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Gremiales

La Justicia tumbó el DNU que restringía el derecho a huelga: victoria de la CGT

La jueza Moira Fullana falló a favor del amparo presentado por la CGT y consideró inválidos los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025. El Gobierno había intentado ampliar la lista de “servicios esenciales” sin intervención del Congreso.

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La Justicia laboral declaró inconstitucional parte del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, dictado por el presidente Javier Milei, que limitaba el derecho a huelga en distintas actividades. La resolución fue firmada por la jueza Moira Fullana, quien hizo lugar al amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y consideró que el Ejecutivo violó principios constitucionales fundamentales.

El fallo cuestionó particularmente la incorporación de la marina mercante como “servicio esencial”, lo que implicaba restricciones al ejercicio del derecho a huelga. Para la magistrada, la medida no solo vulneró la libertad sindical, sino que también supuso una usurpación de facultades legislativas, ya que se intentó modificar una ley del Congreso por vía ejecutiva.

Invalidado por forma y por fondo

El decreto fue declarado inconstitucional por razones formales y sustanciales. En lo formal, Fullana sostuvo que el Poder Ejecutivo no demostró la existencia de “circunstancias excepcionales” que justificaran recurrir a un DNU, como exige el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. Además, el Congreso se encontraba en funcionamiento al momento de su dictado, lo que desactiva la condición de urgencia.

Tampoco se cumplió con el control posterior establecido por la Ley 26.122, ya que la Comisión Bicameral Permanente del Congreso no emitió dictamen dentro de los plazos previstos. El fallo recordó que este requisito no es meramente formal, sino un componente esencial del equilibrio republicano entre poderes.

El derecho a huelga y los límites del Ejecutivo

El DNU 340/2025 modificaba el artículo 24 de la Ley 25.877 sobre conflictos colectivos, ampliando la categoría de “servicios esenciales” a sectores como la marina mercante. Esa definición implica la obligación de mantener prestaciones mínimas y, en la práctica, restringe el derecho a huelga.

La CGT argumentó que esta medida violaba normas internacionales como el Convenio 87 de la OIT y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En ese marco, Fullana compartió el diagnóstico de que el Ejecutivo pretendió reemplazar al Congreso en la modificación de leyes vigentes, una potestad que la Carta Magna reserva al Poder Legislativo.

“La OIT ha sido clara en advertir contra la utilización extensiva del concepto de servicios esenciales, por su efecto represivo sobre los derechos laborales”, señaló el fallo. La ampliación por decreto de esa categoría fue considerada como una medida regresiva y sin respaldo jurídico adecuado.

Contexto político y sindical

La decisión judicial se conoció en medio de un clima de creciente conflictividad laboral. Desde inicios de año, el Gobierno impulsó una política de confrontación con las centrales obreras, con iniciativas como el protocolo antipiquetes, la eliminación de convenios y la criminalización de medidas de fuerza. El DNU ahora cuestionado formaba parte de esa ofensiva.

Para la CGT, el fallo representa una victoria jurídica en defensa del derecho a huelga. Fuentes sindicales señalaron que la decisión “reafirma que los derechos laborales no pueden ser recortados por decreto, sin pasar por el Congreso y sin respetar los tratados internacionales”.

Desde el oficialismo, aún no hubo una respuesta pública al fallo, aunque se descuenta que será apelado. El Gobierno ya enfrenta múltiples demandas contra otros decretos, entre ellos el DNU 70/2023, que también fue parcialmente frenado por la Justicia.

Gremiales

El PAMI en llamas: médicos, jubilados y trabajadores se rebelaron contra el vaciamiento

El cierre del paro de 72 horas de médicos de cabecera coincidió este miércoles con una masiva concentración de jubilados y trabajadores frente a la sede central del organismo, en rechazo a los recortes que impulsa el gobierno de Javier Milei. La columna se desplazó luego hacia el Congreso en la marcha semanal del sector.

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Paro y movilización en el PAMI: médicos y jubilados contra el ajuste de Milei

Los médicos y médicas de cabecera del PAMI, nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), con el respaldo de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), completaron este miércoles un paro nacional de 72 horas que se extendió desde el lunes. La medida de fuerza generó la suspensión de consultas programadas, la interrupción de la emisión de recetas electrónicas y la falta de órdenes médicas. Solo se mantuvieron sin alteraciones los servicios de guardia y urgencias.

El eje del conflicto es la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, dictada el 9 de abril por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) bajo la gestión del gobierno de Milei. La normativa modificó el esquema de pagos a los médicos de cabecera: eliminó los honorarios por consulta presencial como fuente de ingreso y estableció como único pago una cápita fija de $2.100 por paciente por mes, reemplazando así el sistema mixto anterior que combinaba pago por cápita y por prestaciones realizadas.

Lejos de presentarse como un recorte, el gobierno del presidente Javier Milei definió la medida como un «ordenamiento» del sistema. Los médicos rechazaron de plano esa caracterización. Desde APPAMIA advirtieron que el cambio implica una reducción de sus ingresos de entre el 50% y el 52,5%, con estimaciones que indican que un médico que cobraba alrededor de $1.600.000 o $2.100.000 mensuales pasaría a percibir entre $800.000 y $1.400.000. «No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico», señalaron desde el gremio, según consignó MendoVoz.

