Legislativo
Milei pasa «demasiado tiempo en Twitter y poco en la realidad»
El senador nacional y presidente del partido, Martín Lousteau, apuntó contra el presidente Javier Milei: «»Está pidiendo poder decidir solito en cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Eso claramente no».
El senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, detalló este jueves que su partido no apoyará en el Congreso «la delegación de facultades» del Poder Legislativo al Ejecutivo, la eliminación de la fórmula jubilatoria, el aumento de «retenciones al valor agregado y las economías regionales», las «privatizaciones» de empresas públicas y la implementación de un «blanqueo escandaloso», todas iniciativas expresadas en el proyecto de ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos».
«Delegación de facultades significa que el Presidente en un montón de materias ni siquiera tiene que pasar por el Congreso y lo hace por sí solo. Está pidiendo poder decidir solito en cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Eso claramente no», dijo Lousteau en diálogo con Radio Con vos, al enumerar el primero de los cinco elementos del proyecto de ley que el radicalismo no negociará.
Para el titular de la UCR, «el tema de los jubilados» es otro punto crítico, ya que «la jubilación mínima perdió 50% desde el año 2017», motivo por el que «los jubilados no pueden ser prenda de ajuste».
«Han perdido una capacidad de vivir fenomenalmente alta. Si tu jubilación son $105 mil, por mas que te paguen un bono y sean $160 mil, andá a alquilar algo. Ni hablar del resto de la vida. Los remedios han subido un disparate», señaló, y agregó que «si lo que pretende el Presidente es que a través de no tener fórmula, los jubilados sean la variable de ajuste, la respuesta es no».
Como tercer límite Lousteau marcó «las retenciones al valor agregado y a las economías regionales», algo que «ya han explicado muchos cuán difícil es para una pyme regional exportar».
«No es lo mismo que un gran productor de un commoditie», agregó.
Luego criticó las «privatizaciones» de empresas públicas y pidió que «en todo caso» el presidente Javier Milei envíe al Congreso «una por una» cada propuesta con su «modo de privatización».
«Yo creo que la mejor vía, en caso de las empresas grandes, sería que una parte cotice en bolsa. Como fue al principio YPF. Eso hace que tengan que presentar balances adicionales y que la puedas comparar con otras empresas», explicó y cuestionó que las privatizaciones las «metió por decreto» y que eso provoca «inestabilidad y endeblez jurídica».
Como quinto punto mencionó «el blanqueo escandaloso» con el que se pondrían «blanquear hasta menos de 100 mil dólares al cero» porciento de tasa.
«Mientras a muchos sectores se les pide un ajuste, aquellos que no pagaron impuestos se les da la posibilidad de blanquear», señaló.
Por otra parte, Lousteau sostuvo que si el oficialismo «quisiera sacar algo que le sirva como instrumento para estabilizar la economía, lo que tendría que hacer es sentarse a negociar de verdad».
Para el titular de la UCR, la iniciativa del Ejecutivo afecta «todos los ámbitos de la vida» y consideró que «hay votantes de Milei que no se dan cuenta que si salen algunas cosas como están en la ley, les va a impactar muy fuerte».
«Concentrémonos en lo que es nuclear. Que necesita resolver el déficit, estamos todos de acuerdo. Hagámoslo de manera tal que sea justo. No puede ser que le bajemos las jubilaciones y pensiones de miseria a nuestros mayores y que por otro lado lo que hacemos es permitir un blanqueo escandaloso», señaló.
Al ser consultado por críticas de Milei a dirigentes del radicalismo, Lousteau lo acusó de pasar «demasiado tiempo en Twitter y poco en la realidad».
«Sino no celebraría la inflación de 25%. Es evidente que no está solventando de su bolsillo el gasto cotidiano. Sino, se daría cuenta de lo que es. Esto de si viaja en Aerolíneas Argentinas o si le hace pagar a sus ministros los asados, me parece que debería pasar mas tiempo en la realidad y menos en Twitter», planteó.
Legislativo
Duro debate en el Senado por ley de tierras para extranjeros y desalojo de barrios populares
El Senado de la Nación volvió a debatir este miércoles el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, en una jornada que expuso las profundas contradicciones de una iniciativa que, bajo el rótulo de proteger la propiedad, habilita la venta de tierras argentinas a capitales extranjeros, acelera desalojos y amenaza con dejar a más de un millón de familias de barrios populares sin garantías habitacionales.
Tierra a la venta: LLA busca habilitar a extranjeros a comprar suelo argentino sin límites
★ El plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, fue escenario de un fuerte cruce entre la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Mientras el oficialismo apura los tiempos y busca emitir dictamen la semana próxima, la oposición y las organizaciones sociales advirtieron que el proyecto es un retroceso histórico en materia de soberanía territorial, derecho a la vivienda y protección ambiental.
Un proyecto con cinco bombas de tiempo
Presentado formalmente en el Congreso el 27 de marzo de 2026 bajo el expediente PE-13/2026, el proyecto fue defendido en una primera ronda de debates por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien lo enmarcó en los dos pilares que define el gobierno de Javier Milei: equilibrio fiscal y libertad económica.
