Lo que tenés que saber:

• Los hermanos Neuss se adjudicaron una licitación de más de 65 mil millones de pesos en la Ciudad.
• SES, empresa histórica en el negocio, denunció irregularidades y presentó un amparo judicial.
• Se cuestiona la inclusión de Woden, la firma de los Neuss, en lugar de empresas históricas del sector.
• La licitación está suspendida por una orden judicial, a la espera de resolución.
• El escándalo involucra a Santiago Caputo, vinculado a los Neuss, y su cercanía al gobierno porteño.

La millonaria licitación de mantenimiento de parques y plazas

En diciembre, el gobierno porteño adjudicó una de sus licitaciones más grandes: el mantenimiento de parques y plazas de la ciudad, con un costo estimado de 65 mil millones de pesos. Sin embargo, el proceso fue marcado por la polémica, ya que la empresa SES, que venía operando en el sector, denunció que su oferta, un 20% más baja que la de sus competidores, fue excluida de manera sospechosa, favoreciendo a Woden, la empresa de los hermanos Neuss.

La firma Woden, dirigida por Juan y Patricio Neuss, no había tenido presencia significativa en la ciudad hasta este momento. Según fuentes del gobierno, la inclusión de la empresa se debió a su cercanía con Santiago Caputo, un personaje clave del entorno político porteño. «Todos los oferentes presentaron un descuento del 20%», explicaron desde el gobierno, aunque el proceso sigue siendo cuestionado por las partes involucradas.

Acuerdos previos y cambios en el sector

Durante décadas, un grupo reducido de empresas y Uniones Transitorias de Empresas (UTE) se encargó del mantenimiento de espacios verdes en Buenos Aires. Sin embargo, con el cambio de gobierno, la entrada de Woden al negocio generó conflictos. Las empresas históricas del sector, como Algieri, Urbaser y otras, tradicionalmente se encargaban de distribuir las zonas de licitación entre ellas para mantener el control del negocio. Este acuerdo parece haberse alterado con la irrupción de los Neuss.

El proceso de licitación fue cuestionado aún más cuando se estableció que el 40% del puntaje se basaría en el «plan de trabajo», lo que daba un margen de discrecionalidad mayor al proceso. Además, el tiempo otorgado para presentar ofertas fue de solo nueve días, lo que hizo más difícil la competencia. Tras la adjudicación, las críticas sobre la falta de transparencia y el acceso a la documentación fueron abundantes, ya que el gobierno porteño permitió la revisión de los expedientes en condiciones limitadas.

La denuncia y la cautelar judicial

SES, al quedar excluida, presentó una denuncia ante la justicia, lo que llevó al juez Gonzalo Marconi a dictar una medida cautelar que suspendió la licitación. A pesar de los esfuerzos del gobierno para regularizar la situación, la resolución judicial dejó en suspenso el futuro del proceso y la posible anulación de la licitación. Este conflicto genera una gran incertidumbre sobre el resultado final de este millonario contrato.