Defensa
Polémica por la orden de Petri: habilitó a las FFAA a detener civiles
No se difundió documentación oficial que reglamente la nueva disposición.
El ministro de Defensa, Luis Petri, anunció que autorizó a las Fuerzas Armadas (FFAA) a detener de forma transitoria a civiles que cometan delitos en flagrancia. La medida generó una inmediata controversia entre juristas y exministros de Defensa, quienes calificaron la iniciativa como «ilegal» y «contraria a la legislación vigente».
El anuncio de Petri y su justificación
Desde sus redes sociales, Petri defendió la resolución con un fuerte mensaje político: “Es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar”. Afirmó además que la ley autoriza a las FFAA “a reforzar el control de fronteras” y que la posibilidad de detención en casos de flagrancia “está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la Nación”.
El ministro ratificó su postura con otro mensaje publicado ayer: “Sólo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas. Todos los países limítrofes con Argentina usan a sus Fuerzas Armadas para el control y vigilancia de sus fronteras. EEUU lo acaba de anunciar en enero, ¿por qué acá algunos se escandalizan?”.
Hasta el momento, Petri no ofreció mayores precisiones ni documentos oficiales que detallen el alcance de la medida.
Duras críticas de López Murphy, Jaunarena y Sabsay
El exministro de Defensa Ricardo López Murphy cuestionó duramente la decisión de Petri en declaraciones al diario Clarín. Recordó que la ley de Seguridad Interior “impide el empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de misiones” y subrayó que “una ley tiene jerarquía superior a un decreto y a una resolución”.
“El personal militar no tiene función policial. Además, estamos sustrayendo a las Fuerzas del cumplimiento de su misión específica”, agregó el actual diputado de Hacemos Coalición Federal. López Murphy calificó la medida como “absolutamente innecesaria”, al considerar que Argentina posee una de las mayores tasas de personal de seguridad en relación a su población. “Se debería destinar a cada fuerza a su misión específica, con organización, equipamiento y adiestramiento adecuados”, reclamó.
Horacio Jaunarena, también exministro de Defensa, coincidió en su rechazo. Consideró que la iniciativa es “contraria a lo estipulado por las Leyes de Defensa y Seguridad Interior” y recordó que una resolución ministerial “no es suficiente” para alterar una ley vigente. “Por más que las intenciones sean buenas y que la ley esté obsoleta”, remarcó.
Jaunarena propuso como solución que el Gobierno y los legisladores “se aboquen a modernizar el plexo normativo” a través de los consensos necesarios para un control efectivo de las fronteras.
El abogado constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo en Radio Rivadavia que las FFAA “están para detener ataques desde el exterior” y “no para detener civiles”. Cuestionó la posibilidad de que una resolución secreta modifique el rol militar: “Espero que esto no sea cierto. De ser así es ilegal porque una ley debe ser modificada por otra ley, no por un decreto o una resolución secreta”. Sabsay enfatizó que “las leyes secretas” no tienen cabida en un régimen democrático.
Debate abierto en torno al rol militar en seguridad interior
La medida de Petri revivió un debate histórico sobre los límites constitucionales del accionar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. La ley de Defensa Nacional, sancionada en 1988 tras el retorno de la democracia, establece de manera explícita que las FFAA no pueden involucrarse en asuntos de seguridad interna, salvo en situaciones excepcionales autorizadas por el Congreso.
Por ahora, la iniciativa del ministro se sostiene únicamente en sus declaraciones públicas, sin documentos oficiales difundidos. La falta de precisión jurídica alimenta la incertidumbre sobre su implementación práctica.
Defensa
“Son pobres y están endeudados”: ATE paró y marchó al corazón de la crisis salarial de Defensa
El gremio que agrupa al personal civil de las Fuerzas Armadas declaró un paro total de actividades y convocó a una movilización para exigir reapertura de paritarias, financiamiento de la OSFA y la reversión del cierre de la Base Aeronaval Punta Indio. La medida llega un día después de que ATE rechazara la oferta del Gobierno que UPCN aceptó.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó este jueves un paro total de actividades del personal civil de las Fuerzas Armadas y encabezó una movilización al Ministerio de Defensa para exigir una recomposición salarial urgente. La medida de fuerza comenzó a las 11 y alcanzó a administrativos, técnicos, docentes civiles y trabajadores de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), según informó el propio sindicato.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sintetizó sin eufemismos la situación del sector: «El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso tomamos esta medida extrema». El dirigente advirtió que los ingresos actuales resultan insuficientes para afrontar los gastos de alimentos, alquileres y servicios de las familias del sector.