Sin embargo, los cinco ejes centrales de la iniciativa despertaron alarmas incluso entre algunos aliados del Gobierno. El primero establece un mecanismo «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, con desalojos exprés que, según sus críticos, reducen garantías procesales a los ocupantes. El segundo, y quizás el más polémico, elimina los límites vigentes desde 2011 para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales en Argentina, una restricción sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner precisamente para preservar la soberanía territorial.
El tercer eje apunta a la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, derogando artículos impulsados en 2020 por el diputado Máximo Kirchner que impedían vender bosques nativos, humedales y áreas protegidas durante 60 años tras un incendio, y cambiaban el uso de suelos agrícolas incendiados por 30 años. El cuarto modifica la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana (conocida como ley de barrios populares), sancionada en forma unánime en 2018, que garantiza suspensión de desalojos y regularización dominial para los sectores más vulnerables. El quinto punto reforma el sistema registral inmobiliario.
Un millón de familias en riesgo
Las organizaciones TECHO, Cáritas, UTEP, CELS, La Garganta Poderosa y Hábitat para la Humanidad Argentina advirtieron en conjunto que el proyecto «representa un retroceso profundo sobre la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana y pone en riesgo el acceso progresivo a la propiedad, la vivienda y los servicios básicos de más de un millón de familias que viven en barrios populares en todo el país». Desde TECHO precisaron que la iniciativa, tal como fue redactada, «podría dejar a 2 millones de niños en situación de calle».
En la audiencia de este miércoles, el referente de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, Luciano Celsi, puso números concretos al drama habitacional que el proyecto ignora: «El 92% de las familias que vivimos en barrios populares no tenemos acceso formal al agua, el 97% no tiene acceso a la red cloacal y el 98% no tiene conexión al gas». Celsi fue contundente: «No apoyamos esta iniciativa».
El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, fue más allá y denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina». Señaló además que desde la derogación de la ley de alquileres los precios acumularon un aumento superior al 400% en dos años, y que los datos del INDEC confirman que los alquileres siguen subiendo por encima de la inflación cada mes.
El constitucionalista Daniel Sabsay también cuestionó la iniciativa y señaló que «genera fuertes dudas en cuanto a la protección del medioambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa al problema habitacional en el actual contexto económico».
Soberanía, fuego y el cruce Vilar-Bullrich
El momento más tenso de la jornada llegó con el enfrentamiento entre la ministra bonaerense de Ambiente, Daniela Vilar, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Vilar señaló que se «necesita tener presa» a Cristina Fernández de Kirchner para aprobar leyes que van en contra de la soberanía del país, en referencia a la presión judicial sobre la ex presidenta que coincide con el avance de reformas regresivas en el Congreso.
Bullrich respondió acusando a Vilar de utilizar la reunión de comisiones para hacer «un panfleto político» y afirmó que la ex presidenta «llegó hasta la Corte Suprema de Justicia» sin acatar su fallo. «Estamos en veredas enfrente», remató Bullrich, y aseguró que el oficialismo «defiende a los ciudadanos comunes», al mismo tiempo que atacó la gestión bonaerense señalando que la provincia de Buenos Aires tiene «más usurpaciones que en el resto del país».
Vilar, por su parte, había explicado antes del cruce que la Ley de Manejo del Fuego «no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios» y que «intenta desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso del suelo». El combatiente de incendios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro, Paulino Inalaf, planteó una pregunta que el oficialismo no respondió: si se aprueba el proyecto y se producen incendios para habilitar negocios inmobiliarios, «¿qué políticas tienen para asegurar la seguridad y la soberanía argentina?».
El peronismo señala prioridades distintas
El ex diputado peronista Santiago Igon resumió la posición opositora con claridad: «Esta ley no la estamos necesitando. Lo que sí necesitamos es que llegue el tercio que le corresponde a la provincia por impuestos al combustible para arreglar las rutas. Necesitamos una política a favor de que las economías regionales puedan resurgir».
El único expositor que respaldó el proyecto fue el abogado especializado en derecho administrativo Mariano Marcucci, quien consideró que la ley «avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado y va a favor de las garantías de los particulares».
Según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia NA, el oficialismo aspira a emitir dictamen la semana próxima, aunque la decisión dependerá de si consigue el apoyo de los bloques dialoguistas. La meta del Gobierno es llevar el proyecto al recinto en la última semana de abril o la primera de mayo.
Puntos clave
- El Senado debatió por segunda vez el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Milei, con exposición de más de veinte especialistas y referentes sociales.
- El proyecto elimina los límites para la compra de tierras por extranjeros vigentes desde 2011, modifica la ley de barrios populares y deroga protecciones ambientales post-incendio.
- Organizaciones como TECHO, Cáritas, UTEP y el CELS advierten que el texto podría dejar a más de un millón de familias sin garantías habitacionales y a 2 millones de niños en situación de calle.
- El titular de Inquilinos Agrupados denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina», en un contexto de alquileres que aumentaron más del 400% en dos años.
- El oficialismo busca emitir dictamen la semana próxima y llevar el proyecto al recinto antes de fin de abril, condicionado al apoyo de los bloques aliados.
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