Lo que en cualquier transición legislativa sería un trámite administrativo más, se convirtió en uno de los episodios más ásperos y politizados de la antesala al recambio parlamentario. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado dictaminó este miércoles sobre los pliegos de las y los senadores electos en octubre y dejó en evidencia una fractura profunda: todos los postulantes recibieron aval, menos la rionegrina Lorena Villaverde, cuyo ingreso quedó trabado por la falta de firmas suficientes para habilitar su jura.

De los 19 integrantes de la comisión, 12 acompañaron el dictamen negativo. Aun así, la definición final será el 28 de noviembre, en la sesión preparatoria del Senado, ya con la nueva composición surgida de las elecciones. Será un voto político en un recinto que llega convulsionado y con una correlación de fuerzas ajustada: 28 bancas para el peronismo y 20 para el oficialismo.

El trasfondo: una impugnación con peso penal

La situación de Villaverde estalló el lunes, cuando apoderados del Partido Justicialista de Río Negro presentaron una impugnación para impedir su asunción, basada en sus antecedentes penales en Estados Unidos y en su presunto vínculo con el empresario Fred Machado, extraditado recientemente por lavado de dinero y narcotráfico.

“El que denuncia es Martín Soria, y lo denuncian a él; así actúa el narcotráfico”, lanzó José Mayans, quien apuntó directamente a la trama que rodea a Villaverde. “No puede estar en el Senado de la Nación. Tiene comprobado el delito. Y vínculos muy fuertes con Machado”, remarcó.

La reunión, que se prolongó casi cuatro horas, exhibió un nivel de tensión pocas veces visto en una comisión encargada de este tipo de dictámenes. No fue casualidad: el oficialismo llegó decidido a devolver el golpe.

El oficialismo quiso “equilibrar”: impugnaciones exprés a Soria y Capitanich

Veinte minutos antes de que comenzara la reunión, el bloque oficialista ingresó dos expedientes para impugnar los pliegos de Martín Soria (Río Negro) y Jorge Capitanich (Chaco). Una jugada desesperada para contrapesar el rechazo a Villaverde y evitar que el caso dejara al Gobierno acorralado políticamente.

La maniobra fue fulminada por la presidenta de la comisión, Alejandra Vigo, por sus desprolijidades: los expedientes llegaron sin documentación respaldatoria, sin procesamiento previo y sin el tiempo mínimo reglamentario. En el fondo, se trató de un intento explícito por equiparar situaciones incomparables: impugnaciones basadas en testimonios judiciales y antecedentes penales reales frente a acusaciones políticas de ocasión.

“Es una maniobra mafiosa”, sintetizó Mayans.

La UCR dividida y el voto inesperado de Romero

El dictamen de rechazo a Villaverde fue firmado por los ocho senadores de Unión por la Patria, pero también recibió un apoyo sorpresivo: el del salteño Juan Carlos Romero, que tomó distancia del oficialismo. “Una cosa son acusaciones políticas y otra haber pasado por la justicia penal de Estados Unidos”, explicó. Y comparó el caso con el ingreso frustrado de Pablo Escobar al Congreso colombiano: “Es una cuestión de preservación del sistema”.

La UCR, en cambio, optó por una postura ambigua: acompañó el dictamen que aprueba todos los pliegos, pero no firmó el rechazo específico a Villaverde, alegando que se exhibieron pruebas que todavía no figuran en el expediente. Reclamaron ordenar la presentación, incorporar el material y remitir exhortos a la Justicia.

Identikit, detención en EE.UU. y defensas sin sustento

Durante la reunión se expusieron documentos, artículos periodísticos, testimonios y un identikit elaborado en Estados Unidos en 2002, durante la detención de Villaverde. “Existe un probado vínculo de la senadora electa con el narcotráfico”, afirmó la riojana Florencia López.

En la vereda opuesta, Luis Juez y Juan Carlos Pagotto defendieron su pliego: “No hay fundamentos jurídicos para impedir la asunción”, dijo Juez. “Técnica y jurídicamente no existe impedimento”, insistió. Sostuvieron que Villaverde no posee antecedentes penales en la Argentina, argumento que la oposición consideró insuficiente frente a los antecedentes en la justicia estadounidense.

Qué se votó y qué falta

La comisión produjo dos dictámenes:

• uno que aprueba todos los pliegos menos el de Villaverde;
• otro que rechaza exclusivamente el pliego de la rionegrina.

El oficialismo anticipó que presentará dos dictámenes propios para contragolpear: uno a favor de Villaverde y otro contra Soria y Capitanich. Ninguno de esos documentos tendría los números para imponerse, pero buscan generar un marco de “equivalencia” discursiva antes de la sesión del 28.

La definición: 28 de noviembre, 11 de la mañana

Ese día votarán los 48 senadores que permanecen en sus bancas y los 24 que ingresan, con la única excepción de que nadie puede votar su propio pliego.

La nueva composición del cuerpo deja al oficialismo en clara minoría. El destino de Villaverde —y la señal institucional que envíe el Senado— depende de ese voto. Para muchos legisladores, permitir su ingreso sería abrir una puerta peligrosa: no sólo por sus antecedentes, sino por el precedente político.

La incógnita se mantendrá hasta el final. Pero en los pasillos del Congreso, la sensación es que el caso ya pasó de ser un expediente personal a convertirse en una prueba de fuego sobre el límite de aceptabilidad institucional en el Senado.