Básicos que no llegan a los $403.000 y deudas que crecen
ATE precisó que el salario del personal civil se determina por nivel y antigüedad mediante una Unidad Retributiva actualizada en paritarias, y señaló que existen categorías con básicos cercanos a los $402.396. Esa cifra, medida contra la inflación acumulada desde diciembre de 2023, representa una pérdida real de poder adquisitivo que el gremio califica como insostenible.
Las consecuencias, según el sindicato, ya son visibles en la salud de los propios trabajadores: la organización alertó sobre un crecimiento de las licencias por depresión, angustia y agotamiento directamente ligado al deterioro económico del sector. El endeudamiento creciente de los trabajadores es el otro síntoma que el gremio puso sobre la mesa como evidencia del colapso salarial.
La OSFA, desfinanciada y con deuda millonaria
El reclamo gremial no se limita a los salarios. ATE denunció el desfinanciamiento de la OSFA y exigió una investigación sobre una deuda que, según sostuvo, supera los $223.000 millones. El gremio también alertó sobre la salida de profesionales de los hospitales militares y las crecientes dificultades para cubrir vacantes en la planta docente civil, ambas consecuencias directas de los niveles salariales vigentes.
La conducción nacional de ATE subrayó además que el reclamo no apunta solo al personal civil. El sindicato aseguró actuar en respaldo de las demandas del personal militar, que por su condición institucional carece de representación gremial propia y no puede expresar públicamente su malestar a través de los canales habituales de protesta.
El cierre de la Base Aeronaval Punta Indio, otra línea de fuego
La protesta incorporó también el rechazo explícito al cierre de la Base Aeronaval Punta Indio, anunciado por el Gobierno en el marco de un proceso de reestructuración de las Fuerzas Armadas. ATE advirtió que esa decisión pondría en riesgo más de 180 puestos de trabajo civiles y unos 250 efectivos militares, con un impacto directo sobre la actividad económica de los municipios de Punta Indio y Verónica.
El cierre de una base operativa de esas características no solo implica la destrucción de empleos, sino también la pérdida de capacidades estratégicas que el propio Ministerio de Defensa tardó décadas en construir. La decisión contrasta con el discurso oficial sobre la modernización de las Fuerzas Armadas y fue interpretada por ATE como parte de un ajuste que recae sobre los sectores más vulnerables de la estructura de defensa.
El rechazo a la oferta oficial y la fractura con UPCN
La movilización se realizó un día después de que ATE rechazara la última oferta salarial presentada por el Gobierno para los empleados estatales, en una instancia en la que UPCN aceptó la propuesta oficial. La fractura entre los dos gremios más representativos del sector público volvió a quedar en evidencia, profundizando una grieta que se repite en cada instancia paritaria desde el inicio de la gestión libertaria.
Para ATE, los aumentos del 1,7% mensual entre septiembre y diciembre, más sumas extraordinarias incluidas en la oferta, no alcanzan para compensar la inflación ni para revertir la pérdida de poder adquisitivo acumulada. El gremio exigió la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias y cuestionó las condiciones laborales generales en el ámbito del Ministerio de Defensa.
El escenario no es nuevo. Desde diciembre de 2023, el personal civil de las Fuerzas Armadas acumula una caída real de ingresos que ninguna actualización trimestral logró revertir. El ajuste fiscal que el Gobierno presenta como logro macroeconómico tiene nombre y apellido en cada cuartel, hospital militar y base aeronaval del país.
Puntos clave
- ATE declaró paro total del personal civil de las Fuerzas Armadas y movilizó al Ministerio de Defensa el 27 de agosto de 2026.
- El secretario general Rodolfo Aguiar afirmó que el 99% de los trabajadores del sector son pobres y están endeudados.
- ATE denunció una deuda de la OSFA que supera los $223.000 millones y exigió su investigación.
- El gremio rechazó el cierre de la Base Aeronaval Punta Indio, que afectaría a más de 430 puestos entre civiles y militares.
- ATE rechazó la oferta del 1,7% mensual que UPCN aceptó y exigió la reapertura de las paritarias estatales.
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