Organizaciones de jubilados volverán a manifestarse este miércoles desde las 17 en las inmediaciones del Congreso Nacional para exigir mejoras en los haberes previsionales, la restitución de los medicamentos gratuitos provistos por el PAMI y el rechazo al veto presidencial que impidió la aplicación de una ley de aumento.

La marcha, que se repite cada miércoles desde hace meses, se reforzó luego de que el presidente Javier Milei vetara por “inharmoniosa” la norma aprobada por el Congreso que otorgaba un incremento por encima de la fórmula oficial de movilidad. El Gobierno consideró que la medida era “fiscalmente irresponsable” y que beneficiaba “a un grupo en detrimento del equilibrio general del sistema”.

Resistencia pacífica, represión policial

La movilización se realizará bajo un fuerte operativo de seguridad, en cumplimiento del llamado “protocolo antipiquetes” implementado por el Ministerio que conduce Patricia Bullrich. El miércoles pasado, la policía reprimió a los manifestantes y detuvo a al menos cinco personas, entre ellas fotógrafos de medios nacionales que cubrían la protesta.

“Estamos luchando por el derecho a vivir con dignidad, no es un privilegio, es un derecho constitucional”, sostuvo Dora Martínez, referente del movimiento de jubilados autoconvocados, durante la última marcha.

La brutalidad policial también fue denunciada por organizaciones de derechos humanos como el CELS y por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), que exigieron la inmediata liberación de los reporteros detenidos y el cese de la criminalización de la protesta social.

El respaldo de movimientos sociales y la izquierda

La convocatoria de este miércoles sumará nuevamente el apoyo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), liderada por Esteban “Gringo” Castro, y de agrupaciones vinculadas a la izquierda, como el Polo Obrero, Barrios de Pie y el MST.

En un comunicado conjunto, los organizadores advirtieron que el veto presidencial profundiza la situación de emergencia que viven los adultos mayores, quienes han perdido más del 40% de su poder adquisitivo desde diciembre, según estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad.

El Gobierno, en tanto, defendió su política previsional asegurando que con el bono mensual y la fórmula vigente, “los jubilados están mejor que antes”. Sin embargo, la mayoría de los haberes mínimos no alcanzan el valor de una canasta básica para adultos mayores, que según el último informe del CESO superó los $275.000.

El conflicto previsional se vuelve foco de tensión política

La polémica por el veto presidencial también reavivó el debate en el Congreso. Diputados de Unión por la Patria, la UCR y Hacemos Coalición Federal anunciaron que buscarán insistir con la ley vetada, aunque necesitarán dos tercios de los votos en ambas cámaras para revertir la decisión del Ejecutivo.

Desde la izquierda, Myriam Bregman denunció que “el presidente Milei está ajustando sobre los sectores más vulnerables mientras mantiene intactos los privilegios del sistema financiero”.

La marcha de este miércoles se enmarca en un contexto de creciente tensión social, donde jubilados, trabajadores informales y estatales coinciden en sus críticas al plan de ajuste impulsado por el gobierno libertario.