Un mes de sueldo suspendido para el diputado que insulte en el recinto y dos meses si hay reincidencia, amenazas o agresión física. Eso propone la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Mercedes Llano, en un proyecto que llega con una ironía de hierro: la fuerza política que encabeza los rankings de agresividad verbal en Argentina quiere ahora poner límites al lenguaje parlamentario.

Llano, legisladora mendocina, presidenta del Partido Demócrata e integrante del bloque de LLA, presentó la iniciativa el lunes 5 de octubre en la Cámara de Diputados de la Nación. El proyecto de resolución, que incorpora el artículo 188 bis al reglamento de la Cámara baja, apunta a suspender la dieta de los diputados que profieran «insultos o expresiones injuriosas, soeces o denigrantes» en el recinto, en las comisiones o en cualquier otro ámbito de la Cámara. En sus fundamentos, Llano establece una distinción que el propio oficialismo incumple de manera sistemática: «La crítica política es parte esencial del debate democrático. Lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal».

El mayor infractor está en la Casa Rosada

El elefante en el cuarto de cualquier debate sobre insultos en la política argentina tiene nombre y apellido. El 1° de marzo de 2026, en el discurso de apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei protagonizó lo que múltiples fuentes describieron como un show de agravios en cadena nacional. Frente a legisladores, gobernadores e invitados, el mandatario llamó a diputados y senadores opositores «chorros», «ignorantes», «delincuentes», «parásitos», «fascistas», «cavernícolas», «asesinos», «deshonestos» y «golpistas». El discurso, que llevaba el título paradójico de «La moral como política de Estado», derivó en un cruce de gritos con la bancada peronista presente en el recinto. La oposición presentó un proyecto de repudio y exigió retractación pública. El Poder Ejecutivo nunca se disculpó.

No fue un episodio aislado. Milei lleva acumulado un extenso historial de agravios que arranca mucho antes de llegar a la presidencia. En su etapa como diputado, llamó al entonces ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas «pedazo de mierda» y al gobernador Axel Kicillof «enano diabólico». Lejos de moderar su estilo al asumir, profundizó la dinámica de confrontación: su discurso inaugural de sesiones en 2025 ya había generado reacciones dentro del propio Congreso, y el de 2026 escaló hasta el punto en que varias diputadas opositoras, entre ellas Andrea Freites, describieron públicamente haber presenciado «al Presidente de la Nación perdiendo el control».

Lemoine, la otra cara de la moneda libertaria

Si Milei encabeza el ranking presidencial, Lilia Lemoine le disputa el podio dentro del bloque legislativo. La diputada nacional de LLA, figura histórica del espacio libertario, lleva meses protagonizando cruces de alta temperatura dentro y fuera del recinto. Entre sus episodios más resonantes se cuenta una campaña de ataques sostenidos contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, que incluyó la generación de imágenes mediante inteligencia artificial con contenido ofensivo y el uso de expresiones como «domadora de bombillas», en noviembre de 2024. Las agresiones contra Villarruel derivaron en una denuncia de la vicepresidenta en Comodoro Py contra la propia legisladora, en agosto de 2025. Lemoine también tuvo cruces con la diputada Marcela Pagano, acusaciones públicas contra figuras de la oposición y enfrentamientos dentro del propio bloque.

La misma Lemoine, consultada en julio de 2026 sobre los insultos que Milei le propinó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, lejos de rechazarlos, los defendió: «Es esperable que dos presidentes se insulten», sostuvo. La frase condensa la paradoja central: el espacio político que ahora propone castigar los insultos tiene entre sus figuras más visibles a quienes normalizaron el agravio como herramienta de comunicación.

Lo que dice el proyecto y lo que no dice

El proyecto de Llano traza una distinción que, sobre el papel, tiene sentido: proteger las opiniones, críticas y juicios de valor como expresiones cubiertas por la libertad parlamentaria, mientras sanciona el insulto y el agravio personal. La diferencia entre criticar una política pública y llamar «chorro» a un legislador es real y jurídicamente relevante. El problema es el contexto de enunciación.

«La sociedad está cansada de ver a dirigentes que convierten el Congreso en un escenario de agresiones y descalificaciones», afirmó Llano en los fundamentos de la iniciativa. La frase es exacta. La pregunta que el proyecto no responde es cómo se aplica hacia arriba en la jerarquía institucional: ¿un mecanismo de sanción a legisladores resuelve el problema si el principal emisor de insultos institucionales es el propio Poder Ejecutivo y no el parlamento? Milei no es diputado; el proyecto de Llano no lo alcanza.

La otra tensión que el proyecto no resuelve es interna. Llano forma parte de la alianza que sostiene a un gobierno cuya máxima figura convirtió la descalificación en estrategia deliberada de comunicación política. Presentar la iniciativa sin una posición explícita sobre los insultos presidenciales deja la propuesta a mitad de camino entre una genuina preocupación institucional y un gesto de corrección de imagen.

El doble estándar en el espejo

El proyecto de Llano tiene el mérito de plantear un debate que la Argentina política necesita. La degradación del lenguaje en los espacios institucionales no es un fenómeno exclusivo del libertarismo, pero en los últimos años encontró en LLA a sus exponentes más ruidosos y sistemáticos. Proponer reglas de convivencia parlamentaria desde un espacio que lidera el deterioro discursivo no invalida la propuesta, pero sí la carga de una contradicción difícil de sostener.

El Congreso argentino tiene mecanismos disciplinarios propios, establecidos en sus reglamentos internos, que históricamente se han aplicado con escasa contundencia. La iniciativa de Llano, si avanza, deberá superar no solo los votos sino también el escrutinio de credibilidad: resulta complejo instalar una cultura de respeto institucional cuando la conducción política del espacio propio construyó una marca electoral basada, en parte, en la ruptura de esas mismas reglas.

Lo que tenés que saber:

• La diputada mendocina de LLA Mercedes Llano presentó un proyecto para suspender por un mes la dieta de los diputados que insulten en la Cámara, con sanción de dos meses para reincidentes.
• El presidente Javier Milei utilizó la apertura de sesiones ordinarias 2026 para llamar a legisladores opositores «chorros», «parásitos», «delincuentes», «fascistas» y «golpistas», entre otros términos.
• La diputada Lilia Lemoine, figura central de LLA, protagonizó reiterados episodios de agresiones verbales desde 2024, incluidos ataques a la vicepresidenta Villarruel y a otros legisladores.
• El proyecto de Llano alcanza a los diputados pero no al Poder Ejecutivo, lo que excluye al principal emisor de insultos institucionales del esquema sancionatorio propuesto.
• En julio de 2026, la propia Lemoine defendió los insultos presidenciales a Lula da Silva con el argumento de que «es esperable que dos presidentes se insulten».