El Gobierno argentino presentará este martes un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York con el objetivo de sostener la suspensión de la orden judicial que lo obliga a entregar acciones de YPF, dictada por la jueza Loretta Preska en el marco del juicio por la estatización de la petrolera.

Se trata de una instancia decisiva en la disputa legal por US$16.100 millones iniciada por el fondo Burford Capital y otros beneficiarios de derechos litigiosos, quienes ganaron la causa por presuntas irregularidades en la nacionalización de YPF en 2012. El país busca que la pausa actual —que rige solo mientras las partes presentan argumentos— se mantenga durante todo el proceso de apelación de fondo.

Un giro en el tablero: el respaldo de Washington

El giro más significativo en el caso se produjo hace pocos días, cuando el gobierno de Estados Unidos presentó un escrito (amicus curiae) apoyando la posición argentina. En ese documento, el Departamento de Justicia argumentó que forzar a un Estado soberano a desprenderse de activos estratégicos antes de que concluya una apelación completa “contradice principios fundamentales del derecho internacional y soberano”.

Este respaldo inesperado obligó a los beneficiarios del fallo, entre ellos Burford, a recalibrar su estrategia: ahora afirman que no buscan quedarse con acciones de YPF sino que exigen que la Argentina deposite una garantía mientras tramita su apelación. Esa posición fue formalizada la semana pasada en la Corte de Apelaciones.

Un fallo riesgoso para la credibilidad internacional

La entrega forzosa de acciones —ordenada por Preska en septiembre de 2023— representaría un duro golpe no solo financiero, sino institucional y simbólico. Los abogados del país argumentarán que cumplir con la sentencia sin que se haya agotado la vía judicial pondría en jaque el derecho a defensa del Estado argentino y podría sentar un precedente peligroso para otros litigios entre naciones y fondos de inversión.

En caso de que la Corte de Apelaciones rechace la solicitud, la orden de Preska se reactivaría y la Argentina podría ser declarada en desacato si se niega a entregar los activos. Aunque ese estatus legal no se aplica directamente a los Estados soberanos, podría derivar en sanciones económicas, pérdida de confianza en los mercados internacionales y mayores obstáculos para acceder a financiamiento externo.

YPF, deuda histórica y cuentas pendientes

La disputa tiene raíces en la reestatización parcial de YPF durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El fondo Burford adquirió los derechos de litigio de dos firmas vinculadas a la familia Eskenazi, que reclamaron por no haber sido compensadas durante la expropiación. En 2023, Preska falló a favor del fondo y condenó a la Argentina a pagar una cifra récord.

Desde entonces, el país buscó retrasar o revertir la decisión. La actual administración de Javier Milei mantuvo la estrategia de defensa iniciada por el gobierno anterior, aunque sus críticas al “estatismo” en la política energética conviven con la necesidad de sostener el capital accionario estatal en la principal empresa petrolera del país.

¿Qué puede pasar ahora?

Si la Corte acepta el argumento argentino, el proceso judicial continuará sin ejecución inmediata del fallo.

Si lo rechaza, Argentina deberá entregar las acciones o enfrentar una sanción simbólica de desacato, con consecuencias aún inciertas pero potencialmente negativas en el plano económico y político.

Los próximos días serán clave para el futuro de YPF, para la estrategia judicial del Estado y para la relación del país con los mercados globales. El respaldo del Departamento de Justicia de EE.UU. marcó un punto de inflexión, pero la batalla legal está lejos de resolverse.