Dirigentes del Partido Obrero y del movimiento social Polo Obrero calificaron hoy de «amenaza» al protocolo contra el corte de vías de circulación que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y advirtieron que «cuando hay semejante nivel de agresión» contra los sectores populares «inevitablemente se producen protestas sociales».

En una conferencia de prensa convocada para responder los planteos de Bullrich, los referentes del Partido Obrero, Vanina Biasi y Gabriel Solano, y el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, reivindicaron el «derecho a la protesta» y señalaron que la ministra de Seguridad «no tiene facultad legal» para impedirlo.

«Nosotros consideramos realmente una provocación los anuncios que ha hecho la ministra Patricia Bullrich», reprochó Solano en el local porteño del Polo Obrero, donde fue convocada la prensa.

Más temprano, la ministra de Seguridad había advertido que «si se toma la calle va a haber consecuencias» durante la presentación de un «protocolo para el mantenimiento del orden público», que incluirá la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos por intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.

En respuesta, Solano señaló que el ministro de Economía , Nicolás Caputo, primero anunció «un plan de guerra contra el pueblo» el martes pasado que, dijo, incluyó «devaluación significativa, aumento de la nafta del 80%, despidos de empleados públicos y amenaza nueva de quitar la movilidad jubilatoria».

Y consideró a las medidas de Bullrich como un «complemento» de los anuncios de Caputo y una «amenaza» para los sectores populares.

«Nosotros consideramos ilegal (el anuncio de Bullrich). En Argentina existe un derecho a la protesta que está amparado por la Constitución Nacional. Si la ministra quiere suspender las garantías constitucionales que existen tiene una vía: mandar (la solicitud) al Congreso para que se declare el Estado de sitio», rechazó Solano.

Y amplió que «si no se puede movilizar en la calle, no se puede cortar una vía, el derecho a la manifestación queda directamente abolido» y cuestionó que para definir una medida de esa magnitud «Bullrich no ha pasado por el Congreso. Por lo tanto, ha atropellado la legislación vigente, violando la Constitución Nacional».

En sintonía con ese planteo, Belliboni argumentó que el artículo 194 del Código Penal, al que hizo referencia Bullrich durante su conferencia de prensa, «solamente lo puede aplicar un juez».

Ese artículo establece que «el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años».

Los dirigentes reiteraron que el 20 de diciembre habrá una manifestación hacia Plaza de Mayo con «más de 50 organizaciones convocadas» y que la convocatoria se terminará de definir mañana en una reunión en la sede de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA.

Sobre esa protesta, Belliboni adelantó que «probablemente haya 50 mil personas en la calle» e ironizó sobre las propuestas de Bullrich: «¿50 mil personas pueden marchar por la vereda?».

Además, Biasi insistió que los anuncios de Bullrich se realizaron «a los dos días» de las medidas económicas de Caputo y consideró que entonces «se está intentando amedrentar al pueblo que tiene que salir a luchar».

La Política Obrera, otro sector dentro de la Izquierda, que lideran Jorge Altamira y Marcelo Ramal, coincidió en que los anuncios de Bullrich se encuentran «por fuera de la legislación vigente en relación a las libertades y al derecho de reunión».

«Los anuncios habilitan, no ya al desalojo de manifestaciones o piquetes, sino también a impedir el agrupamiento o la llegada de manifestantes a las concentraciones», agregaron y criticaron que «la posibilidad de que las fuerzas federales intervengan en la seguridad provincial, como insinuó la ministra, la pone fuera de la ley y del orden constitucional».