El portal InfoGremiales detalló además que los médicos de cabecera se desempeñan sin relación de dependencia, con una carga horaria obligatoria de entre 25 y 28 horas semanales, sujetos a auditorías y asumiendo de su propio bolsillo todos los costos de funcionamiento de sus consultorios. La resolución fue dictada sin renegociación contractual previa, lo que abre la posibilidad de conflictos legales, según señalaron fuentes del sector consultadas por medios especializados.

«Se están muriendo los viejos»: jubilados en la calle

Mientras se desarrollaba el cierre del paro, el Plenario de Trabajadores Jubilados encabezó este miércoles una jornada de protesta frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde las 11 de la mañana, bajo la lluvia y con el lema «Sin retribuciones dignas y suficientes no hay posibilidad de brindar salud de calidad», los manifestantes instalaron una olla popular y dieron una conferencia de prensa para denunciar el vaciamiento del organismo.

En su comunicado, las organizaciones de jubilados fueron contundentes: «Milei, basta de robar en PAMI. ¡Se están muriendo los viejos! No puede haber un jubilado más sin sus medicamentos, sin su atención en Salud ni sin sus insumos. Rechazamos el vaciamiento del organismo, los despidos masivos y los cierres de las clínicas y exigimos el aumento de haberes», según difundió Ambito Financiero. Además, reclamaron la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y exigieron que la conducción del PAMI sea electa, con una auditoría a cargo de trabajadores y beneficiarios.

A las 15 horas, la columna se trasladó hacia el Congreso de la Nación, en la movilización semanal que el sector realiza todos los miércoles, para reiterar el reclamo por un aumento de emergencia en todas las escalas de las jubilaciones y la restitución del 100% de cobertura en medicamentos crónicos.

El programa Remediar y una deuda que supera los 500.000 millones

El conflicto en el PAMI no se redujo al esquema de pagos a médicos. El portal El Ágora Digital y la agencia Télam informaron que el reclamo de los jubilados se enmarcar en una serie de recortes que impactan directamente sobre sus prestaciones. El más reciente fue la suspensión del programa Remediar, confirmada por el gobierno de Milei la semana pasada. Ese programa, creado hace 24 años, llegó a cubrir el 90% de las patologías frecuentes y crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias. Finalizó el 1° de abril, con una prórroga de dos meses, y será reemplazado por una cobertura de menor alcance, según informó la Dirección Nacional de Medicamentos en la última reunión del Consejo Federal de Salud (CoFeSa).

Según reportó el portal Tiempo Argentino, la deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, lo que derivó en restricciones en clínicas y sanatorios, cupos para estudios diagnósticos y demoras de hasta cuatro meses para la asignación de turnos. En la provincia de Misiones, trabajadores denunciaron demoras en la provisión de medicamentos gratuitos y en servicios de oftalmología; ópticas de la provincia suspendieron prestaciones reclamando el pago de deudas acumuladas.

Frente a la escalada del conflicto, el Gobierno nacional anunció en las últimas horas la transferencia de 150.000 millones de pesos para regularizar pagos a prestadores. Sin embargo, el monto fue considerado insuficiente por organizaciones del sector, que advierten que la crisis estructural requiere medidas de fondo y no parches coyunturales.

El Congreso presiona al Ejecutivo

La tensión también llegó al ámbito legislativo. La senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo presentó en el Senado un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique de manera urgente la situación del PAMI, en particular frente al corte de prestaciones médicas que afecta a afiliados en todo el país. En paralelo, impulsó un proyecto de declaración para expresar la preocupación del Congreso por los recortes y la falta de pago de prestaciones que, según advirtió, están dejando sin cobertura a miles de adultos mayores, con impacto especial en la provincia de Córdoba, según informó Parlamentario.

Legisladores nacionales también solicitaron que las autoridades del organismo concurran al Congreso para dar explicaciones sobre los cambios en el sistema de atención.

El ajuste sobre los jubilados, en números

El escenario que expone el conflicto en el PAMI es una radiografía del ajuste estructural impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo y respaldado por el presidente Javier Milei. El portal El Ciudadano de Rosario sintetizó el diagnóstico: con menos recursos, el sistema se debilita, crecen los problemas y el impacto vuelve a caer sobre los jubilados, quienes cada vez tienen más dificultades para acceder a la atención.

Desde APPAMIA, el plan de lucha no descarta avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado si el gobierno no deroga la Resolución 1107/2026, incrementa las retribuciones y reincorpora a los profesionales cesanteados.

Puntos clave

  • Los médicos de cabecera del PAMI completaron un paro nacional de 72 horas contra la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, que según APPAMIA recorta sus ingresos entre un 50% y 52,5%.
  • Jubilados y trabajadores movilizaron este miércoles frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, con olla popular y conferencia de prensa, y luego marcharon al Congreso.
  • El programa Remediar, que cubría el 90% de patologías crónicas frecuentes, fue suspendido por el gobierno de Milei a partir del 1° de abril.
  • La deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, según Tiempo Argentino, con restricciones en clínicas, cupos para estudios y demoras de hasta cuatro meses.
  • La senadora Alejandra Vigo presentó un pedido de informes en el Senado y un proyecto de declaración ante la gravedad del recorte en prestaciones para adultos mayores.

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