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Legislativo

Insólito: el mileísmo se quedó con la Comisión de Libertad de Expresión

Esta designación en la Cámara baja se produce en el contexto de las acusaciones que el presidente Javier Milei tuvo en los últimos días con trabajadores de prensa, figuras periodísticas y dueños de medios de comunicación.

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La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados quedó presidida por la legisladora salteña María Emilia Orozco de La Libertad Avanza (LLA), lo que implica un cambio en una tradición parlamentaria en base a la cual se convenía que la titularidad de este organismo debía quedar en manos de algún sector opositor. 

Esta designación en la Cámara baja se produce en el contexto de las acusaciones que el presidente Javier Milei tuvo en los últimos días con trabajadores de prensa, figuras periodísticas y dueños de medios de comunicación.

La primera reunión de la comisión, llevada a cabo el pasado jueves 18 de marzo, había sido presidida por el diputado Christian “Chipi” Castillo del Frente de Izquierda –por ser vicepresidente primero- como consecuencia de las tensiones al interior de LLA que aún no había consensuado quién ocuparía ese puesto.

Finalmente, Orozco tomó el lugar este jueves luego de ser postulada por el diputado nacional de LLA,  Bertie Benegas Lynch, quien fundamentó esta nominación en la condición de licenciada en comunicación social y especialista en comunicación digital que ostenta la legisladora salteña.

Según fundamentó el dirigente libertario ante los demás integrantes de la Comisión, Orozco reúne las credenciales necesarias para encabezar este organismo parlamentario por su conocimiento en redes sociales que son en la actualidad “un medio de comunicación más”.

“Soy nueva en esto y estuve ´stalkeando´ un poco sus perfiles y es impresionante la trayectoria de muchos que hace ocho o doce años que están en la comisión. Soy todo lo contrario, pero no me amedrenta. Al contrario, tengo mucho que aprender de cada uno de los que están acá y seguramente ustedes también tendrán que aprender algo de la renovación en la política”, afirmó la legisladora a la vez que pidió a sus pares que no la “subestimen”.

La diputada aseguró ser una “defensora acérrima del consenso y del diálogo” y precisó tres objetivos que intentará cumplitar: llevar adelante un debate sobre “la distribución discrecional de sumas millonarias en pauta oficial”; tener una perspectiva federal para romper con “el centralismo de CABA” y retomar las discusiones sobre la Ley de Medios.

Los cruces del Gobierno

Sin embargo, el vínculo del Gobierno nacional con periodistas, medios de comunicación y redes sociales es cuestionado desde distintos sectores que ven con preocupación las agresiones de Milei hacia las voces críticas.

Uno de los cruces más polémicos que protagonizó el mandatario es el áspero intercambio que tuvo con la artista y cantante Lali Esposito, quien recibió descalificaciones y varios improperios de parte del jefe de Estado.    

En esa línea, el uso de su cuenta en la red social X que realiza Milei con el propósito de posicionarse a través del denuesto y las agresiones a las figuras que cuestionan los fundamentos de su gestión, son también motivo de preocupación para los integrantes opositores de esta comisión.

Las críticas a la actitud de Javier Milei

“El Gobierno amedrenta para acallar toda voz crítica. Lo hace mediante intervenciones directas del presidente, Javier Milei, como con el funcionamiento del troll center que se organiza desde la propia Casa Rosada. Ahí hablan de consenso y respeto, pero hay una oficina que maneja ilegalmente cuentas de X para atacar opositores. Queremos que vengan funcionarios a explicar cómo funciona”, afirmó Castillo a Somos Télam.

Durante el segundo encuentro de la comisión, Castillo también recordó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que los periodistas deben retirarse al ver la Policía avanzar durante las manifestaciones para no exponerse a las balas de goma y a los gases que lanzan los uniformados contra las manifestaciones. 

Cristian Castillo denunció los ataques del Gobierno con la prensa y toda voz opositora. Foto SomosTelam

“Esa es afirmación muy grave porque parte de la tarea periodística es poner en evidencia las acciones ilegales de violencia institucional”, indicó Castillo, a la vez que rememoró distintos hechos trágicos relacionados a las protestas sociales como fueron los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, ocurridos en junio de 2002 durante una represión de efectivos policiales.

También se insistió en citar a periodistas que habían sido atacados por el Gobierno, reprimidos durante las recientes manifestaciones y trabajadores de medios públicos como la agencia de noticias Télam para el 16 de mayo, pero Orozco se negó a confirmar fecha para realizar dicho encuentro.

