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Política 📢

Santilli apoyó el DNU de Milei

Justificando que la mayoría «eligió un cambio profundo».

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El diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, manifestó este viernes su apoyo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado esta semana por el Gobierno, que establece una amplia desregulación de la economía, y destacó que «la mayoría de los argentinos eligió un cambio rotundo».

«Nos dejaron un país empobrecido y a la deriva. Cuando gobernaron firmaron casi 500 DNU en 16 años, siempre atacando al Congreso y a la Justicia», afirmó Santilli en un comunicado .

El legislador del PRO señaló que «la mayoría de los argentinos eligió un cambio rotundo, hay que acompañar» y afirmó que «van 10 días de gobierno, dejen trabajar al presidente», Javier Milei.

Legislativo

LLA frena las PASO en el Senado y apuesta a fondos buitre y pliegos de jueces como prioridad

El volantazo responde a que el oficialismo no tiene los votos para avanzar en la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y debe negociar antes de abrir el debate en comisión.

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LLA frena las PASO en el Senado y gira hacia los fondos buitre

★ La Libertad Avanza decidió postergar el debate de la reforma electoral en el Senado y concentrar su agenda legislativa en la aprobación del pago a fondos buitre, la reforma a la ley de Salud Mental y la habilitación de casi 90 pliegos de jueces, fiscales y defensores. La decisión confirma lo que este medio anticipó el 24 de abril: el oficialismo no tiene los votos para avanzar en la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y debe negociar antes de abrir el debate en comisión.

Según fuentes parlamentarias, el tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el legislador libertario Agustín Coto, quedará suspendido hasta que el oficialismo alcance «consensos mínimos» con los bloques opositores.

Los números que mandan

La situación parlamentaria del Gobierno es clara y fue sintetizada por un representante del propio oficialismo: «Acá mandan los números». La Libertad Avanza necesita 37 votos en el Senado y 129 en Diputados, cifras que solo puede alcanzar con el apoyo de los bloques aliados.

La Unión Cívica Radical (UCR), que aporta 10 votos clave en la Cámara alta, rechaza la eliminación de las PASO y plantea una posición alternativa: que las primarias sean optativas únicamente en las alianzas o partidos donde haya lista única, manteniendo en esos casos el aporte estatal. Los radicales también se oponen a elevar hasta el 35% el techo de los aportes privados a las campañas, otro punto central del proyecto enviado por el Ejecutivo.

La misma fuente admitió que «los acuerdos que no se hicieron antes de enviar la ley se deberán hacer en el Senado, como sucedió con la reforma laboral y la Ley de Glaciares», una comparación que el medio ya señaló el 24 de abril como poco tranquilizadora: la reforma laboral tardó meses y exigió decenas de modificaciones para obtener los votos necesarios.

Los fondos buitre, primera urgencia

La prioridad inmediata del oficialismo es obtener dictamen este miércoles 29 de abril en el plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto para autorizar el pago de 171 millones de dólares a los fondos buitre Bainbridge Ltd. y el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP, bonistas que iniciaron sus demandas en 2001 y no ingresaron en el acuerdo cerrado en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri con la mayoría de los acreedores externos.

La Casa Rosada necesita demostrar su disposición a cancelar esa deuda, aunque no pueda cumplir con el vencimiento del 30 de abril. La intención es sesionar el 6 de mayo para votar ese pago junto al pliego de Carlos Mahiques para continuar cinco años como juez en la Cámara Federal de Casación Penal, pliegos internacionales y, si hay acuerdo, el dictamen sobre falsas denuncias.

Los pliegos más sensibles

Este jueves se abrirán las audiencias públicas para los jueces propuestos por el Poder Ejecutivo, aunque los casos de mayor exposición mediática se tratarán recién entre el 7 y el 14 de mayo. Entre ellos se destacan tres postulaciones con fuertes implicancias políticas: la de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; la de María Julia Sosa, secretaria del juzgado del juez Julián Ercolini; y la de Cristina María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez Giorgi, quien tiene a su cargo la causa por el fraude con la criptomoneda $LIBRA, en la que el propio presidente Milei está mencionado.

Salud Mental y Propiedad Privada, en la fila

El oficialismo avanza también con la reforma a la ley de Salud Mental, cuya comisión se constituirá este miércoles. La nueva norma incorpora la presencia obligatoria de médico psiquiatra en los equipos interdisciplinarios, amplía los supuestos de internación no voluntaria y formaliza el tratamiento del consumo problemático de sustancias dentro de las políticas de salud mental.

Sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que este medio cubrió en profundidad en abril, el oficialismo mantiene conversaciones para modificar los artículos que eliminan los topes para la compra de tierras por parte de extranjeros y los que afectan la ley de barrios populares, donde se concentra la mayor resistencia opositora.

Puntos clave

  • La Libertad Avanza frenó el debate sobre las PASO en el Senado hasta lograr «consensos mínimos» con los bloques aliados, en especial la UCR, que tiene 10 votos clave y rechaza la eliminación.
  • La prioridad legislativa inmediata es aprobar el pago de 171 millones de dólares a los fondos buitre Bainbridge y Attestor, con sesión prevista para el 6 de mayo.
  • Entre los pliegos más sensibles figuran los de un hijo del presidente de la Corte Suprema, una secretaria del juzgado de Ercolini y la esposa del juez a cargo de la causa $LIBRA.
  • La reforma a la ley de Salud Mental amplía los supuestos de internación no voluntaria y refuerza el rol del médico psiquiatra, en detrimento del enfoque interdisciplinario de la norma vigente.
  • El proyecto de Propiedad Privada enfrenta resistencias por la eliminación de topes a la compra de tierras por extranjeros y sus efectos sobre la ley de barrios populares.

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