Comunidad 👥
Aprueban prórroga contra desalojos en barrios populares
El proyecto impide que, durante los próximos diez años se puedan llevar a cabo los desalojos judiciales de terrenos en los que se hayan levantado los mencionados asentamientos.
El Senado de la Nación aprobó hoy, y convirtió en ley, la reforma de la norma de integración socio-urbana de Barrios Populares, al prorrogar por diez años la suspensión de los desalojos de esos terrenos ocupados de manera precaria.
La iniciativa fue respaldada por 64 votos a favor y uno en contra, ante la mirada de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, que siguió el debate desde una de las gradas del hemiciclo de la Cámara alta.
El proyecto obtuvo el respaldo del oficialismo y de la oposición, aunque la única que votó en contra fue la macrista cordobesa Carmen Álvarez Rivero.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista jujeño Guillermo Snopek, defendió el proyecto argumentando que se busca una “ampliación del plazo para darle tranquilidad a los argentinos cuyo futuro pende de una orden de desalojo”.
“De este modo, resguardamos de la incertidumbre a quienes se encuentran en esa situación”, aseguró el representante del Frente de Todos.
La iniciativa promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Asimismo, propone ampliar el alcance de la norma sancionada en 2018 declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios, prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda, y agilizar los procesos administrativos.
En tanto, la porteña Guadalupe Tagliaferri, de Juntos por el Cambio, afirmó que “esta es una política de Estado que no empezó hoy, sino en 2016 (durante el gobierno de Cambiemos), porque para resolver los problemas de la gente tenemos que hacerlo con la verdad y dejar de ocultar a cinco millones de pobres vulnerables con su hábitat domiciliario bajo la alfombra”.
“Va a llevar treinta años resolver esto, pero empezamos a ponerlo en la agenda en 2016 cuando empezamos a relevar cuántos barrios populares había en la Argentina”, aseveró.
El proyecto apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.
Además, se incorpora la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano al conjunto de acciones comprendidas dentro de la “integración socio urbana”, definida en el artículo 1 de la ley 27.453.
Asimismo, se establece que los habitantes de los barrios populares que integran el Renabap tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación.
La vicejefa del interbloque del Frente de Todos, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, destacó que esta “es una ley que surgió de las organizaciones en los barrios” que fue “muy militada, consensuada y luchada en las calles”.
“La política escuchó ese reclamo, y esa ley salió. Lo bueno es que pasaron dos gobiernos de distintos signos políticos y estamos juntos generando certezas”, abogó.
Por su parte, el jefe del bloque radical, Luis Naidenoff, enfatizó que “hay cinco millones de argentinos que viven en vulnerabilidad extrema” e indicó que “esto demuestra lo lejos que se está de alcanzar un piso mínimo de dignidad”.
“El problema es cuando un problema se naturaliza. En la medida en que naturalicemos eso, el lugar de nacimiento condiciona la potencialidad de las personas”, insistió.
Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho.
También se declara la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana por el plazo de dos años desde la entrada en vigencia de la presente norma.
Finalmente, se establece que el 75 %, como mínimo, de los fondos del fideicomiso deberán destinarse a la urbanización e integración socio urbana de los asentamientos y Barrios Populares; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.
Ciencia 🧬
Científicos de la UBA buscan detectar trastornos del neurodesarrollo con un análisis de sangre
Un equipo del Laboratorio de Sinapsis y Neurobiología Celular de la Facultad de Ciencias Médicas trabaja en el desarrollo de biomarcadores que permitirían identificar patologías como el TGD sin secuenciación genómica. La investigadora Verónica Báez advierte que la mayoría de los pacientes nunca recibe un diagnóstico preciso porque los estudios son costosos y las obras sociales no los cubren.
Un equipo científico de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET avanza en el desarrollo de una herramienta de diagnóstico que podría transformar la forma en que se detectan los trastornos del neurodesarrollo en niñas y niños argentinos: una simple muestra de sangre, sin necesidad de secuenciación genómica ni equipamiento de alta complejidad. La investigación, que ya obtuvo resultados positivos en modelos animales publicados en revistas internacionales, se encuentra actualmente en la fase de recolección de muestras biológicas de voluntarios de la población general.
