El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezaron este martes dos reuniones por videoconferencia con 17 gobernadores y ministros provinciales para avanzar en la implementación del llamado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, más conocido como “dólar colchón”. La propuesta oficial apunta a que las personas físicas puedan volcar sus dólares no declarados al sistema económico sin penalidades ni demasiados controles.

Según confirmaron fuentes oficiales, Caputo brindó detalles técnicos del régimen de blanqueo que el Gobierno impulsa para canalizar esos fondos hacia el mercado inmobiliario, automotor y otras actividades de consumo. El objetivo declarado es dinamizar las economías regionales sin necesidad de asistencia del Tesoro.

El encuentro se desarrolló en la Casa Rosada, con la participación del vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y del director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo. El Gobierno intenta garantizar que las provincias no impongan trabas legales o fiscales al plan, que exige coordinación jurisdiccional para funcionar.

Un plan con sabor a blanqueo

Aunque el Ejecutivo evita el término “blanqueo”, la iniciativa contiene elementos similares: permite declarar dólares guardados fuera del sistema —en cajas de seguridad, domicilios o incluso en el exterior— sin exigir su justificación. A cambio, los fondos podrían destinarse a la compra de inmuebles, vehículos o instrumentos financieros con beneficios impositivos y sin investigaciones patrimoniales.

En la práctica, se trata de un régimen que incentiva la legalización de activos sin declarar, una herramienta que gobiernos anteriores utilizaron con diferentes matices. Durante la gestión de Mauricio Macri, un blanqueo de capitales en 2016 permitió declarar más de USD 116.000 millones. En ese entonces, el propio Caputo se benefició del régimen, lo que generó controversias políticas.

Kicillof rechazó el plan y advirtió sobre delitos fiscales

La primera gran oposición pública al plan surgió desde la provincia de Buenos Aires. Su gobernador, Axel Kicillof, se mostró escéptico frente a la propuesta del Gobierno nacional y advirtió que en su jurisdicción se mantendrán los controles impositivos.

“Parece más una estrategia para legalizar fondos sin origen claro”, sostuvo el mandatario bonaerense. “Si alguien sistemáticamente empieza a comprar propiedades o depositar sumas importantes y no tiene cómo justificarlo, eso sigue siendo delito”, añadió, dejando en claro que el plan podría colisionar con normativas vigentes contra el lavado de dinero.

La postura de Kicillof encontró eco entre otros mandatarios que no participaron de las reuniones, como Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Tampoco asistió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Apoyos discretos y una pulseada que sigue

Los gobernadores presentes en las reuniones virtuales integran el grupo de mandatarios menos confrontativos con la gestión de Javier Milei. Entre ellos estuvieron Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), entre otros.

Aunque no hubo un apoyo explícito, el Gobierno apostó a que la presentación técnica sirviera para evitar bloqueos legislativos o normativos en las provincias. En varias de ellas, como Córdoba, San Juan o Santa Cruz, los ministros provinciales acudieron en nombre de los gobernadores.

Desde el Ejecutivo dejaron trascender que esperan una futura reunión presencial para sumar a otros mandatarios, incluso a los reticentes, y terminar de cerrar un pacto político que permita poner en marcha el plan antes del segundo semestre.

Un país dolarizado desde abajo

Argentina cuenta con al menos USD 265.000 millones en dólares físicos fuera del sistema, según estimaciones del INDEC y el Banco Central. La dolarización informal es un fenómeno estructural que refleja la desconfianza crónica en el peso, pero también la falta de mecanismos efectivos para atraer esos recursos al circuito productivo.

Mientras el Gobierno apuesta al incentivo, algunos especialistas alertan sobre los riesgos de un blanqueo sin filtros. “Una medida de este tipo sin controles puede transformarse en una ventana para legalizar dinero ilícito”, advirtió Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria Consultores, en declaraciones a Ámbito Financiero.

El plan oficial, presentado como una solución pragmática, reabre el debate sobre el equilibrio entre incentivo fiscal y justicia tributaria. Por ahora, la pulseada entre Nación y provincias sigue abierta.