Legislativo
Especialistas contra la reforma electoral de Milei: es mala y «privatiza la política»
Un apartado del proyecto que deberá tratar el Congreso propone modificaciones en el sistema de elección de los diputados, en el financiamiento de los partidos políticos y la derogación de las PASO. Los expertos consultados por Télam fundamentaron sus críticas a los cambios.
El proyecto de ley ómnibus enviado por el presidente Javier Milei al Congreso contempla una reforma política que incluye modificaciones en el sistema de elección de los diputados, en el financiamiento de los partidos políticos y la derogación de las PASO, cambios que representan, según distintos especialistas, «malas soluciones» a problemas existentes y una suerte de «privatización» de las campañas electorales.
La iniciativa, compuesta por 664 artículos que abarcan unas 351 páginas, «propone malas soluciones a problemas que son reales», analizó en declaraciones a Télam el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, impulsor en 2009 de una reforma política que, entre otros aspectos, instituyó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como mecanismo de elección de los competidores en los comicios nacionales.
«A más de una década de su implementación, las PASO presentan grandes problemas. Uno de ellos es que están planteadas en fechas muy lejanas a las elecciones nacionales. Sin embargo, en lugar de mejorar ese aspecto, Milei decidió eliminarlas», evaluó Abal Medina, profesor titular de la materia «Sistemas Políticos Comparados» en la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
«A más de una década de su implementación, las PASO presentan grandes problemas. Uno de ellos es que están planteadas en fechas muy lejanas a las elecciones nacionales. Sin embargo, en lugar de mejorar ese aspecto, Milei decidió eliminarlas» – Juan Manuel Abal Medina
Abal Medina consideró también que el establecimiento de un sistema de elección de diputados nacionales con base en circunscripciones uninominales procura reemplazar un mecanismo fijado por medio de un decreto firmado a comienzos de la década del ’80 por el entonces dictador Reynaldo Bignone.
Aquella decisión definió en 254 -a los que se sumaron tres en representación de Tierra del Fuego en 1991- la cantidad de diputados que integrarían la Cámara, tomando en cuenta el censo de 1980.
Sin embargo, el exjefe de Gabinete (2011-2013) opinó que el método con el que busca ser reemplazado, que se trata de «una copia del sistema estadounidense, pone en riesgo la representación de las fuerzas minoritarias», a tal punto que hace dos años, en los comicios legislativos, «Milei no hubiera sido electo diputado» con ese sistema.
En efecto, el proyecto de ley establece en el artículo 443 de «Circunscripciones uninominales» que, de aprobarse -requiere para eso contar con la mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara, según la Constitución-, «los diputados nacionales serán elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado».
Así, cada distrito se dividirá en un número de circunscripciones igual al número de diputados que se eligen y «cada elector votará solamente por una lista integrada por un candidato titular y un candidato suplente que deben ser de diferente género». El sistema, así, deja sin efecto la llamada «lista sábana» de candidatos, en la que suelen ser conocidos los primeros candidatos de la nómina de postulantes, pero no tanto los restantes.
El proyecto indica en uno de sus artículos que el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000, con lo cual se modifica lo que se fijaba hasta ahora, que era un diputado por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500.
Además, al modificar el número de representación de los diputados que se postulen, otro de los artículos de la normativa señala que «la división de los distritos en circunscripciones será efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional» sobre la base del Censo de 2022.
El Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICaD) analizó que, «en cuanto al peso político» que tendrá cada distrito con la reforma, la provincia de Buenos Aires aumentaría su representación «sustancialmente» (de 70 a 97), tanto que llegaría al 40 por ciento de la composición total de la Cámara. En tanto, la ciudad de Buenos Aires dejaría de ser el segundo distrito para pasar a ser el cuarto. Por su parte, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta y Misiones tendrán una mayor representación, mientras que el resto de las provincias sufrirá una merma de legisladores.
«En un contexto político y social tan fragmentado como el argentino, este sistema motiva la competencia bipartidista por sobre los partidos más pequeños», opinó en declaraciones a Télam el politólogo Marcelo Leiras, investigador del Conicet, especialista en política comparada y director de la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés.
