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Gremiales

Sturzenegger firmó despidos masivos para trabajadores del Estado

El Gobierno determinó el cese de personal público que no logró superar una evaluación clave, pese al elevado porcentaje general de aprobados.

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El Argentino Diario-Federico Sturzenegger.

Lo que tenés que saber

  • Los ceses regirán desde el 1 de julio y afectarán a quienes desaprobaron el examen.
  • La Resolución 48/2025 establece la exigencia de idoneidad para continuar en funciones.
  • Más del 98% del personal evaluado pasó la prueba, según datos de ATE.
  • La medida alcanza a empleados de toda la administración nacional y entes descentralizados.
  • ATE criticó el operativo por su costo y cuestionó su sentido frente a la experiencia acumulada.

Resolución 48/2025: Examen obligatorio y despidos confirmados

El Gobierno nacional formalizó la baja del personal estatal que no superó la Evaluación General de Conocimientos y Competencias. A través de la Resolución 48/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Federico Sturzenegger, el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado estableció que los empleados públicos deberán acreditar su idoneidad para continuar contratados más allá del 30 de junio de 2025.

Quiénes quedan afuera y desde cuándo

La normativa entrará en vigencia el 1 de julio y alcanza a quienes, estando comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley 24.156, no lograron aprobar la evaluación estipulada por la Resolución 26/24. El texto oficial especifica:
«Establécese que, a partir del 1° de julio de 2025, los sujetos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 solo podrán contratar y/o efectuar renovaciones en los términos del artículo 93 de la Ley N° 20.744 al personal que hubiera aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias en los términos de la Resolución de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública N° 26/24», según el artículo 1° del documento.

Alcance de la medida: todos los sectores públicos involucrados

La decisión impacta en múltiples niveles del Estado: trabajadores de la administración nacional, organismos descentralizados, empresas públicas, sociedades con mayoría estatal, entes autárquicos con personalidad jurídica y fondos fiduciarios quedan sujetos a la misma regla de desvinculación si no reúnen los requisitos exigidos por la evaluación.

Evaluaciones, cifras y críticas desde ATE

Durante marzo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comunicó que se presentaron al Sistema de Evaluación Pública (SEP) 41.532 empleados. Según sus registros, el porcentaje de aprobación superó el 98%. A pesar de ello, la organización sindical cuestionó el sentido de la medida.

Los reyes del achique y los recortes se gastaron más de 2.500 millones de pesos para estigmatizarnos a los empleados públicos y no pudieron, fracasaron porque todos rindieron bien”, manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

El dirigente añadió: “Los maestros de la eficiencia acaban de derrochar cuantiosos recursos públicos en evaluaciones de desempeño que nunca tuvieron sentido. Cualquiera podría haber anticipado el resultado con sólo saber que se les exigía que prueben su idoneidad a trabajadores con 5, 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad”.

En la misma línea, Aguiar remarcó: “Parece que finalmente los burros no éramos los trabajadores, sino los funcionarios que empezaron a ingresar hace poco más de un año. Ahora esperemos que no insistan, que la corten acá y frenen en el resto del país con la implementación del sistema”.

Próximos pasos y situación de quienes no aprobaron

Desde el Ejecutivo se indicó que cualquier contrato vigente que involucre a personal que no haya pasado la evaluación será considerado nulo a partir de julio. Esos trabajadores perderán automáticamente su relación con el Estado en la fecha estipulada.

Gremiales

El PAMI en llamas: médicos, jubilados y trabajadores se rebelaron contra el vaciamiento

El cierre del paro de 72 horas de médicos de cabecera coincidió este miércoles con una masiva concentración de jubilados y trabajadores frente a la sede central del organismo, en rechazo a los recortes que impulsa el gobierno de Javier Milei. La columna se desplazó luego hacia el Congreso en la marcha semanal del sector.

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Paro y movilización en el PAMI: médicos y jubilados contra el ajuste de Milei

Los médicos y médicas de cabecera del PAMI, nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), con el respaldo de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), completaron este miércoles un paro nacional de 72 horas que se extendió desde el lunes. La medida de fuerza generó la suspensión de consultas programadas, la interrupción de la emisión de recetas electrónicas y la falta de órdenes médicas. Solo se mantuvieron sin alteraciones los servicios de guardia y urgencias.

El eje del conflicto es la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, dictada el 9 de abril por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) bajo la gestión del gobierno de Milei. La normativa modificó el esquema de pagos a los médicos de cabecera: eliminó los honorarios por consulta presencial como fuente de ingreso y estableció como único pago una cápita fija de $2.100 por paciente por mes, reemplazando así el sistema mixto anterior que combinaba pago por cápita y por prestaciones realizadas.

Lejos de presentarse como un recorte, el gobierno del presidente Javier Milei definió la medida como un «ordenamiento» del sistema. Los médicos rechazaron de plano esa caracterización. Desde APPAMIA advirtieron que el cambio implica una reducción de sus ingresos de entre el 50% y el 52,5%, con estimaciones que indican que un médico que cobraba alrededor de $1.600.000 o $2.100.000 mensuales pasaría a percibir entre $800.000 y $1.400.000. «No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico», señalaron desde el gremio, según consignó MendoVoz.

