Gremiales
Sturzenegger firmó despidos masivos para trabajadores del Estado
El Gobierno determinó el cese de personal público que no logró superar una evaluación clave, pese al elevado porcentaje general de aprobados.
Lo que tenés que saber
- Los ceses regirán desde el 1 de julio y afectarán a quienes desaprobaron el examen.
- La Resolución 48/2025 establece la exigencia de idoneidad para continuar en funciones.
- Más del 98% del personal evaluado pasó la prueba, según datos de ATE.
- La medida alcanza a empleados de toda la administración nacional y entes descentralizados.
- ATE criticó el operativo por su costo y cuestionó su sentido frente a la experiencia acumulada.
Resolución 48/2025: Examen obligatorio y despidos confirmados
El Gobierno nacional formalizó la baja del personal estatal que no superó la Evaluación General de Conocimientos y Competencias. A través de la Resolución 48/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Federico Sturzenegger, el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado estableció que los empleados públicos deberán acreditar su idoneidad para continuar contratados más allá del 30 de junio de 2025.
Quiénes quedan afuera y desde cuándo
La normativa entrará en vigencia el 1 de julio y alcanza a quienes, estando comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley 24.156, no lograron aprobar la evaluación estipulada por la Resolución 26/24. El texto oficial especifica:
«Establécese que, a partir del 1° de julio de 2025, los sujetos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 solo podrán contratar y/o efectuar renovaciones en los términos del artículo 93 de la Ley N° 20.744 al personal que hubiera aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias en los términos de la Resolución de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública N° 26/24», según el artículo 1° del documento.
Alcance de la medida: todos los sectores públicos involucrados
La decisión impacta en múltiples niveles del Estado: trabajadores de la administración nacional, organismos descentralizados, empresas públicas, sociedades con mayoría estatal, entes autárquicos con personalidad jurídica y fondos fiduciarios quedan sujetos a la misma regla de desvinculación si no reúnen los requisitos exigidos por la evaluación.
Evaluaciones, cifras y críticas desde ATE
Durante marzo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comunicó que se presentaron al Sistema de Evaluación Pública (SEP) 41.532 empleados. Según sus registros, el porcentaje de aprobación superó el 98%. A pesar de ello, la organización sindical cuestionó el sentido de la medida.
“Los reyes del achique y los recortes se gastaron más de 2.500 millones de pesos para estigmatizarnos a los empleados públicos y no pudieron, fracasaron porque todos rindieron bien”, manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
El dirigente añadió: “Los maestros de la eficiencia acaban de derrochar cuantiosos recursos públicos en evaluaciones de desempeño que nunca tuvieron sentido. Cualquiera podría haber anticipado el resultado con sólo saber que se les exigía que prueben su idoneidad a trabajadores con 5, 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad”.
En la misma línea, Aguiar remarcó: “Parece que finalmente los burros no éramos los trabajadores, sino los funcionarios que empezaron a ingresar hace poco más de un año. Ahora esperemos que no insistan, que la corten acá y frenen en el resto del país con la implementación del sistema”.
Próximos pasos y situación de quienes no aprobaron
Desde el Ejecutivo se indicó que cualquier contrato vigente que involucre a personal que no haya pasado la evaluación será considerado nulo a partir de julio. Esos trabajadores perderán automáticamente su relación con el Estado en la fecha estipulada.
Buenos Aires
Granja Tres Arroyos frenó su planta en Capitán Sarmiento y crece el temor al cierre definitivo
La principal avícola del país suspendió «hasta nuevo aviso» la actividad en la ciudad bonaerense, alegando falta de suministro eléctrico y razones operativas. El retiro de maquinaria concesionada y el vaciamiento de oficinas alimentan la certeza entre los trabajadores de que la paralización será permanente.
La empresa avícola Granja Tres Arroyos notificó formalmente el cese de la actividad productiva en su planta de Capitán Sarmiento a partir del 31 de agosto de 2026. En un comunicado interno, la dirección argumentó que la medida obedece a «la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento». La suspensión, definida como temporal, se extiende «hasta nuevo aviso», una fórmula que los propios trabajadores interpretan como el preludio de un cierre definitivo.
