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YPF: Argentina busca frenar la entrega de acciones con el respaldo de EE.UU

El Gobierno buscará extender la suspensión de la orden de entrega de acciones mientras tramita la apelación. El respaldo de la Casa Blanca abre una ventana judicial en medio de una disputa por US$16.100 millones.

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El Gobierno argentino presentará este martes un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York con el objetivo de sostener la suspensión de la orden judicial que lo obliga a entregar acciones de YPF, dictada por la jueza Loretta Preska en el marco del juicio por la estatización de la petrolera.

Se trata de una instancia decisiva en la disputa legal por US$16.100 millones iniciada por el fondo Burford Capital y otros beneficiarios de derechos litigiosos, quienes ganaron la causa por presuntas irregularidades en la nacionalización de YPF en 2012. El país busca que la pausa actual —que rige solo mientras las partes presentan argumentos— se mantenga durante todo el proceso de apelación de fondo.

Un giro en el tablero: el respaldo de Washington

El giro más significativo en el caso se produjo hace pocos días, cuando el gobierno de Estados Unidos presentó un escrito (amicus curiae) apoyando la posición argentina. En ese documento, el Departamento de Justicia argumentó que forzar a un Estado soberano a desprenderse de activos estratégicos antes de que concluya una apelación completa “contradice principios fundamentales del derecho internacional y soberano”.

Este respaldo inesperado obligó a los beneficiarios del fallo, entre ellos Burford, a recalibrar su estrategia: ahora afirman que no buscan quedarse con acciones de YPF sino que exigen que la Argentina deposite una garantía mientras tramita su apelación. Esa posición fue formalizada la semana pasada en la Corte de Apelaciones.

Un fallo riesgoso para la credibilidad internacional

La entrega forzosa de acciones —ordenada por Preska en septiembre de 2023— representaría un duro golpe no solo financiero, sino institucional y simbólico. Los abogados del país argumentarán que cumplir con la sentencia sin que se haya agotado la vía judicial pondría en jaque el derecho a defensa del Estado argentino y podría sentar un precedente peligroso para otros litigios entre naciones y fondos de inversión.

En caso de que la Corte de Apelaciones rechace la solicitud, la orden de Preska se reactivaría y la Argentina podría ser declarada en desacato si se niega a entregar los activos. Aunque ese estatus legal no se aplica directamente a los Estados soberanos, podría derivar en sanciones económicas, pérdida de confianza en los mercados internacionales y mayores obstáculos para acceder a financiamiento externo.

YPF, deuda histórica y cuentas pendientes

La disputa tiene raíces en la reestatización parcial de YPF durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El fondo Burford adquirió los derechos de litigio de dos firmas vinculadas a la familia Eskenazi, que reclamaron por no haber sido compensadas durante la expropiación. En 2023, Preska falló a favor del fondo y condenó a la Argentina a pagar una cifra récord.

Desde entonces, el país buscó retrasar o revertir la decisión. La actual administración de Javier Milei mantuvo la estrategia de defensa iniciada por el gobierno anterior, aunque sus críticas al “estatismo” en la política energética conviven con la necesidad de sostener el capital accionario estatal en la principal empresa petrolera del país.

¿Qué puede pasar ahora?

Si la Corte acepta el argumento argentino, el proceso judicial continuará sin ejecución inmediata del fallo.

Si lo rechaza, Argentina deberá entregar las acciones o enfrentar una sanción simbólica de desacato, con consecuencias aún inciertas pero potencialmente negativas en el plano económico y político.

Los próximos días serán clave para el futuro de YPF, para la estrategia judicial del Estado y para la relación del país con los mercados globales. El respaldo del Departamento de Justicia de EE.UU. marcó un punto de inflexión, pero la batalla legal está lejos de resolverse.

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Las DDJJ de la casta: el patrimonio de Javier Milei creció 43% y su hermana Karina lo triplicó

El presidente presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y registró un salto nominal de $89 millones en sus activos durante 2025. Karina Milei triplicó el valor de su inmueble en Vicente López, mientras Caputo declaró $12.422 millones guardados fuera del país, en su mayoría en una cuenta en Estados Unidos.

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El Argentino Diario-Javier Milei-Karina Milei.
Las DDJJ de la casta: revaluaciones en pesos, dólares en el exterior y la causa Adorni como telón de fondo.

Javier Milei presentó su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025 ante la Oficina Anticorrupción, y el documento reveló un incremento patrimonial del 43,3% en términos nominales: sus bienes, depósitos y dinero pasaron de $206.046.375 a $295.182.652, un salto de $89,1 millones. En dólares, sin embargo, el patrimonio prácticamente no varió, dado que la variación refleja la depreciación del peso durante el año.

La presentación quedó registrada en el organismo de control con una novedad que no figuraba en la declaración anterior: una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle, mora que el mandatario no registraba doce meses atrás.