Un diagnóstico que llega tarde, o nunca
Las patologías del neurodesarrollo se agrupan en Argentina bajo el paraguas clínico de los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), una categoría amplia que, en la práctica, deriva en tratamientos de ensayo y error. Un niño con dificultades motoras va a fisioterapia; uno con problemas cognitivos, a psicopedagogía; ante convulsiones, se prueban anticonvulsivantes hasta dar con el que funciona. El sistema trata síntomas porque, en la mayoría de los casos, no sabe cuál es la causa.
«La mayoría de los pacientes queda sin un diagnóstico certero de la causa. Lo que se hace es tratar los síntomas que va teniendo el paciente», explicó Verónica Báez, docente e investigadora de la UBA y el CONICET, quien dirige el proyecto. La especialista señaló que solo quienes concurren a clínicas especializadas y pueden costear una secuenciación genómica obtienen un diagnóstico preciso: «Pocas familias pueden acceder a este tipo de estudios, dado que muchas obras sociales no los cubren y terminan siendo muy costosos».
El contexto regional agrava el cuadro. «De todos los niños y niñas que tenemos en Argentina con patologías del neurodesarrollo, son muy pocos los que podemos diagnosticar. Y en Latinoamérica son muchísimo menos», subrayó Báez.
Buscar en la sangre lo que ocurre en el cerebro
La propuesta del equipo es rastrear en muestras de sangre las huellas de ciertas proteínas sinápticas, es decir, propias de la sinapsis, la estructura donde las neuronas se comunican entre sí. En particular, el laboratorio trabaja sobre los receptores NMDA, que controlan la plasticidad sináptica: la capacidad del cerebro para cambiar, adaptarse y aprender, formar recuerdos y mantener estables las conexiones cerebrales. Cuando estas proteínas se desregulan o fallan, los circuitos cerebrales se desequilibran, un mecanismo directamente vinculado a trastornos del neurodesarrollo y enfermedades neurodegenerativas.
«Lo que detectamos es que hay ciertas cosas que se modifican en la sangre cuando una persona tiene una de estas patologías», precisó Báez. Si bien la concentración de estas proteínas en sangre es notablemente menor que en tejido cerebral, el equipo ya pudo verificar su detectabilidad en modelos animales. El paso siguiente es establecer valores de referencia en personas sanas para luego contrastarlos con los de niños y niñas que presentan trastornos sin diagnóstico específico. Cualquier desviación relevante de esos rangos podría constituir una alerta clínica.
Democratizar el diagnóstico: menos costo, más acceso
El objetivo declarado de la investigación no es encontrar una cura, sino abrir una puerta que hoy permanece cerrada para la mayoría de las familias. «Queremos dejar en claro que esta investigación no va a impactar en la cura, pero puede haber un diagnóstico y un tratamiento acertados, que es muy importante», enfatizó Báez.
En un país donde el desfinanciamiento de la ciencia pública avanzó en los últimos años sobre presupuestos universitarios y sobre el CONICET, la apuesta de este equipo representa una respuesta concreta al desafío de sostener investigación aplicada con impacto social en condiciones adversas. Un test de sangre accesible, sin equipamiento de alta complejidad, podría acortar drásticamente los tiempos de diagnóstico y habilitar intervenciones tempranas, que son las que mejoran de manera sustantiva la calidad de vida de los niños y sus familias.
El proyecto se desarrolla en el Laboratorio de Sinapsis y Neurobiología Celular del Instituto de Biología Celular y Neurociencia de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA y el CONICET, y actualmente se encuentra en la etapa de recolección de muestras de la población general, paso previo indispensable para validar el método en humanos.
Puntos clave
- El equipo de la UBA-CONICET busca detectar trastornos del neurodesarrollo mediante biomarcadores en sangre, sin necesidad de secuenciación genómica.
- La mayoría de los pacientes con TGD en Argentina no recibe diagnóstico preciso por el alto costo de los estudios genéticos y la falta de cobertura de las obras sociales.
- Los resultados positivos en modelos animales ya fueron publicados en revistas científicas internacionales; la fase actual trabaja con voluntarios humanos.
- La investigadora Verónica Báez advierte que en Latinoamérica el déficit de diagnóstico es aún más grave que en Argentina.
- El objetivo es facilitar un diagnóstico temprano y accesible que permita tratamientos adecuados, no una cura para los trastornos.
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