La investigación parlamentaria sobre el denominado Caso Libra entró en una fase de alta tensión política. El gobernador bonaerense Axel Kicillof respaldó de manera explícita el trabajo de la comisión bicameral que sigue el expediente y reclamó “investigar a fondo” el entramado económico y político que, de acuerdo con los avances filtrados en el Congreso, involucraría directamente al presidente Javier Milei y a personas de su círculo íntimo.

“El trabajo de la comisión demuestra mucha seriedad; han descubierto una trama completa sobre la participación en el caso”, manifestó Kicillof. El mandatario bonaerense se refirió a los trazos centrales de la investigación: movimientos financieros opacos, triangulación de fondos y operaciones vinculadas a empresarios aliados al Gobierno.

“Está involucrado el mismísimo Presidente”

Según detalló Kicillof, los legisladores que integran la comisión “plantean que hay que seguir a quienes se enriquecieron”, y sostuvo que el avance de la pesquisa compromete “al mismísimo Presidente”. Si bien el gobernador evitó afirmaciones categóricas, remarcó que los elementos reunidos por el Congreso superan cualquier intento del oficialismo por minimizar el escándalo.

“Con toda la prudencia del caso, pido que se investigue a fondo. Incluso en ámbitos como las Naciones Unidas se habla de estos temas”, señaló, marcando que lo que comenzó como un conflicto doméstico ya generó atención internacional por la posible existencia de maniobras incompatibles con la función pública.

La declaración que complicó al Gobierno

Kicillof también mencionó las palabras del estadounidense Hayden Davis, un empresario que declaró ante legisladores y aportó documentación clave. Davis aseguró que los fondos ingresados en el marco de la operación Libra pertenecían al círculo del Presidente, lo que amplificó el impacto político dentro y fuera del Congreso.

“El dinero que se puso pertenece al círculo del Presidente”, insistió Davis en su testimonio, una afirmación que “agrava la necesidad de esclarecer lo ocurrido y deja al Gobierno sin margen para seguir negando la situación”.

El trasfondo: una Casa Rosada en tensión constante

Las declaraciones del gobernador se inscriben en un clima político convulsionado. El Gobierno atraviesa turbulencias internas, recambios permanentes y dificultades crecientes para sostener acuerdos con las provincias. Dentro del Congreso, el oficialismo intenta bloquear la escalada del Caso Libra mientras enfrenta fracturas propias y críticas por su manejo de la crisis económica y social.

El avance de la investigación incomoda al Ejecutivo, que desde hace semanas busca desacreditar la comisión y cuestionar su legitimidad. Pero las filtraciones sobre movimientos financieros sospechosos, documentos aportados por informantes externos y testimonios que apuntan al entorno presidencial complican cualquier intento de desactivar el escándalo.

Un vínculo roto con el Gobierno nacional

Consultado sobre la posibilidad de retomar el diálogo con el ministro del Interior, Diego Santilli, Kicillof se mostró escéptico. “Es difícil. Espero que los funcionarios perduren en el tiempo y puedan cumplir sus funciones”, expresó, en una frase que resume no sólo la falta de interlocutores confiables, sino también la fragilidad institucional del Gobierno nacional.

La Provincia sostiene desde hace meses que la Casa Rosada suspendió los canales formales de coordinación y utiliza la variable presupuestaria como mecanismo de presión política. Las tensiones se profundizaron en paralelo a la crisis económica, el deterioro del transporte, los conflictos salariales y los reclamos federales por fondos recortados.

Un caso que crece y una investigación que no se detiene

El Caso Libra dejó de ser un expediente técnico para transformarse en una investigación con potencial explosivo, capaz de comprometer a funcionarios del Ejecutivo y a empresarios aliados al proyecto político de Milei. Para la oposición, la pesquisa constituye una oportunidad para exhibir la falta de controles y la liviandad con la que el Gobierno manejó movimientos financieros sensibles.

Kicillof se encolumnó detrás de esa postura: “El país necesita saber qué pasó. Esto es demasiado grave para que quede tapado. Hay responsabilidades políticas y también penales”.

Mientras el Gobierno intenta contener la situación con declaraciones evasivas, la comisión parlamentaria prepara nuevas citaciones y analiza pedir colaboración internacional. El tablero político se mueve al ritmo de un caso que ya no puede ser encapsulado.