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La Justicia tumbó el DNU que restringía el derecho a huelga: victoria de la CGT

La jueza Moira Fullana falló a favor del amparo presentado por la CGT y consideró inválidos los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025. El Gobierno había intentado ampliar la lista de “servicios esenciales” sin intervención del Congreso.

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La Justicia laboral declaró inconstitucional parte del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, dictado por el presidente Javier Milei, que limitaba el derecho a huelga en distintas actividades. La resolución fue firmada por la jueza Moira Fullana, quien hizo lugar al amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y consideró que el Ejecutivo violó principios constitucionales fundamentales.

El fallo cuestionó particularmente la incorporación de la marina mercante como “servicio esencial”, lo que implicaba restricciones al ejercicio del derecho a huelga. Para la magistrada, la medida no solo vulneró la libertad sindical, sino que también supuso una usurpación de facultades legislativas, ya que se intentó modificar una ley del Congreso por vía ejecutiva.

Invalidado por forma y por fondo

El decreto fue declarado inconstitucional por razones formales y sustanciales. En lo formal, Fullana sostuvo que el Poder Ejecutivo no demostró la existencia de “circunstancias excepcionales” que justificaran recurrir a un DNU, como exige el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. Además, el Congreso se encontraba en funcionamiento al momento de su dictado, lo que desactiva la condición de urgencia.

Tampoco se cumplió con el control posterior establecido por la Ley 26.122, ya que la Comisión Bicameral Permanente del Congreso no emitió dictamen dentro de los plazos previstos. El fallo recordó que este requisito no es meramente formal, sino un componente esencial del equilibrio republicano entre poderes.

El derecho a huelga y los límites del Ejecutivo

El DNU 340/2025 modificaba el artículo 24 de la Ley 25.877 sobre conflictos colectivos, ampliando la categoría de “servicios esenciales” a sectores como la marina mercante. Esa definición implica la obligación de mantener prestaciones mínimas y, en la práctica, restringe el derecho a huelga.

La CGT argumentó que esta medida violaba normas internacionales como el Convenio 87 de la OIT y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En ese marco, Fullana compartió el diagnóstico de que el Ejecutivo pretendió reemplazar al Congreso en la modificación de leyes vigentes, una potestad que la Carta Magna reserva al Poder Legislativo.

“La OIT ha sido clara en advertir contra la utilización extensiva del concepto de servicios esenciales, por su efecto represivo sobre los derechos laborales”, señaló el fallo. La ampliación por decreto de esa categoría fue considerada como una medida regresiva y sin respaldo jurídico adecuado.

Contexto político y sindical

La decisión judicial se conoció en medio de un clima de creciente conflictividad laboral. Desde inicios de año, el Gobierno impulsó una política de confrontación con las centrales obreras, con iniciativas como el protocolo antipiquetes, la eliminación de convenios y la criminalización de medidas de fuerza. El DNU ahora cuestionado formaba parte de esa ofensiva.

Para la CGT, el fallo representa una victoria jurídica en defensa del derecho a huelga. Fuentes sindicales señalaron que la decisión “reafirma que los derechos laborales no pueden ser recortados por decreto, sin pasar por el Congreso y sin respetar los tratados internacionales”.

Desde el oficialismo, aún no hubo una respuesta pública al fallo, aunque se descuenta que será apelado. El Gobierno ya enfrenta múltiples demandas contra otros decretos, entre ellos el DNU 70/2023, que también fue parcialmente frenado por la Justicia.

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ATE Capital en alerta y movilización: quieren retrasar pago del medio aguinaldo al 2027

¡EL AGUINALDO ES UN DERECHO Y SE DEBE PAGAR EN TIEMPO Y FORMA!.

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El Argentino Diario-Luis Toto Caputo.

En las últimas horas trascendió que el ministro de Economía, Luis Caputo, estaría evaluando postergar hasta el primer día hábil de enero el pago del medio aguinaldo de las y los trabajadores del Estado nacional que perciben salarios superiores a $1.400.000, con el objetivo de mejorar las cifras del déficit fiscal.


Esta posible medida representa un nuevo atropello a nuestros derechos, en un contexto de deterioro salarial, paritarias insuficientes y creciente endeudamiento de las familias trabajadoras.


Nos declaramos en estado de alerta y movilización. No vamos a permitir que nuestros salarios y derechos sigan siendo la variable de ajuste del Gobierno nacional.


¡EL AGUINALDO ES UN DERECHO Y SE DEBE PAGAR EN TIEMPO Y FORMA!

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