Judiciales ⚖️
La Corte Suprema subastará los bienes decomisados a Cristina Kirchner
La sentencia quedó firme en junio y la ex presidenta cumple seis años de prisión domiciliaria.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó el decomiso y la ejecución de 122 bienes ligados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en la causa por fraude al Estado. La Corte Suprema de Justicia será la encargada de administrar y subastar esos activos, luego de que el fallo dictado en diciembre de 2022 quedara firme en junio pasado.
Un decomiso millonario actualizado por peritos oficiales
El TOF 2 dispuso este martes avanzar con la ejecución del decomiso ante el incumplimiento de los condenados.
El monto originalmente fijado en la sentencia ascendía a $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores del Poder Judicial. El cálculo se realizó bajo criterios técnicos que la Corte Suprema ya había ratificado en decisiones previas.
El decomiso recae sobre bienes que el Ministerio Público Fiscal identificó como instrumentos o productos del delito, o como activos incorporados durante el período en que —según la sentencia— se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
Bienes alcanzados por la medida
La resolución incluye propiedades vinculadas a Lázaro Báez y a sociedades de su grupo empresario, como:
- Austral Construcciones
- Kank y Costilla
- Loscalzo y Del Curto
También abarca:
- Terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Un inmueble registrado a nombre de Cristina Fernández de Kirchner.
- Bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La ex presidenta cumple actualmente una condena a seis años de prisión domiciliaria, según la sentencia confirmada.
El rol de la Corte Suprema
Con la orden de ejecución ya emitida, el TOF 2 dispuso que la Corte Suprema intervenga para administrar, tasar y llevar adelante las subastas de los bienes decomisados. Se trata del procedimiento previsto cuando los bienes están bajo la órbita del Poder Judicial y requieren un proceso de liquidación supervisado por la máxima autoridad del sistema judicial.
Fuentes judiciales indicaron que este paso se realiza una vez firme la condena y ante la ausencia de pago voluntario por parte de los responsables.
Judiciales ⚖️
Grabois denunció amenazas en su casa y la Corte derivó la causa a San Isidro
La Corte Suprema resolvió un conflicto de competencia y derivó el expediente a la justicia provincial bonaerense. El dirigente social había denunciado un episodio protagonizado por presuntos policías en su vivienda de Villa Adelina en abril de 2023.
★ La Justicia de Garantías de San Isidro quedó a cargo de investigar la denuncia del dirigente social Juan Grabois por presuntas amenazas, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera un planteo de competencia entre la justicia federal y la justicia provincial bonaerense.
El origen de la denuncia
Según la presentación judicial del exprecandidato presidencial, en abril de 2023 dos presuntos policías bonaerenses se presentaron en su vivienda de Villa Adelina alegando una supuesta denuncia anónima sobre delitos cometidos contra menores. Como en ese momento no había nadie en el domicilio, una vecina se acercó al escuchar los golpes y gritos de los efectivos para indagar el motivo del procedimiento.
Grabois aseguró que posteriormente intentó obtener información sobre lo sucedido, pero que no consiguió ninguna explicación oficial. «Nadie supo decirme qué fue lo que efectivamente sucedió», relató el dirigente social en su denuncia. El episodio lo llevó a presentarse ante el Juzgado Federal 8, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, en el marco de la causa en la que actúa como querellante contra la agrupación Revolución Federal.
El dirigente también señaló que recibió una citación para que su hijo menor de edad se presentara ante el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que incrementó sus sospechas sobre la naturaleza del procedimiento.
El conflicto de competencia
Tanto la fiscalía como el juzgado federal evaluaron que no había elementos que vincularan lo ocurrido con actividades de Revolución Federal y decidieron remitir el expediente a la justicia de San Isidro. Sin embargo, el magistrado provincial consideró la derivación prematura y sostuvo que las circunstancias de los hechos aún no estaban suficientemente esclarecidas, lo que generó el conflicto de competencia que llegó hasta la Corte Suprema.
El procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó que el caso debía tramitar en la justicia bonaerense. En su opinión, la competencia territorial corresponde al lugar donde se habría cometido el delito y, según los elementos disponibles, la supuesta falsa denuncia se efectuó en Villa Adelina. También remarcó que no aparecían razones para justificar la intervención federal.
La decisión de la Corte
En línea con esa postura, los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron que la causa deberá continuar en el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial de San Isidro, que ahora tendrá a su cargo la investigación del episodio.
La resolución del máximo tribunal pone fin al planteo de competencia y habilita el inicio formal de la investigación en la jurisdicción provincial, donde se deberán esclarecer las circunstancias del operativo policial, la existencia de la denuncia anónima mencionada por los efectivos y las posibles responsabilidades en el caso.
Puntos clave:
• La Corte Suprema resolvió que la justicia de San Isidro investigará la denuncia de Grabois por presuntas amenazas ocurridas en abril de 2023
• El dirigente social denunció que dos presuntos policías se presentaron en su domicilio de Villa Adelina por una supuesta denuncia anónima sobre delitos contra menores
• La justicia federal consideró que no había conexión con la causa contra Revolución Federal y derivó el caso a la justicia provincial
• El procurador Casal argumentó que la competencia corresponde al lugar donde se habría cometido el delito
• El Juzgado de Garantías 1 de San Isidro quedó a cargo de la investigación
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