesos puso al descubierto el funcionamiento cartelizado de las concesionarias de comedores, empresas creadas exclusivamente para vivir del Estado, y el manejo sumamente opaco del Gobierno porteño.

Todo sigue igual de mal

Cuando en febrero de este año el Ministerio de Educación porteño publicó el llamado a Licitación Pública 7192-1818-LPU21 para definir qué empresas se ocuparán del servicio de alimentación a estudiantes de las escuelas públicas hasta fines de 2025, aseguramos que se trataba de “un negocio de más de 50.000 millones de pesos ($50.055.347.712) que, por los antecedentes, ya tendría ganadores anticipados”.

Ahora que se conoció la adjudicación de la licitación, las sospechas se confirmaron: se trata de las mismas empresas denunciadas en múltiples oportunidades por familias, docentes y hasta organismos públicos como la Auditoría de la Ciudad por el pésimo servicio que brindan.

Son las mismas empresas que durante la pandemia se encargaron de proveer la Canasta Escolar Nutritiva con un sobrecosto para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de hasta el 100%, tal como denunciamos en otros informes.

Las mismas que sólo este año van a recibir más de 12.000 millones de pesos del gobierno porteño para seguir ofreciendo “medallones” y comida ultraprocesada, productos prohibidos por la Ley de Etiquetado Frontal aprobada recientemente en el Congreso Nacional.

Las mismas que, en plena licitación, firmaron un convenio con el Ministerio de Educación porteño para que estudiantes secundarios hagan sus pasantías laborales en la organización que las nuclea, la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio (CACYR), acuerdo por el cual las empresas concesionarias obtuvieron el sello “Compromiso con la Educación”, reconocimiento que, tal como lo explica la propia ministra Soledad Acuña, “resultará relevante al momento de ser evaluadas para licitaciones de bienes y servicios dentro de la Ciudad”.

Las mismas empresas que ofertaron los mismos valores para cada desayuno, refrigerio y almuerzo, en un comportamiento cartelizado, avalado y estimulado por el propio GCBA.

Todas cotizaron cada desayuno a $35,57, cada almuerzo a $302,95 y cada refrigerio a $105,17. Sí, con los mismos centavos.

Todo queda en Familia

El único cambio que hubo entre la licitación anterior, que funcionó de 2018 a 2021, y la que se acaba de adjudicar es que en este caso las empresas contratadas son 18 y no 19 como hasta ahora. ¿El motivo? La empresa Treggio SRL se dio de baja de la licitación voluntariamente, pese a que el GCBA ya le había preadjudicado servicios hasta 2025 por millones de pesos.

¿Quién absorbió las escuelas que habían sido adjudicadas a Treggio? Rodolfo Ferrarotti S.R.L, empresa cuyos accionistas – Walter y Vanesa Ferrarotti- también presiden Treggio SRL. Por lo visto, todo queda en familia.

Relaciones endogámicas

El caso de Treggio SRL no es una excepción. Abundan accionistas que aparecen en dos empresas distintas. Ricardo Antonio Orlando, representante legal de Bagalá S.A., también es accionista de Alimentos integrados S.A. De hecho, la propia Bagalá S.A. aparece en otros contratos con el gobierno porteño en Unión Transitoria con Arkino S.A.

Bagalá también es una de las empresas que las poquísimas veces que fue controlada comenzó a recibir multas por servir “la guarnición tortilla de verdura con un insecto”, entregar viandas con “un pedazo de metal que parece ser parte de una esponja ‘tipo virulana’”, y dejar “un trapo de piso junto a las supremas de pollo”.

El millonario negocio de ser lustrabotas

En la adjudicación, la empresa con el contrato más alto (más de $6.300.000.000), es Dassault S.A, cuya presidenta, Mónica Susana Ferrari, está inscripta en la AFIP en la categoría que incluye actividad de lustrabotas o de astrología y espiritismo.

El resto de las adjudicaciones es de la siguiente manera, donde los renglones 1, 2 y 3 corresponden a desayuno, almuerzo y refrigerio y los grupos corresponden a las escuelas: Dassault S.A.: los renglones Nros. 1, 2 y 3 (grupos: 8, 9, 15, 36, 37, 45, 60, 63, 68, 70, 86, 110, 112, 113, 114, 123, 124, 126, 127, 129, 132 142, 152, 165, 170, 173, 174, 176, 177, 192, 196 y 197) por un importe total de $ 6.273.126.359.

Arkino S.A. (33-70783088-9): los renglones Nros. 1, 2 y 3 (grupos: 2, 4, 54, 65, 67, 95, 102, 105, 111, 122, 139, 147, 150, 164, 168, 169, 171, 188 y 197) por un importe total de $4.434.294.013.

