Legislativo
Ley ómnibus: el Congreso inició la conformación de las comisiones
«Tenemos el tiempo en enero de trabajar la mejor solución y seguramente nos pondremos de acuerdo», afirmó Menem.
El Congreso nacional inició en las últimas horas y avanzará la semana próxima con la conformación de las comisiones que deberán analizar la denominada «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos» enviada por el Poder Ejecutivo, que contempla la privatización de empresas públicas, cambios en el sistema electoral, reformas tributarias, la suspensión de la actual fórmula de movilidad jubilatoria y restricciones a las manifestaciones de protesta, entre otros puntos.
Fuentes parlamentarias estimaron que en el inicio de la semana próxima el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzará en la conformación -al menos- de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General, para abrir el debate parlamentario del proyecto enviado el miércoles último por el Poder Ejecutivo y que consta de 664 artículos.
«Soy optimista en que vamos a conseguir el quórum y en que antes del 31 de enero tengamos la primera parte de una nueva Argentina en materia de leyes. Tenemos el tiempo en enero de trabajar la mejor solución y seguramente nos pondremos de acuerdo», afirmó Menem esta mañana en declaraciones a Radio Mitre.
Si bien reconoció que «estamos ante la Cámara de Diputados más fragmentada de la historia», dijo «la intención es que se vote lo antes posible».
Para aplicar las normas incluidas en el proyecto, Milei pidió al Congreso que declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
De hecho, el Gobierno nacional incorporó además en el proyecto un artículo para ratificar el decreto de necesidad y urgencia de desregulación económica presentado la semana pasada por el Poder Ejecutivo.
El DNU 70/23, que contiene la derogación de una treintena de leyes y reformas a otras 300 normas, fue incluido en el articulo 654 de esa iniciativa girada a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo.
Si bien ese DNU se debe tratar en la Comisión Bicameral de Tramite Legislativo, la norma que entró en vigencia este viernes, posiblemente se trate primero en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Asuntos Constitucionales y de Legislación General de la Cámara de Diputados.
En la cámara baja, la atribución de determinar cuántas y cuáles serán las comisiones a conformar, es potestad del presidente del cuerpo, quien avanzaba en las últimas horas del viernes en acuerdos con los diferentes bloques para terminar de definir la integración de las mismas.
En tanto, los diputados de la oposición advirtieron que tienen que ser más las comisiones a conformar por el tenor de los temas incluidos en el proyecto de ley; y en ese marco aspiran a que por el heterogéneo contenido de los proyectos sean analizados por entre 20 y 23 de las 46 comisiones que conforman la Cámara.
En esa línea, el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, afirmó días atrás que en el oficialismo se habían preparado para trabajar con esas cuatro comisiones pero al conocer en detalle el proyecto aceptó que podrían tener que incorporar más.
Desde LLA, se estimaba que entre el jueves y el vieres estarían listas las cuatro comisiones que La Libertad Avanza aspira a presidir o bien dejar en manos de aliados, pero no hubo acuerdo y continuarán negociando la próxima semana para buscar mayores consensos.
Entre las comisiones que se podrían constituir además se encuentran las de Legislación Penal, Justicia, Turismo, Economías Regionales, Legislación del Trabajo, Energía; Finanzas, Transportes, Educación, Salud y Seguridad Interior.
La idea del bloque oficialista es trabajar en el marco de plenarios que comenzarán a reunirse a partir de la semana próxima, con la visita de funcionarios que expondrán por área, y con un borrador de cronograma en el que se pone al 25 de enero como fecha aspiracional para darle media sanción en el recinto.
En Senado, en tanto, se formalizó la convocatoria para que la próxima semana se inicie la actividad con un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales, para debatir el proyecto de Boleta Unica de Papel, e intentar dictaminar.
Para ello, los bloques no kirchneristas y la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, trabajaron en conjunto para designar a quienes serán los integrantes y los titulares de las comisiones que deberán estudiar la medida. Los casilleros de Unión por la Patria quedaron vacíos.
Se trata del oficialista riojano Juan Carlos Pagotto y el peronista disidente por Entre Ríos Edgardo Kueider, para encabezar Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales, respectivamente.
Enterada de la conformación de siete comisiones, la presidenta del bloque Unidad Ciudadana (Unión Por la Patria), Juliana Di Tullio, cuestionó: «La Presidenta del Senado, junto a la UCR, el PRO, partidos provinciales y algunos que son senadores gracias a la boleta del PJ se juntan para intentar desaparecer al peronismo violando la voluntad popular y repitiendo el vicio histórico de esta derecha rancia».
Además, LLA pretende que la semana que viene también se reúna otro plenario: el de Relaciones Exteriores y Presupuesto y Hacienda.
Esas comisiones deberán estudiar los convenios económicos internacionales firmados por el gobierno de Mauricio Macri con Japón, Luxemburgo, China, Emiratos Árabes Unidos y Turquía para evitar la llamada «doble imposición en materia de tributos sobre la renta y prevenir la evasión», que deben ser enviados al Congreso para su ratificación.
Esos convenios, si obtienen dictamen, serán puestos a consideración del pleno en la sesión prevista para el miércoles 10 o jueves 11 de enero.
El proyecto de Boleta única de papel (BUP), incluido en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias, fue votado en Diputados en junio de 2022 por casi toda la oposición por 132 votos a favor del radicalismo, el PRO, el peronismo disidente, la Coalición Cívica y LLA, además de bloques menores de identificación con partidos provinciales.
En contra votaron 104 diputados, en su mayoría del Frente de Todos, entonces el oficialismo, en tanto que la izquierda prefirió abstenerse.