El vaciamiento que habla por sí solo
Lo que convierte la preocupación de los empleados en algo más que un temor sindical es lo que ocurre puertas adentro: el directorio inició el retiro de la maquinaria concesionada y el vaciamiento de las oficinas, señales que en el lenguaje industrial raramente acompañan una pausa transitoria. Según informó **Infobae**, esas acciones concretas son las que alimentan la convicción de que la paralización no será temporaria sino permanente, lo que pondría en riesgo los puestos de trabajo de los empleados que aún permanecen en la planta.
La suspensión en Capitán Sarmiento no es un episodio aislado, sino el último eslabón de una cadena de cierres y paralizaciones que viene sacudiendo a la empresa a lo largo de todo el año. La estructura productiva de Granja Tres Arroyos se desintegra de manera sistemática, planta por planta, sin que la conducción empresarial haya ofrecido una hoja de ruta clara sobre el futuro de sus instalaciones y su personal.
Un año de recortes en serie
El panorama acumulado en 2026 es de una gravedad que no admite eufemismos. A principios de agosto, la empresa comunicó el despido de más de 250 trabajadores de su planta industrial La China, ubicada en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), justificando la medida en la caída de la actividad provocada por la gripe aviar. Con anterioridad, Granja Tres Arroyos había paralizado por un mes la planta de Avex en Río Cuarto (Córdoba) y suspendido a todo el personal en la planta Pinazo de Pilar. En Wade II hubo paralizaciones por conflictos salariales y bloqueos, mientras que en Wade I la producción se redujo de manera notoria.
El historial reciente incluye además el cierre de la planta de Tristán Suárez con 200 despidos y el cierre de la planta de Becar en Concepción del Uruguay, desde donde los 270 trabajadores fueron trasladados a La China, la misma planta que meses después recibiría los despidos masivos de agosto. Una lógica de concentración y achicamiento que ahora desemboca en la parálisis de Capitán Sarmiento.
El peso de una deuda de 350 millones de dólares
Detrás de cada cierre y suspensión late una crisis financiera de proporciones: la empresa arrastra un pasivo de 350,9 millones de dólares y negocia con sus acreedores una reestructuración que contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago a siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos. A fines de 2024, Granja Tres Arroyos ingresó en un proceso preventivo de crisis, desde donde aceleró los recortes internos mediante un programa de retiros voluntarios y comenzó a afrontar sus obligaciones «de manera escalonada y en cuotas».
El colapso de la principal avícola del país no puede leerse en clave exclusivamente empresarial. Se trata de la destrucción de miles de puestos de trabajo en una industria que históricamente fue motor de empleo en el interior bonaerense y en provincias como Entre Ríos y Córdoba. Las suspensiones y cierres no solo dejan trabajadores en la calle, sino que erosionan la trama productiva de ciudades enteras que dependen del empleo industrial para sostener su economía local. La fórmula «fuerza mayor» que esgrime la empresa en sus comunicados no alcanza para explicar una crisis que es también el resultado de decisiones empresariales, de un contexto macroeconómico que encareció insumos y tarifas, y de un Estado que asiste al desmoronamiento sin intervenir con políticas activas de sostenimiento del empleo.
Puntos clave
- Granja Tres Arroyos suspendió «hasta nuevo aviso» su planta de Capitán Sarmiento desde el 31 de agosto de 2026, alegando falta de suministro eléctrico y razones operativas.
- El retiro de maquinaria concesionada y el vaciamiento de oficinas generan entre los trabajadores la certeza de que el cierre será definitivo.
- En lo que va del año, la empresa despidió a más de 250 empleados en Concepción del Uruguay y paralizó o cerró plantas en Pilar, Río Cuarto, Tristán Suárez y Becar.
- La compañía arrastra un pasivo de 350,9 millones de dólares y negocia quitas de hasta el 75% del capital con sus acreedores.
- A fines de 2024, Granja Tres Arroyos ingresó en un proceso preventivo de crisis.
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