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Monteoliva ratificó que Seguridad continuará con la política represiva de la “Doctrina Bullrich”

La nueva ministra confirmó que mantendrá sin cambios la controvertida gestión de su antecesora, a quien acompañó como secretaria durante dos años. Los equipos y las prioridades estratégicas seguirán intactos.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró en declaraciones radiales que «la ‘Doctrina Bullrich’ sigue más vigente que nunca» y garantizó la continuidad de la gestión de Patricia Bullrich, quien dejó el cargo para asumir como senadora nacional. Monteoliva, que ejerció como secretaria de Seguridad bajo el mando de Bullrich durante los últimos dos años, asumió hace poco más de dos semanas al frente de la cartera.

«Trabajábamos juntas en todas estas definiciones estratégicas y tácticas», afirmó la funcionaria en diálogo con Esta Mañana, de Radio Rivadavia, este jueves. Con esta declaración, la ministra ratificó la continuidad de una política de seguridad que ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y sectores políticos y sociales por su carácter represivo.

Transición sin cambios en los equipos

Monteoliva destacó que la transición entre ambas gestiones no generó «el más mínimo traumatismo» porque representó «una continuidad». Según indicó, «los equipos se mantienen» y solo hubo «cambios menos que mínimos por personas que acompañaron al Senado a Patricia Bullrich».

La nueva ministra subrayó que en los dos años previos se construyó «el andamiaje institucional» y se elaboró «un marco jurídico con todos los instrumentos para poder fortalecer y consolidar el trabajo». Para los próximos dos años, Monteoliva anticipó que se mantendrán las mismas prioridades: las fronteras, la Hidrovía y el corredor bioceánico.

«Ya tenemos una gimnasia operativa sincronizada y es un gran valor», afirmó la funcionaria, enfatizando la coordinación con los equipos heredados de Bullrich.

El perfil de la nueva ministra

Durante la entrevista, Monteoliva hizo referencia a su experiencia en Colombia, donde residió durante 19 años. «Viví donde el secuestro era moneda corriente. En los años donde yo viví allí, se registraron 80 mil secuestros», relató. La ministra aseguró haber tenido «muchísimos encontronazos por situaciones que son parte del trabajo» y se definió como alguien que «nunca fue una funcionaria de escritorio».

Al referirse a los desafíos actuales, Monteoliva sostuvo que «hoy los desafíos contra el crimen organizado son más complejos que hace 10 o 20 años» y que «la dinámica de las organizaciones criminales cambió». En ese marco, consideró que «el contexto se complejizó» y que «los desafíos de las fuerzas policiales es distinto».

La continuidad de un modelo cuestionado

La ratificación explícita de la «Doctrina Bullrich» implica la continuidad de una política de seguridad que durante la gestión de Patricia Bullrich generó controversias por el uso de protocolos represivos en manifestaciones sociales, el empleo de armas no letales como el Taser, y el endurecimiento de las acciones policiales en diversos contextos.

Organizaciones de derechos humanos y sectores políticos opositores han cuestionado sistemáticamente estos lineamientos por considerarlos un retroceso en materia de garantías constitucionales y por priorizar el enfoque punitivo sobre la prevención y el abordaje social de los conflictos.

Con las declaraciones de Monteoliva, el gobierno de Javier Milei ratifica que no habrá modificaciones en el rumbo de la política de seguridad, al menos durante los próximos dos años de gestión.

Puntos clave:

  • Monteoliva confirmó la continuidad de la «Doctrina Bullrich» en Seguridad sin cambios sustanciales
  • Los equipos de trabajo se mantienen casi intactos tras la asunción de la nueva ministra
  • Las prioridades estratégicas seguirán siendo las fronteras, la Hidrovía y el corredor bioceánico
  • La ministra se definió como una funcionaria de perfil operativo con experiencia en Colombia
  • La ratificación del modelo implica la continuidad de una política cuestionada por sectores de derechos humanos

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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