Desregulación
La “Hojarasca” de Sturzenegger: desregulación con ideología y eliminación de leyes que protegen derechos
Bajo el disfraz de modernización, el Gobierno ataca la soberanía informativa y farmacéutica. El proyecto mezcla normas anacrónicas con normas de contenido político para facilitar su aprobación en bloque. Qué es lo que pretende derogar el ministro de Desregulación.
★ El Gobierno de Javier Milei reingresó al Congreso el proyecto de ley denominado «Hojarasca», una iniciativa del ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone derogar decenas de normas vigentes bajo el argumento de que constituyen regulaciones “obsoletas o burocráticas”.
Lo que el oficialismo presenta como una «limpieza» del digesto legislativo esconde, en varios casos concretos, el desmantelamiento de marcos normativos que protegen derechos sociales, culturales y económicos.
El proyecto que perdió estado y vuelve a la carga
El texto ingresó por primera vez en 2024 pero nunca llegó a tratarse en comisión y perdió estado parlamentario. Ahora, en este segundo intento, el Ejecutivo lo relanza con la misma lógica ideológica de origen: reducir la intervención estatal en la economía y en la vida social bajo el principio de que «todo está permitido, salvo lo expresamente prohibido».
La iniciativa propone derogar normas sancionadas entre 1864 y la actualidad, agrupadas en seis categorías: leyes que limitarían la libertad individual, leyes con trámites considerados inútiles, leyes superadas por normativa posterior, leyes obsoletas por cambios tecnológicos, leyes sobre organismos inexistentes y leyes que crean organismos con financiamiento público.
Una lógica ideológica, no técnica
El proyecto no es un ejercicio neutro de higiene legislativa. Es una declaración de principios del ala más dogmática del libertarismo. En sus propios fundamentos, el texto afirma que las regulaciones son producto de «corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX» y que el Estado debe regirse por «un principio de máxima libertad y no de máximo control».
Esa premisa no es técnica ni jurídica: es política. Y en función de esa premisa política, el Gobierno decide qué leyes merecen seguir en pie y cuáles no.
Lo que se llama «hojarasca» y no lo es
Entre las normas que el Ejecutivo rotula como «trámites inútiles» aparece la Ley N° 25.750 (2003), que establece que la propiedad de los medios de comunicación debe pertenecer a empresas nacionales y limita la participación del capital extranjero a un máximo del 30% del capital accionario. Derogar esa ley implica abrir la puerta a la extranjerización ilimitada del sistema de medios argentino, con consecuencias directas sobre la soberanía informativa y cultural del país.
También figura como «trámite inútil» la Ley N° 26.688 (2011), que declaró de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos. En el contexto de un Gobierno que ya desmanteló el Fondo de Sustentabilidad y recortó partidas del CONICET y de laboratorios públicos como el Laboratorio Industrial Farmacéutico, eliminar esta ley tiene un significado preciso: despejar el terreno normativo para la privatización de la producción farmacéutica.
Otro caso es la Ley N° 26.227 (2007), que creó el Consejo Federal de la Juventud, presentada como una «ley sobre organismos con financiamiento público que deberían autofinanciarse». El argumento es revelador: si el Estado no debe financiar políticas de juventud, tampoco debe financiar salud, educación ni cultura.
Normas anacrónicas que nadie defiende, y otras que sí importan
El proyecto mezcla, deliberadamente, normas genuinamente anacrónicas con normas de alto contenido político. Nadie discute que la Ley N° 94 (1864), que inhabilita a la autoridad que ordene azotar a una persona, o la Ley N° 21.895 (1978), que autorizó las emisiones de televisión en color, ya no tienen vigencia práctica. Su derogación no genera ningún debate sustantivo.
Pero esas normas funcionan como cobertura de las otras: al mezclarlas en un mismo proyecto, el Gobierno busca que la aprobación del conjunto arrastre también las normas políticamente sensibles. Es una técnica legislativa conocida y cuestionada.
Tampoco resulta inocente la inclusión de la Ley N° 18.312 (1969) sobre papel de diario o la Ley N° 19.787 (1972) sobre difusión musical, enmarcadas como «leyes que afectan libertades». El Gobierno aprovecha normas del período de facto para construir un relato según el cual «el intervencionismo» tiene raíces autoritarias, omitiendo que la mayoría de las regulaciones sociales y económicas que busca desmantelar fueron producto de gobiernos democráticos y de conquistas populares.
El Congreso como obstáculo a sortear
El proyecto vuelve al Congreso en un contexto en que el oficialismo no tiene mayoría propia ni en Diputados ni en el Senado. En 2024, la iniciativa no logró ni siquiera dictamen de comisión. La estrategia del Ejecutivo parece ser instalar el debate para forzar posicionamientos en un año electoral, más que garantizar su aprobación en el corto plazo.
La oposición tendrá que decidir si acepta discutir el proyecto norma por norma, con el riesgo de quedar atrapada en un debate sobre si el «padrinazgo presidencial del séptimo hijo» (Ley N° 20.843) debe o no existir, o si plantea el rechazo global de una iniciativa que, bajo una apariencia de modernización, avanza sobre derechos y soberanía.
Puntos clave:
- El proyecto «Hojarasca» fue reingresado al Congreso tras perder estado parlamentario en 2024 sin ser tratado.
- Propone derogar normas sancionadas entre 1864 y la actualidad, agrupadas en seis categorías.
- Entre las leyes que busca eliminar figura la que limita la extranjerización de medios de comunicación (Ley N° 25.750).
- También apunta contra la ley que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos (Ley N° 26.688).
- El proyecto mezcla normas anacrónicas con normas de contenido político para facilitar su aprobación en bloque.
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