Lamerich S.R.L. los renglones Nros. 1, 2 y 3 (grupos: 3, 10, 13, 22, 24, 56, 71, 93, 94, 100, 101, 130, 133, 135, 155, 163, 184 y 197) por un importe total de $ 4.362.761.141.

Compañía Alimentaria Nacional S.A.: los renglones Nros. 1, 2 y 3 (grupos: 7, 57, 58, 61, 76, 78, 90, 91, 106, 107, 108, 109, 144, 166, 167, 179, 180 y 197) por un importe total $ 3.594.346.222.

Servicios Integrales de Alimentación S.A.: los renglones Nros. 1, 2 y 3 (grupos: 5, 11, 17, 21, 29, 35, 64, 66, 69, 80, 96, 99, 121, 158, 183, 186 y 197) por un importe total de $3.017.671.242.

Carmelo Antonio Orrico S.R.L.: los renglones Nros. 1, 2 y 3 (grupos: 50, 59, 62, 82, 85, 98, 115, 116, 149, 172, 175, 189, 190, 191, 193 y 197) por un importe total de $ 2.989.420.884.

Sucesión de Rubén Martín S.A.: los renglones Nros. 1, 2 y 3 (grupos: 20, 73, 74, 75, 92, 104, 134, 151, 162, 182 y 197) por un importe total de $ 2.324.709.726.

Friends Food S.A: los renglones Nros. 1, 2 y 3 (grupos: 1, 19, 48, 138, 140, 143, 160, 161, 181, 185, 195 y 197) por un importe total de $2.667.884.044.

Alfredo Grasso (20-07629865-4): Los renglones Nros. 1, 2 y 3 (grupos: 12, 25, 27, 31, 38, 43, 46, 51, 88 y 197) por un importe total de $ 2.296.476.119.

Rodolfo Ferrarotti S.R.L.: los renglones Nros. 1, 2 y 3 (grupos: 14, 18, 23, 55, 72, 89, 97, 118, 136 y 197) por un importe total de $ 2.162.646.704.

Bagala S.A.: los renglones Nros. 1, 2 y 3 (grupos: 6, 16, 44, 49, 83, 87, 103, 178 y 197) por un importe total de $ 1.764.561.408.

Spataro S.R.L.: los renglones Nros. 1, 2 y 3 (grupos: 28, 53, 131, 137, 141, 157, 159 y 197) por un importe total de $ 1.676.771.404.Diaz Velez S.R.L: los renglones Nros. 1, 2 y 3 (grupos: 33, 39, 40, 41, 125, 128, 145 y 197) por un importe total de $ 1.494.363.578.

Enrique Tavolaro S.R.L.: los renglones Nros. 1, 2 y 3 (grupos: 77, 79, 148, 153, 154, 156, 187 y 197) por un importe total de $ 1.450.731.079.

Alimentos Integrados S.A.: los renglones Nros. 1, 2 y 3 (grupos: 32, 47, 81, 84, 119, 120, 194 y 197) por un importe total de $ 1.160.555.304.

Caterind S.A: los renglones Nros. 1, 2 y 3 (grupos: 26, 30, 42, 117 y 197) por un importe total de $ 831.420.372.

Servir´c S.A: los renglones Nros. 1, 2 y 3 (grupos: 34, 52 y 197) por un importe total de $ 536.157.849.

Servicios Integrales Food & Catering S.R.L. : los renglones Nros. 1, 2 y 3 (grupo: 146 y 197) por un importe total de $ 264.053.529. Empresas millonarias y comida pobreEn la licitación, el total adjudicado alcanza la cifra de $43.301.950.986,24, pero a valores de agosto 2021.

Para darse una idea, cada almuerzo fue cotizado a $302, cuando actualmente las empresas ya lo facturan a $404, es decir, un 33% más caro.

Alimentarse del Estado

Además de la millonaria licitación con el ministerio de Educación porteño, el GCBA mantiene múltiples contratos con estas mismas empresas, que son las principales proveedoras del servicio de alimentación en la Ciudad.

Recordemos que se trata de empresas, en su mayoría creadas exclusivamente para vivir del Estado (en su mayor parte a finales de la década del ´80, cuando comenzó el proceso de privatización de los comedores escolares), y que, algunas de ellas, devuelven favores a la hora de cada campaña electoral, tal como quedó demostrado en 2015 y 2017.

Friend´s Food y Bagala S.A. se encargan del Servicio de Entrega y Distribución de raciones de alimentos en Centros de Día y Refugios dependientes de la Secretaría de Inclusión Social, contrato por más de 225 millones de pesos a valores de 2019.

Friend´s Food también tiene a cargo el servicio de elaboración, distribución y entrega de viandas para los participantes del Programa “Conociendo Buenos Aires”, ejecutado por la Dirección General Programas de Cooperación Federal.