“Lo de Télam también tiene que ver directamente con la libertad de expresión. La agencia tiene la función de suministrar la información necesaria para ejercer el poder a la libertad de expresión del periodismo en general ya que de otra forma, los únicos que pueden hacer esa actividad son los grandes medios que cuentan con recursos económicos. Los más chicos dependen de Télam para tener la información, los comunicados, las fotografías y videos para informar”, remarcó el legislador de Unión por la Patria (UxP), Juan Marino.

Además, se reivindicó la importancia de que funcione correctamente el canal de difusión de la Cámara Baja, Diputados TV, que fue censurado durante el debate de constitucionalistas sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, se registraron pedidos de silenciamiento a periodistas que transmitían en vivo  y donde no se descarta que haya ajuste y despidos.

“Me preocupa muchísimo el tema de Diputados TV por el personal, el intento de censura a periodistas y la construcción de agenda. Estoy proscripto en ese canal. Desde el 10 de diciembre no me hacen una nota”, planteó el jefe del bloque UxP, Germán Martínez, en la comisión, donde propuso crear un consejo consultivo para que controle y haga un seguimiento de ese medio dependiente de la Cámara baja.

La diputada Carolina Gaillard también añadió que Diputados TV fue “fundamental para transparentar lo que se hacía en la tarea legislativa en relación directa con la ciudadanía” y denunció que hubo cortes en las transmisiones de actividades y suspensiones a la transmisión en vivo de jornadas.

A su vez, Monica Frade de la Coalición Cívica (CC) reiteró que es importante citar a representantes de Fopea y Adepa ya que muchas veces periodistas que trabajan en otros lugares del país se ven imposibilitados de asistir presencialmente y estos organismos “recogen denuncias internas de todo lo que pasa en el país”.

Por su parte, Javier Milei dejó en claro su posición al respecto en su cuenta de X cuando el 10 de abril publicó un texto titulado “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PARA TODOS” afirmando que “el periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial”.

“La extorsión es moneda corriente. La mentira, la difamación, la calumnia son algo frecuente también. Primero te pegan, y después te pasan la factura. Cifras siderales”, añadió y afirmó que “el problema de muchos periodistas con los que integramos La Libertad Avanza es que no le debemos nada a nadie” agravando las tensiones entre ese sector de la política y los medios de comunicación y poniendo en riesgo que exista una verdadera libertad de expresión.

FUENTE: somostelam.com.ar

Legislativo

Tarifazo al frío: Milei les quita el subsidio de gas a 1,6 millones de familias en las puertas del invierno

Con el respaldo de sus aliados legislativos y una maniobra reglamentaria para neutralizar una sesión opositora centrada en los escándalos judiciales del jefe de Gabinete, el oficialismo se anotó en la madrugada del miércoles un triunfo clave en su agenda de desmantelamiento del Estado de bienestar.

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Diputados aprobó el recorte al régimen de zona fría: 1,6 millones de hogares perderán el subsidio de gas

★La Cámara de Diputados aprobó en la noche del miércoles, con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, el proyecto de ley del gobierno de Javier Milei que recorta el alcance geográfico del régimen de zona fría y elimina el subsidio al consumo de gas para 1.600.000 usuarios. La iniciativa fue girada al Senado, donde el Gobierno aguarda su sanción definitiva. La jornada parlamentaria insumió más de once horas y estuvo marcada por una disputa reglamentaria que el oficialismo utilizó como herramienta para evitar el debate sobre los escándalos patrimoniales de Manuel Adorni.

La maniobra: tapar a Adorni con el tarifazo

El miércoles convivieron en Diputados dos convocatorias a sesión. La oposición había solicitado una sesión con un temario centrado en la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación federal por enriquecimiento ilícito con un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares, según consta en la causa que instruye el juez Ariel Lijo. El oficialismo respondió con una contraconvocatoria propia para tratar la ley de zona fría, consiguió el quórum de manera ajustada y, al instalarse primero, dejó sin efecto la sesión opositora. La superposición de convocatorias generó un debate reglamentario que demoró el inicio del tratamiento sustantivo en más de hora y media.

Qué cambia con la nueva ley

El nuevo régimen acota el beneficio a hogares ubicados en la Patagonia, Malargüe y la Puna, zonas consideradas de frío extremo. Con el esquema anterior, vigente desde la ley impulsada en 2021 por Máximo Kirchner, el subsidio alcanzaba a usuarios de buena parte del país con rebajas de entre el 30 y el 50 por ciento.