Además, al establecerse en la iniciativa que las listas de candidatos se integrarán con un candidato titular y un suplente, «los cuales deberán ser de diferente género», se pone en riesgo la vigencia de la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, que establece como requisito para la oficialización de listas de senadores y diputados nacionales la obligatoriedad de ubicar de manera intercalada mujeres y varones desde el primero hasta el último candidato suplente.
«En un contexto político y social tan fragmentado como el argentino, este sistema motiva la competencia bipartidista por sobre los partidos más pequeños» – Marcelo Leiras
«Con la elección por circunscripción (se) eliminan el cupo femenino y la representación de la minoría. Se puede dar el caso de una Cámara de Diputados con 100% de hombres y 100% de representantes de un mismo partido», advirtió, al hacerse eco de la reforma, el diputado nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U) Christian Castillo desde sus redes sociales.
Para el politólogo Diego Reynoso, investigador del Conicet y director de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), que sea el Ejecutivo el que establezca el trazado de los distritos en los que se dividiría una provincia al momento de una elección puede ser objeto de una manipulación que beneficie a un partido por sobre otro.
Reynoso dijo a Télam que un sistema como el que propone Milei solo se implementa en Panamá y, en parte, en México, donde, sin embargo, rige un mecanismo «mixto» de elección de los legisladores.
En función del resultado de los últimos comicios, Reynoso evaluó que la puesta en marcha de un sistema como el incluido en la llamada ley ómnibus «perjudicaría en algunos distritos al PRO y a la Unión Cívica Radical (UCR), y solo beneficiaría, eventualmente, al peronismo y a La Libertad Avanza (LLA), aunque en ese caso si obtiene números similares como los de la última elección».
Ante eso,el director de la ESPOP mencionó que la aprobación de esta modificación en el Congreso «puede ser difícil» para Milei.
Legislativo
Duro debate en el Senado por ley de tierras para extranjeros y desalojo de barrios populares
El Senado de la Nación volvió a debatir este miércoles el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, en una jornada que expuso las profundas contradicciones de una iniciativa que, bajo el rótulo de proteger la propiedad, habilita la venta de tierras argentinas a capitales extranjeros, acelera desalojos y amenaza con dejar a más de un millón de familias de barrios populares sin garantías habitacionales.
Tierra a la venta: LLA busca habilitar a extranjeros a comprar suelo argentino sin límites
★ El plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, fue escenario de un fuerte cruce entre la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Mientras el oficialismo apura los tiempos y busca emitir dictamen la semana próxima, la oposición y las organizaciones sociales advirtieron que el proyecto es un retroceso histórico en materia de soberanía territorial, derecho a la vivienda y protección ambiental.
Un proyecto con cinco bombas de tiempo
Presentado formalmente en el Congreso el 27 de marzo de 2026 bajo el expediente PE-13/2026, el proyecto fue defendido en una primera ronda de debates por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien lo enmarcó en los dos pilares que define el gobierno de Javier Milei: equilibrio fiscal y libertad económica.
Sin embargo, los cinco ejes centrales de la iniciativa despertaron alarmas incluso entre algunos aliados del Gobierno. El primero establece un mecanismo «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, con desalojos exprés que, según sus críticos, reducen garantías procesales a los ocupantes. El segundo, y quizás el más polémico, elimina los límites vigentes desde 2011 para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales en Argentina, una restricción sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner precisamente para preservar la soberanía territorial.
El tercer eje apunta a la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, derogando artículos impulsados en 2020 por el diputado Máximo Kirchner que impedían vender bosques nativos, humedales y áreas protegidas durante 60 años tras un incendio, y cambiaban el uso de suelos agrícolas incendiados por 30 años. El cuarto modifica la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana (conocida como ley de barrios populares), sancionada en forma unánime en 2018, que garantiza suspensión de desalojos y regularización dominial para los sectores más vulnerables. El quinto punto reforma el sistema registral inmobiliario.
