CABA
EL lunes se reincorporan los docentes a las aulas en la ciudad pero continúan los reclamos
Desde los gremios plantean la deficiencia en protocolo y burbujas, en la infraestructura de cada escuela y proponen un regreso bimodal.
Los docentes se reincorporarán a las aulas en la Ciudad de Buenos Aires el próximo lunes tras el receso por vacaciones, aunque la expectativa está sobre todo puesta en el inicio de clases previsto para el miércoles 17 de febrero, mientras que los sindicatos siguen reclamando que se sumen nuevas demandas -como la reducción del número de chicos en cada ‘burbuja de grado’, por ahora establecida en 30 alumnos- en el marco de los protocolos de la llamada «presencialidad segura».
Según indicaron fuentes de la cartera educativa del Gobierno porteño, «el lunes se reincorporan los maestros y durante la semana se avanzará con las propuestas que cada escuela prepara para cumplir los protocolos que permitan una vuelta a la presencialidad segura», al tiempo que desde uno de los gremios docentes -la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE)- anunciaron que el mismo lunes 8 de febrero realizarán recorridas por establecimientos de la CABA con representantes del gremio, familias y especialistas en Seguridad e Higiene para determinar el estado de las instalaciones, cuestión que adquiere más relevancia a partir de la pandemia y en especial por la intención de iniciar el ciclo lectivo con presencialidad.
En este sentido, desde el ministerio que encabeza Soledad Acuña informaron que durante la semana que termina este viernes «se hicieron reuniones con unos 200 directivos de todos los niveles para conversar el detalle de los protocolos».
La administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta y los 17 gremios docentes con representación en el distrito porteño vienen manteniendo encuentros para terminar de definir la letra chica de los protocolos, aunque hasta el momento siguen existiendo reparos, reclamos (como la reducción de las burbujas por grado y la incorporación, para ello, de más cargos docentes y auxiliares por escuela) y recomendaciones por parte de los sindicatos de la educación de CABA.
Los gremios, aseguran, no se oponen al retorno a las aulas de manera presencial pero plantean que deberá concretarse a partir de un procedimiento que definen como «cuidado, gradual y bimodal (por la coexistencia a lo largo del año de enseñanza con presencia en el aula y actividades a distancia y remotas)».
«Nosotros no nos negamos a la presencialidad pero queremos un retorno cuidado, gradual y bimodal, en el que se evalúe la realidad de cada edificio educativo para ver si en todas las escuelas es posible garantizar el distanciamiento, la ventilación y la higiene suficiente y necesaria con los insumos suficientes y necesarios», aseguró la secretaria de Comunicación de UTE, Paula Galigniana.
La Ciudad, sólo en el ámbito de la gestión estatal, tiene bajo su órbita un total de 932 establecimientos educativos, que se dividen en los cuatro niveles (Inicial, Primario, Secundario, y Terciario No Universitario), a los que concurren unos 700.000 alumnos.
Los últimos encuentros entre la administración porteña y los representantes de los maestros se dieron a través de las denominadas «mesas chicas de los equipos técnicos». El temario central de esas reuniones, que se realizaron por videoconferencia, fue justamente la puesta en marcha de los protocolos.
Desde otro de los gremios docentes de la CABA, Ademys (por Asociación de Enseñanza Media y Superior, aunque incluye a docentes de todos los niveles), el secretario adjunto Jorge Adaro adelantó que el panorama para el retorno de los docentes el lunes próximo es complejo y que la situación «se encamina a un conflicto».
«El lunes (8 de febrero) hay que presentarse pero a la situación la vemos cada vez más difícil, y pensamos que esto se encamina al ingreso a un conflicto», aseguró Adaro.
«En tres días volvemos a las aulas y no hay protocolo definitivo, el protocolo que hay en danza no resuelve cuestiones básicas que nosotros hemos planteado», advirtió el referente sindical.
En tanto, Galigniana, desde la UTE, aseguró que la definición de esa organización sindical no es negarse a la presencialidad (por eso hablan de ‘bimodalidad’) y que por eso el gremio sostiene que el regreso de los alumnos tiene que ser «gradual».
La gremialista también planteó que las burbujas por grado que funcionarán en cada escuela deben tener menos de 30 chicos y que por eso, y dada la situación particular de la pandemia, exigieron la incorporación de más docentes por grado y de personal auxiliar por escuela.
«Para sostener cualquier tipo de retorno presencial se necesitan más cargos docentes y más cargos auxiliares», ratificó.
En sintonía con ese reclamo, Adaro, desde Ademys, también abogó por implementar burbujas de funcionamiento con menos alumnos: «Nosotros planteamos que haya burbujas más chicas, para lo cual deberían contratar más docentes», remarcó y además mencionó que otro de los reclamos está vinculado al «aspecto del transporte».
Por último, Adaro también aseguró que las burbujas no están pensadas en términos de los maestros, y puso un ejemplo: «Si un profesor de música va a la mañana a un colegio y está en cinco burbujas y a la tarde está en otro colegio con una situación similar, ante un contagio habría que aislar a 150 chicos, lo que es una locura».
«La única realidad es que el lunes nos tenemos que reincorporar a clases y no hay protocolo», cuestionó el dirigente de Ademys.
CABA
Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo
La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.
Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares
La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.
En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.
Criminalizar la infancia, una respuesta ligera
Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?
- Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
- Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
- Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.
El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.
El fantasma de las redes y la coartada perfecta
La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.
En la Ciudad, docentes vienen denunciando:
- Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
- Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
- Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.
Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.
Protocolos sin comunidad
El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.
Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.
Lo que no se dice
Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:
- ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
- ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
- ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?
La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.
Entre el control y el abandono
El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.
En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.
La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?
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