La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, precisó la semana pasada que 1.600.000 usuarios perderán el subsidio, mientras que 1.800.000 lo conservarán con un descuento superior al 75% sobre el consumo de los meses de invierno, bajo la órbita del programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El beneficio quedará restringido a hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas (actualmente 4,3 millones de pesos por familia tipo), personas con Certificado Único por Discapacidad, veteranos de guerra y habitantes de barrios populares.

Una diferencia técnica de impacto directo sobre el bolsillo: a partir de los cambios, se subsidiará el metro cúbico de gas consumido y no la totalidad de la factura, que incluye el cargo fijo. La ley también incorpora un mecanismo para condonar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante períodos de emergencia tarifaria.

El contexto: ajuste sobre ajuste

La aprobación de esta ley no ocurre en el vacío. Desde diciembre de 2023, el presupuesto familiar destinado a servicios acumuló una suba superior al 525%, con el gas trepando un 748% y el transporte rozando el 900%, según datos del IIEP (UBA-CONICET). La eliminación del subsidio de zona fría para millones de hogares se suma a esa cadena de aumentos en un contexto donde la Canasta Básica Alimentaria registró una variación interanual del 32,8% en marzo de 2026, según el INDEC.

En ese mismo escenario, la ley avanza mientras el gobierno sostiene compromisos con el FMI por un programa de Servicio Ampliado de 20.000 millones de dólares, firmado en abril de 2025, que exige superávit fiscal y acumulación de reservas. El ajuste energético forma parte de esa ecuación.

Las voces del debate

El diputado oficialista Facundo Correa Llano (LLA), presidente de la comisión de Energía, defendió la medida al sostener que los subsidios indiscriminados «llevaron a confundir sensibilidad social con desorden» y que «focalizar no es ajustar, es garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan». La diputada oficialista Silvana Giudici (LLA) cuestionó que los subsidios anteriores beneficiaron a «countries y mansiones» y a zonas de «frío templado» que no justificaban el gasto.

Desde la oposición, la diputada kirchnerista Paula Penacca (UxP) advirtió que el régimen impulsado por Kirchner «es justo, solidario y autosustentable» y que el nuevo esquema obligará a 4 millones de usuarios a recibir facturas con aumentos de «50, 30, 60 o hasta 100%». En la misma línea, Lucía Cámpora (UxP) alertó que «los argentinos tendrán que elegir entre comprar el medicamento que ya no les cubre PAMI o pagar las nuevas tarifas de gas». La fueguina Andrea Freites (UxP) calificó la ley vigente como «soberanía y federalismo real» y advirtió que los cambios distorsionarán un beneficio de más de veinte años.

El diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), habitual aliado del oficialismo en otras votaciones, rechazó el proyecto al señalar que «las provincias de la Patagonia son las que generan el gas y el combustible» y que eso obliga a defenderlas.

La referente del Frente de Izquierda Romina del Plá advirtió que la medida prepara «un tarifazo enorme a las familias argentinas» y reivindicó «el derecho social a la energía» frente a un esquema que beneficia a empresas privadas del sector.

Los votos: cómo se armó la mayoría

El oficialismo consolidó su mayoría con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. La excepción entre los aliados habituales fueron los tres diputados de Elijo Catamarca (que responden al gobernador Raúl Jalil), quienes se abstuvieron. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el proyecto de manera unánime, junto a nueve diputados de Provincias Unidas (entre ellos cordobeses y santafesinos) y representantes de San Luis y Córdoba afectados por el recorte.

La sesión también aprobó, con 138 votos a favor, la denominada Ley Hojarasca, iniciativa del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que deroga más de 70 normas consideradas obsoletas.

Puntos clave

  • Diputados aprobó con 132 votos el recorte al régimen de zona fría; el proyecto pasa al Senado.
  • 1.600.000 usuarios perderán el subsidio al gas en las vísperas del invierno.
  • El oficialismo bloqueó una sesión opositora sobre los escándalos judiciales de Adorni para instalar su propia agenda.
  • La medida profundiza un ciclo de aumentos tarifarios que acumula más del 525% en servicios desde diciembre de 2023.
  • El ajuste energético responde a las metas de superávit fiscal comprometidas con el FMI en el acuerdo por 20.000 millones de dólares.
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