También se ocupa de la elaboración de comidas con destinos a hogares y centros de inclusión social del Programa Asistencia a los Sin Techo y al Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas destinados a los Beneficiarios y Personal autorizado de los Efectores de los Programas a cargo de la Dirección General de la Mujer, Dirección General de Niñez y Adolescencia y Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones Y realiza a otras concesionarias, la Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en crudo de Víveres Secos y Frescos, destinados a la Población de las Organizaciones Comunitarias y Centros de Primera Infancia. Y a las colonias deportivas de Verano.

La lista es larga e incluye hasta la provisión de frutas, verduras y huevos con destino a la alimentación de la colección faunística del Ecoparque Interactivo (ex Jardín Zoológico), a cargo de Tavolaro S.R.L.

Para el GCBA, estudiantes y animales, son intercambiables a la hora de alimentarlos.

La comunidad se organiza

«Esta licitación dejó expuestos los mecanismos institucionales y jurídicos del GCBA que permiten seguir garantizándole negociados millonarios a estas empresas a costa de los estómagos de nuestros hijxs».

«Pero también el proceso abierto por la licitación permitió darle impulso a familias, cooperadoras y docentes que ahora se encuentran más organizadas y conscientes de la necesidad de fortalecer las herramientas de control que legalmente tenemos -como es el caso de las comisiones de comedor, que se ocupan de lo que no hace ni le interesa al gobierno, es decir, fiscalizar a las empresas-, y deja como tarea urgente la necesidad de avanzar en el cumplimiento de la Ley de etiquetado Frontal, que implica erradicar definitivamente los alimentos ultraprocesados de la mesa de nuestrxs hijxs», comunicaron desde el Observatorio de la Ciudad.

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Ley Penal Juvenil: Jorge Macri habilita un protocolo que obliga a docentes a denunciar alumnos de 14 años

Un protocolo del gobierno porteño impone a los directivos el deber de denunciar ante la Justicia a estudiantes desde los 14 años, incluso por hechos ocurridos fuera del colegio, y habilita el ingreso policial a las escuelas. Los gremios y centros de estudiantes lo rechazan.

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El Argentino Diario-Jorge Macri.

Los directivos de las escuelas porteñas ya no solo tendrán la tarea de educar: ahora también deberán denunciar penalmente a sus propios estudiantes. Cualquier hecho que pudiera constituir un delito de acción pública y que involucre a un alumno mayor de 14 años, ocurra dentro o fuera del establecimiento, deberá ser llevado ante la Justicia. El nuevo protocolo habilita además la intervención policial dentro de las escuelas en situaciones consideradas urgentes.

La medida quedó oficializada este lunes con la Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/26, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, con la firma de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad porteños y del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La norma aprueba dos documentos: los “Lineamientos generales sobre el impacto del régimen penal juvenil en el ámbito educativo” y el “Procedimiento de actuación en el ámbito educativo ante hechos con posible relevancia penal”. El reglamento ya había llegado a las escuelas a fines de la semana pasada, antes de su publicación formal, y encendió la polémica en redes sociales.

El “deber” de denunciar

El artículo 1 del procedimiento establece el “deber de la denuncia”: “cuando la autoridad institucional tome conocimiento, en ejercicio de sus funciones, de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública, deberá efectuar la denuncia correspondiente”. En las escuelas de gestión privada, esa obligación recae sobre el representante o apoderado legal, que deberá informar de inmediato a la Supervisión de la Dirección General de Educación de Gestión Privada; si no lo hace, la denuncia quedará en manos de ese equipo de supervisión.

Los lineamientos van todavía más lejos. Recuerdan que, con el nuevo régimen, “todos los delitos previstos en el Código Penal de la Nación o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro podrán dar lugar a responsabilidad penal desde esa edad, incluso aquellos que bajo el régimen anterior no resultaban punibles para los adolescentes”. Y concluyen que “cualquier hecho que pudiera constituir un delito y que ocurra en el ámbito educativo y/o que involucre a estudiantes podrá dar lugar a la intervención de las autoridades judiciales competentes, sin perjuicio de la intervención educativa que corresponda”.

En la práctica, conflictos que hasta ahora se abordaban con los dispositivos pedagógicos de cada escuela, como peleas entre compañeros o robos entre estudiantes, pasan a tener una vía directa hacia el sistema penal. El documento aclara que, cuando un alumno sea alcanzado por una medida judicial, la institución deberá garantizar su cumplimiento y, a la vez, “la continuidad de su trayectoria educativa”.

