Política 📢
Pettovello incumplió con el plazo judicial y se complica la causa alimentos
El operativo de reparto de alimentos no cuenta con el aval de la Justicia. La ministra incumplió con el plazo que le asignó el juez Sebastián Casanello para informar cómo se distribuirían los alimentos.
El Ministerio de Capital Humano inició más que tardíamente un operativo este viernes para distribuir los alimentos adquiridos por el gobierno de Alberto Fernández y almacenados en dos depósitos. Sin embargo, este operativo no cuenta con la aprobación del Poder Judicial. Cabe destacar que el gobierno de Javier Milei aún no derivó ni un centavo a la compra de alimentos.
Fuentes judiciales han revelado que el ministerio, dirigido por Sandra Pettovello, no cumplió con el plazo establecido por el juez Sebastián Casanello para informar sobre cómo se llevaría a cabo la distribución de los alimentos. Esta situación ya ha sido comunicada a la Cámara Federal, ya que podría constituir un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El juez Casanello y la fiscal Paloma Ochoa están investigando precisamente este presunto delito, que se habría cometido por no distribuir los alimentos antes de que se conociera la decisión del Ministerio de Capital Humano de hacerlo, tomada recientemente.
El pasado lunes, el juez Casanello emitió una medida precautoria en la que ordenaba la distribución de los alimentos destinados a comedores sociales y daba un plazo de 72 horas para que el ministerio diseñara e informara sobre un plan de distribución. No obstante, una vez vencido el plazo, los funcionarios de Pettovello no presentaron ningún plan de distribución.
En el contexto de una causa por incumplimiento, el hecho de no acatar una orden judicial implica una doble comisión del delito. El Gobierno apeló la decisión de Casanello y el juez concedió el recurso, pero esto no detuvo los plazos que se le habían otorgado.
Presidencia
Ajuste sin red: millones pierden subsidios y suben fuerte las tarifas de luz y gas
La reducción de subsidios energéticos reconfigura el esquema tarifario en Argentina: más hogares fuera del sistema de asistencia, subas en las boletas y revisión de padrones en medio de un proceso que traslada el costo del servicio directamente a los usuarios residenciales.
Lo que tenés que saber
- 2,1 millones de hogares dejaron de recibir subsidios eléctricos
- Cerca de 900.000 usuarios perdieron asistencia en gas
- Aumenta la cantidad de familias que paga tarifa plena
- El recorte se combina con subas sostenidas en las boletas
- Revisión de padrones eliminó registros considerados inconsistentes
- El gasto estatal en subsidios cayó más de US$5600 millones
- Crece el peso de servicios básicos en el ingreso familiar
Menos asistencia y mayor costo directo para los hogares
El sistema de subsidios energéticos atraviesa una reducción significativa que deja a millones de usuarios fuera de la asistencia estatal. La consecuencia directa es un aumento de hogares que deben afrontar el costo completo de la electricidad y el gas por redes.
La reconfiguración del esquema se da en paralelo a subas tarifarias que incrementan el gasto mensual en servicios esenciales, con un impacto directo sobre el presupuesto familiar.
Un nuevo esquema más restrictivo
El modelo de segmentación previo dio paso a un sistema simplificado que distingue únicamente entre hogares con subsidio y sin subsidio.
La asignación depende de cruces de datos de ingresos, consumo y patrimonio, con un límite de consumo bonificado y tarifa plena para excedentes.
Este cambio redujo la cobertura general del sistema y concentró la asistencia en una porción menor de usuarios.
Impacto en el bolsillo y estructura del gasto
El aumento del peso de las tarifas en el ingreso de los hogares se profundiza en un contexto de reducción de subsidios y recomposición de precios.
La mayor parte del costo de la energía pasa a ser cubierta directamente por los usuarios, lo que modifica la estructura del gasto mensual.
Depuración de padrones y exclusión de beneficiarios
La revisión de bases de datos eliminó miles de registros considerados inconsistentes, incluyendo casos de domicilios en barrios cerrados, registros duplicados y datos sin actualización.
El proceso redujo el universo de beneficiarios y endureció los criterios de acceso a la asistencia.
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