El portal InfoGremiales detalló además que los médicos de cabecera se desempeñan sin relación de dependencia, con una carga horaria obligatoria de entre 25 y 28 horas semanales, sujetos a auditorías y asumiendo de su propio bolsillo todos los costos de funcionamiento de sus consultorios. La resolución fue dictada sin renegociación contractual previa, lo que abre la posibilidad de conflictos legales, según señalaron fuentes del sector consultadas por medios especializados.

«Se están muriendo los viejos»: jubilados en la calle

Mientras se desarrollaba el cierre del paro, el Plenario de Trabajadores Jubilados encabezó este miércoles una jornada de protesta frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde las 11 de la mañana, bajo la lluvia y con el lema «Sin retribuciones dignas y suficientes no hay posibilidad de brindar salud de calidad», los manifestantes instalaron una olla popular y dieron una conferencia de prensa para denunciar el vaciamiento del organismo.

En su comunicado, las organizaciones de jubilados fueron contundentes: «Milei, basta de robar en PAMI. ¡Se están muriendo los viejos! No puede haber un jubilado más sin sus medicamentos, sin su atención en Salud ni sin sus insumos. Rechazamos el vaciamiento del organismo, los despidos masivos y los cierres de las clínicas y exigimos el aumento de haberes», según difundió Ambito Financiero. Además, reclamaron la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y exigieron que la conducción del PAMI sea electa, con una auditoría a cargo de trabajadores y beneficiarios.

A las 15 horas, la columna se trasladó hacia el Congreso de la Nación, en la movilización semanal que el sector realiza todos los miércoles, para reiterar el reclamo por un aumento de emergencia en todas las escalas de las jubilaciones y la restitución del 100% de cobertura en medicamentos crónicos.

El programa Remediar y una deuda que supera los 500.000 millones

El conflicto en el PAMI no se redujo al esquema de pagos a médicos. El portal El Ágora Digital y la agencia Télam informaron que el reclamo de los jubilados se enmarcar en una serie de recortes que impactan directamente sobre sus prestaciones. El más reciente fue la suspensión del programa Remediar, confirmada por el gobierno de Milei la semana pasada. Ese programa, creado hace 24 años, llegó a cubrir el 90% de las patologías frecuentes y crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias. Finalizó el 1° de abril, con una prórroga de dos meses, y será reemplazado por una cobertura de menor alcance, según informó la Dirección Nacional de Medicamentos en la última reunión del Consejo Federal de Salud (CoFeSa).

Según reportó el portal Tiempo Argentino, la deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, lo que derivó en restricciones en clínicas y sanatorios, cupos para estudios diagnósticos y demoras de hasta cuatro meses para la asignación de turnos. En la provincia de Misiones, trabajadores denunciaron demoras en la provisión de medicamentos gratuitos y en servicios de oftalmología; ópticas de la provincia suspendieron prestaciones reclamando el pago de deudas acumuladas.

Frente a la escalada del conflicto, el Gobierno nacional anunció en las últimas horas la transferencia de 150.000 millones de pesos para regularizar pagos a prestadores. Sin embargo, el monto fue considerado insuficiente por organizaciones del sector, que advierten que la crisis estructural requiere medidas de fondo y no parches coyunturales.

El Congreso presiona al Ejecutivo

La tensión también llegó al ámbito legislativo. La senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo presentó en el Senado un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique de manera urgente la situación del PAMI, en particular frente al corte de prestaciones médicas que afecta a afiliados en todo el país. En paralelo, impulsó un proyecto de declaración para expresar la preocupación del Congreso por los recortes y la falta de pago de prestaciones que, según advirtió, están dejando sin cobertura a miles de adultos mayores, con impacto especial en la provincia de Córdoba, según informó Parlamentario.

Legisladores nacionales también solicitaron que las autoridades del organismo concurran al Congreso para dar explicaciones sobre los cambios en el sistema de atención.

El ajuste sobre los jubilados, en números

El escenario que expone el conflicto en el PAMI es una radiografía del ajuste estructural impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo y respaldado por el presidente Javier Milei. El portal El Ciudadano de Rosario sintetizó el diagnóstico: con menos recursos, el sistema se debilita, crecen los problemas y el impacto vuelve a caer sobre los jubilados, quienes cada vez tienen más dificultades para acceder a la atención.

Desde APPAMIA, el plan de lucha no descarta avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado si el gobierno no deroga la Resolución 1107/2026, incrementa las retribuciones y reincorpora a los profesionales cesanteados.

Puntos clave

  • Los médicos de cabecera del PAMI completaron un paro nacional de 72 horas contra la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, que según APPAMIA recorta sus ingresos entre un 50% y 52,5%.
  • Jubilados y trabajadores movilizaron este miércoles frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, con olla popular y conferencia de prensa, y luego marcharon al Congreso.
  • El programa Remediar, que cubría el 90% de patologías crónicas frecuentes, fue suspendido por el gobierno de Milei a partir del 1° de abril.
  • La deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, según Tiempo Argentino, con restricciones en clínicas, cupos para estudios y demoras de hasta cuatro meses.
  • La senadora Alejandra Vigo presentó un pedido de informes en el Senado y un proyecto de declaración ante la gravedad del recorte en prestaciones para adultos mayores.

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