Un millón de familias en riesgo
Las organizaciones TECHO, Cáritas, UTEP, CELS, La Garganta Poderosa y Hábitat para la Humanidad Argentina advirtieron en conjunto que el proyecto «representa un retroceso profundo sobre la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana y pone en riesgo el acceso progresivo a la propiedad, la vivienda y los servicios básicos de más de un millón de familias que viven en barrios populares en todo el país». Desde TECHO precisaron que la iniciativa, tal como fue redactada, «podría dejar a 2 millones de niños en situación de calle».
En la audiencia de este miércoles, el referente de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, Luciano Celsi, puso números concretos al drama habitacional que el proyecto ignora: «El 92% de las familias que vivimos en barrios populares no tenemos acceso formal al agua, el 97% no tiene acceso a la red cloacal y el 98% no tiene conexión al gas». Celsi fue contundente: «No apoyamos esta iniciativa».
El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, fue más allá y denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina». Señaló además que desde la derogación de la ley de alquileres los precios acumularon un aumento superior al 400% en dos años, y que los datos del INDEC confirman que los alquileres siguen subiendo por encima de la inflación cada mes.
El constitucionalista Daniel Sabsay también cuestionó la iniciativa y señaló que «genera fuertes dudas en cuanto a la protección del medioambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa al problema habitacional en el actual contexto económico».
Soberanía, fuego y el cruce Vilar-Bullrich
El momento más tenso de la jornada llegó con el enfrentamiento entre la ministra bonaerense de Ambiente, Daniela Vilar, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Vilar señaló que se «necesita tener presa» a Cristina Fernández de Kirchner para aprobar leyes que van en contra de la soberanía del país, en referencia a la presión judicial sobre la ex presidenta que coincide con el avance de reformas regresivas en el Congreso.
Bullrich respondió acusando a Vilar de utilizar la reunión de comisiones para hacer «un panfleto político» y afirmó que la ex presidenta «llegó hasta la Corte Suprema de Justicia» sin acatar su fallo. «Estamos en veredas enfrente», remató Bullrich, y aseguró que el oficialismo «defiende a los ciudadanos comunes», al mismo tiempo que atacó la gestión bonaerense señalando que la provincia de Buenos Aires tiene «más usurpaciones que en el resto del país».
Vilar, por su parte, había explicado antes del cruce que la Ley de Manejo del Fuego «no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios» y que «intenta desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso del suelo». El combatiente de incendios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro, Paulino Inalaf, planteó una pregunta que el oficialismo no respondió: si se aprueba el proyecto y se producen incendios para habilitar negocios inmobiliarios, «¿qué políticas tienen para asegurar la seguridad y la soberanía argentina?».
El peronismo señala prioridades distintas
El ex diputado peronista Santiago Igon resumió la posición opositora con claridad: «Esta ley no la estamos necesitando. Lo que sí necesitamos es que llegue el tercio que le corresponde a la provincia por impuestos al combustible para arreglar las rutas. Necesitamos una política a favor de que las economías regionales puedan resurgir».
El único expositor que respaldó el proyecto fue el abogado especializado en derecho administrativo Mariano Marcucci, quien consideró que la ley «avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado y va a favor de las garantías de los particulares».
Según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia NA, el oficialismo aspira a emitir dictamen la semana próxima, aunque la decisión dependerá de si consigue el apoyo de los bloques dialoguistas. La meta del Gobierno es llevar el proyecto al recinto en la última semana de abril o la primera de mayo.
Puntos clave
- El Senado debatió por segunda vez el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Milei, con exposición de más de veinte especialistas y referentes sociales.
- El proyecto elimina los límites para la compra de tierras por extranjeros vigentes desde 2011, modifica la ley de barrios populares y deroga protecciones ambientales post-incendio.
- Organizaciones como TECHO, Cáritas, UTEP y el CELS advierten que el texto podría dejar a más de un millón de familias sin garantías habitacionales y a 2 millones de niños en situación de calle.
- El titular de Inquilinos Agrupados denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina», en un contexto de alquileres que aumentaron más del 400% en dos años.
- El oficialismo busca emitir dictamen la semana próxima y llevar el proyecto al recinto antes de fin de abril, condicionado al apoyo de los bloques aliados.
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