El 911 y la policía en las aulas

Para las situaciones de emergencia, definidas como riesgo inminente para la vida o la seguridad, presencia de armas o hechos de violencia, el protocolo ordena llamar de inmediato al 911, una comunicación que “cumple la función de denuncia”; contactar al SAME (107) si hay personas afectadas; dar aviso a la Línea 102 del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; resguardar a los estudiantes, preservar la escena del hecho y avisar a los adultos responsables.

Cuando no se requiera una intervención inmediata, la denuncia deberá presentarse ante el Ministerio Público Fiscal porteño, a través de la línea 0800 33 FISCAL o por correo electrónico, con una descripción “clara y objetiva” de los hechos. El texto prohíbe interrogar a los alumnos y retener o difundir material digital que ellos aporten, y establece que la denuncia judicial no suspende las medidas internas de la escuela.

El punto más sensible es el ingreso de las fuerzas de seguridad. La policía podrá entrar a los establecimientos a pedido de la propia escuela, por orden judicial o por razones de fuerza mayor. El protocolo exige que el personal se identifique y actúe “respetando los derechos” de niñas, niños y adolescentes, una salvaguarda que los gremios consideran insuficiente frente a la lógica punitiva que atraviesa todo el documento.

“Una antesala de las cárceles”

Federico Puy, secretario general adjunto de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), fue quien difundió el documento en su cuenta de X durante el fin de semana. Allí advirtió que el protocolo “obliga a las directoras a denunciar a estudiantes que ‘podrían estar cometiendo un delito’” y sostuvo que la iniciativa “constituye una clara persecución a los jóvenes”. Para el dirigente, el objetivo es transformar a las escuelas en una “antesala de las cárceles”.

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) también expresó su rechazo en un comunicado: “Rechazamos que las escuelas se conviertan en puertas de entrada al sistema penal y advertimos sobre el riesgo de estigmatización y criminalización de niñas, niños y adolescentes”. El gremio repudió además la baja de la edad de responsabilidad penal a los 14 años, por avanzar contra los derechos de las adolescencias y la Convención sobre los Derechos del Niño, y reclamó al Ministerio de Educación porteño equipos especializados, formación y recursos para abordar los conflictos sin judicializarlos, junto con más políticas sociales y educativas en los territorios más desiguales.

Una ley de mano dura aplicada sobre la marcha

El protocolo porteño es la bajada escolar de la Ley 27.801 del nuevo Régimen Penal Juvenil, impulsada por Patricia Bullrich, que el Senado sancionó el 27 de febrero con 44 votos afirmativos y 27 negativos, y que el Gobierno de Javier Milei promulgó mediante el Decreto 138/2026. La norma, vigente desde el 5 de septiembre, bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y prevé penas de hasta 15 años de privación de la libertad.

Su implementación mostró improvisación desde el primer día: el Ministerio de Justicia de la Nación recién creó el programa para aplicarla mediante la Resolución 484/2026, veinte días después de su entrada en vigencia, con una coordinadora designada ad honorem, Débora Eliana Di Girolamo. En paralelo, las juezas Marta Pascual, de Lomas de Zamora, y Laura De Marinis, de la Ciudad de Buenos Aires, cuestionaron su aplicación; el fallo de De Marinis fue luego revocado.

Las advertencias técnicas tampoco faltaron. La Comisión del Fuero de Responsabilidad Juvenil del Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerense proyectó que el nuevo régimen puede incrementar entre un 40 y un 60% el volumen de causas penales juveniles en los centros urbanos.

UNICEF Argentina señaló que no existe evidencia de que bajar la edad de imputabilidad mejore la seguridad y remarcó que la inmensa mayoría de los conflictos con la ley protagonizados por adolescentes involucran delitos contra la propiedad. El juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, recordó durante el debate que “en América Latina sólo dos países tienen la edad de 16 años para poder castigar: la Argentina y Cuba”, precisamente los dos con las tasas de homicidios más bajas de la región.

Con este protocolo, la escuela deja de ser el último espacio de contención para miles de adolescentes y pasa a funcionar como un eslabón más de la cadena punitiva. Mientras el ajuste recorta programas sociales y equipos de orientación, la respuesta oficial frente a los conflictos juveniles vuelve a ser la misma: denuncia, policía y tribunales.

Lo que tenés que saber sobre la Resolución contra los estudiantes

  • La Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/26 obliga a los directivos porteños a denunciar hechos que pudieran constituir delitos de acción pública cometidos por alumnos mayores de 14 años.
  • La obligación alcanza también a hechos ocurridos fuera de la escuela si involucran a un estudiante del establecimiento.
  • El protocolo habilita el ingreso policial a las escuelas a pedido del colegio, por orden judicial o por fuerza mayor.
  • Ademys y UTE rechazaron la medida y advirtieron sobre la criminalización y estigmatización de las adolescencias.
  • La Ley 27.801, vigente desde el 5 de septiembre, bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y prevé penas de hasta 15 años.

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