Sin bienes nuevos: solo revaluaciones

Milei no incorporó ningún bien nuevo a su patrimonio. Lo que creció fue la valuación en pesos de los activos que ya tenía. Su inmueble de 100 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires pasó de $38.419.071 a $73.573.546. Los dos vehículos, una camioneta Mercedes Benz Sprinter y un Peugeot RCZ Coupé, mantuvieron su valuación en $20.173.600 y $16.254.200 respectivamente.

El crecimiento más visible en términos nominales corresponde a sus tenencias en moneda extranjera: US$65.562 en caja de ahorro y US$20.000 en efectivo, que se revaluaron al tipo de cambio de $1.446 por dólar al cierre de 2025, frente a los $1.029 del inicio del año. Sus ingresos declarados ascendieron a $81.806.723, compuestos por $48.792.217 de renta del trabajo personal y $45.083.979 de renta de empresas y auxiliares de comercio, antes de deducciones. Los gastos personales totalizaron $66.262.044.

Karina Milei: la revaluación de Vicente López explica el 210% de suba

La declaración jurada de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, mostró un incremento porcentual aún más pronunciado: sus activos subieron un 210%, de $11.401.021 a $35.312.784. Pero el número tiene una explicación concreta: la revaluación de su propiedad de 150 metros cuadrados con cochera en Vicente López, que la funcionaria habita desde 2011 y que es su único inmueble declarado.

Ese inmueble pasó de valuarse en $3.992.825 a $28.162.492, una diferencia de $24,17 millones que explica la totalidad del incremento. En el resto de sus bienes (depósitos, efectivo y créditos impositivos) se registraron variaciones menores e incluso bajas. Karina Milei declaró ingresos netos por $33.124.206, todos provenientes del trabajo personal, y gastos por $33.688.374. Sus deudas también crecieron: la que mantiene con el Industrial and Commercial Bank of China pasó de $59.220 a $60.374, y la del Banco Santander, de $782.741 a $909.097. Sumó además una cuenta de billetera virtual por $3.852.216 que no figuraba en la presentación anterior.

Caputo: $12.422 millones guardados afuera, el 97% de sus depósitos

La declaración del ministro de Economía, Luis Caputo, fue la que generó mayor atención por la magnitud y la localización de sus activos. Su patrimonio creció un 62% en pesos, de $11.851 millones a $19.209 millones. Pero el dato más significativo está en la composición de sus depósitos bancarios: de los $12.730 millones declarados, el 97%, equivalente a $12.422 millones, se encuentra en el exterior, concentrado mayoritariamente en una única cuenta en Estados Unidos con $11.739 millones. Caputo también declaró gastos personales por $237 millones durante 2025.

El cuadro que presentan las tres declaraciones resulta revelador en su conjunto. El funcionario que conduce la política económica de un gobierno que impone ajuste sobre los sectores populares tiene el grueso de su ahorro fuera del sistema financiero argentino, en una cuenta en el país que emite la moneda que Caputo tomó como ancla de su propio esquema cambiario. La contradicción entre el discurso del ordenamiento macroeconómico y la elección personal de dónde guardar el dinero difícilmente pase inadvertida.

El contexto: Adorni y la inocencia fiscal

Las declaraciones se presentaron en un contexto de fuerte presión opositora sobre el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya investigación por enriquecimiento ilícito tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, con un patrimonio bajo sospecha que supera los US$840.000. Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, se acogieron a la Ley de Inocencia Fiscal, lo que generó críticas transversales desde el radicalismo hasta la izquierda, que señalaron que el instrumento diseñado para blanquear pasivos fiscales fue utilizado por funcionarios del propio gobierno que lo impulsó bajo la promesa de terminar con la casta.

La Oficina Anticorrupción extendió los plazos para la presentación de declaraciones juradas, lo que permitió que varios funcionarios dilataran sus presentaciones. En ese marco, la publicación de las declaraciones de Milei, Karina Milei y Caputo representa el único punto de transparencia formal de una gestión que enfrenta simultáneamente investigaciones judiciales por corrupción en varios frentes, desde el escándalo de la criptomoneda $LIBRA hasta las investigaciones por el uso de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Puntos clave

  • El patrimonio de Milei creció 43,3% nominal en 2025, de $206 millones a $295 millones, sin incorporar bienes nuevos.
  • Karina Milei triplicó su patrimonio gracias a la revaluación de su inmueble en Vicente López.
  • Caputo declaró el 97% de sus depósitos bancarios en el exterior, concentrados en una sola cuenta en Estados Unidos.
  • El presidente registró por primera vez una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle.
  • Las presentaciones se producen mientras Adorni enfrenta investigación judicial por enriquecimiento ilícito con patrimonio sospechoso de más de US$840.000.
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