Política 📢
Cae la confianza en el Gobierno de Milei por tercer mes consecutivo y se consolida el pesimismo
El indicador de la Universidad Di Tella retrocedió en febrero y acumula una racha negativa desde diciembre; la brecha de género y la caída en la capacidad de resolución de problemas marcan el pulso del informe.
★ El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), un termómetro clave de la opinión pública que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella, registró en febrero una nueva caída del 0,6% respecto a enero. Este retroceso no es un hecho aislado; consolida una tendencia a la baja que comenzó en diciembre (0,1%) y continuó con un marcado descenso en enero (2,8%). Según los datos procesados por la consultora Poliarquía, el índice se ubicó en 2,38 puntos, lo que representa una contracción interanual del 6,8% frente a los niveles de apoyo que el Ejecutivo manejaba hace un año.
Un desgaste que erosiona la gestión
A pesar de que el Gobierno nacional intenta sostener un relato de eficacia, el desglose del informe revela grietas en los pilares que sostienen la imagen presidencial. El eje que mide la Capacidad para resolver problemas sufrió un duro golpe al desplomarse un 4,9%, mientras que la Evaluación general del gobierno retrocedió un 1,8%. Estos números sugieren que, más allá del soporte discursivo, la gestión cotidiana empieza a mostrar signos de agotamiento ante la mirada de los encuestados.
En la comparación histórica, el promedio de la administración de Javier Milei se sitúa en 2,44 puntos, quedando por debajo de la marca de Néstor Kirchner (2,49). Aunque todavía se posiciona por encima de la gestión de Mauricio Macri (2,27) y de los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, la persistencia de la caída mensual enciende alarmas sobre la sostenibilidad del consenso social en torno al programa económico actual.
Las brechas: género, edad y geografía
El informe de la Di Tella también pone de manifiesto una Argentina fragmentada. La brecha de género se profundizó este mes; mientras que en los hombres la confianza es de 2,62, en las mujeres cae a 2,11 (una diferencia de 0,51 puntos). Por otro lado, el respaldo gubernamental se refugia en los sectores más jóvenes y en el interior del país. El grupo de 18 a 29 años mostró un crecimiento del 10,7% en su confianza, alcanzando los 2,99 puntos; una cifra que contrasta con la desconfianza que prima en el Gran Buenos Aires (GBA), donde el índice apenas llega a los 2,04 puntos.
Otro dato relevante es el cambio en el perfil educativo del apoyo oficialista. Por primera vez, el nivel de confianza más alto se registró entre quienes poseen secundario completo (2,56), desplazando al sector con estudios universitarios o terciarios (2,41). Esta mutación en la base de sustentación del gobierno coincide con una percepción dividida sobre el futuro; para quienes esperan una mejora económica el índice vuela a 4,30, pero para los pesimistas se hunde en un marginal 0,43.
Eficiencia y honestidad bajo la lupa
Curiosamente, en medio de la caída general, dos subíndices mostraron mejoras marginales. La Honestidad de los funcionarios subió un 2,6% (2,76 puntos) y la Eficiencia en la administración del gasto creció un 2,7% (2,29 puntos). Sin embargo, estos valores no logran compensar la percepción de que el Ejecutivo gobierna para intereses minoritarios; el ítem de Preocupación por el interés general volvió a caer un 1,0%, situándose en apenas 1,99 puntos, el valor más bajo de todos los ejes evaluados.
Puntos clave:
- El ICG de la Universidad Di Tella cayó 0,6% en febrero, acumulando tres meses de bajas consecutivas.
- La Capacidad para resolver problemas fue el área que más descendió, con una baja del 4,9%.
- El promedio de Javier Milei (2,44) se mantiene por debajo del promedio de Néstor Kirchner (2,49).
- La desconfianza es más aguda en el Gran Buenos Aires y entre el público femenino.
- La brecha entre optimistas y pesimistas económicos es de casi 4 puntos de diferencia. ★
Presidencia
Ajuste sin red: millones pierden subsidios y suben fuerte las tarifas de luz y gas
La reducción de subsidios energéticos reconfigura el esquema tarifario en Argentina: más hogares fuera del sistema de asistencia, subas en las boletas y revisión de padrones en medio de un proceso que traslada el costo del servicio directamente a los usuarios residenciales.
Lo que tenés que saber
- 2,1 millones de hogares dejaron de recibir subsidios eléctricos
- Cerca de 900.000 usuarios perdieron asistencia en gas
- Aumenta la cantidad de familias que paga tarifa plena
- El recorte se combina con subas sostenidas en las boletas
- Revisión de padrones eliminó registros considerados inconsistentes
- El gasto estatal en subsidios cayó más de US$5600 millones
- Crece el peso de servicios básicos en el ingreso familiar
Menos asistencia y mayor costo directo para los hogares
El sistema de subsidios energéticos atraviesa una reducción significativa que deja a millones de usuarios fuera de la asistencia estatal. La consecuencia directa es un aumento de hogares que deben afrontar el costo completo de la electricidad y el gas por redes.
La reconfiguración del esquema se da en paralelo a subas tarifarias que incrementan el gasto mensual en servicios esenciales, con un impacto directo sobre el presupuesto familiar.
Un nuevo esquema más restrictivo
El modelo de segmentación previo dio paso a un sistema simplificado que distingue únicamente entre hogares con subsidio y sin subsidio.
La asignación depende de cruces de datos de ingresos, consumo y patrimonio, con un límite de consumo bonificado y tarifa plena para excedentes.
Este cambio redujo la cobertura general del sistema y concentró la asistencia en una porción menor de usuarios.
Impacto en el bolsillo y estructura del gasto
El aumento del peso de las tarifas en el ingreso de los hogares se profundiza en un contexto de reducción de subsidios y recomposición de precios.
La mayor parte del costo de la energía pasa a ser cubierta directamente por los usuarios, lo que modifica la estructura del gasto mensual.
Depuración de padrones y exclusión de beneficiarios
La revisión de bases de datos eliminó miles de registros considerados inconsistentes, incluyendo casos de domicilios en barrios cerrados, registros duplicados y datos sin actualización.
El proceso redujo el universo de beneficiarios y endureció los criterios de acceso a la asistencia.
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