Las querellas de familiares de los tripulantes del submarino hundido Ara San Juan presentaron recursos extraordinarios para llegar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de que sea revisado el fallo que confirmó el sobreseimiento al expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal.

La abogada Valeria Carreras, representante de un amplio grupo de familiares de tripulantes del submarino, presentó un escrito en el que aseveró que por la “importancia y gravedad institucional” el tema debe ser evaluado por el máximo tribunal, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.

“Sin lugar a duda, la importancia y gravedad institucional trasciende, es pública y notoria y requiere que sea finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante la cuestión institucional en ciernes, la que tendrá que dirimir la cuestión en una sensible temática”, expresó la abogada en un escrito de 13 páginas.

La presentación fue contra el fallo de la Cámara Federal de Casacion Penal que confirmó el sobreseimiento de Macri en la causa por espionaje ilegal a familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017.

En aquel fallo, el máximo tribunal penal convalidó la decisión de la Cámara Federal porteña en la que se sostuvo que las maniobras investigadas no corresponden a tareas de espionaje ilegal sino de seguridad presidencial y que el expresidente no estuvo directamente involucrado en ellas.

La abogada recordó en su escrito que los hechos investigados no tenían que ver con la seguridad de un mandatario sino con despliegues de la Agencia Federal de Inteligencia, por entonces bajo la conducción de Gustavo Arribas, que tenían bajo observación a los familiares de las víctimas.

“La gravedad del decisorio en crisis, radica en justificar las tareas de inteligencia sobre ciudadanos, solo por considerar un potencial peligro para la seguridad presidencial y/o seguridad interior”, sostuvo la abogada.

“La gravedad radica en convalidar una facultad a la AFI que no está contemplada por ley de Inteligencia. La gravedad radica en vulnerar derechos constitucionales. La gravedad radica en revictimizar a mis representadas”, continuó.

En ese punto, recordó que el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Luis Agüero Iturbe había señalado que un fallo como el cuestionado corría el riesgo en “legalizar las tareas de seguimiento, fotografías, reportes, infiltraciones, informes, clasificación de información de mis representadas, simples ciudadanas, sin orden de un juez, y sin acreditar peligro y sin efectuar denuncia, lo que es lisa y llanamente espionaje ilegal”.

“Estamos en la oportunidad histórica de dar una respuesta cívica, ante el accionar de agentes de inteligencia, miembros de la AFI, sobrada prueba de tareas de investigación e inteligencia durante un año sobre mis representadas y familiares, a fin de determinar que fueron tareas de espionaje ilegales, prohibidas por ley o fueron legitimas en razón de prueba contundente e inequívoca sobre la peligrosidad de mis representadas”, sostuvo Carreras.

“Debe agotarse la instrucción en orden no solo de la mentada peligrosidad sino de la inacción durante un año de las autoridades, respecto de las potencialmente peligrosas. Debe investigarse la totalidad de causas archivadas, (no desestimadas) referidas a las intervenciones de líneas telefónicas celulares (de sus representadas)”, sostuvo la abogada.

El fallo cuestionado por Carreras -y también por los abogados Luis Tagliapietra y Mariano Berges en otros escritos- había sido alcanzado por la Casación con una mayoría conformada por los jueces Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci.

En aquella ocasión, la jueza Ángela Ledesma voto en disidencia y consideró «que la Cámara (Federal porteña) incurrió en una interpretación errónea y extensiva de las normas que rigen en materia de inteligencia al habilitar, por vía de un supuesto de seguridad presidencial, una ampliación indebida de las facultades previstas en la ley de inteligencia».

«Cabe destacar que frente a la hipótesis de que los imputados estaban produciendo inteligencia nacional para la Casa Militar, entonces debió haberse dado un supuesto en el cual los familiares de las víctimas del Ara San Juan hubieran intentado atentar contra el orden constitucional, extremo sobre el cual no existen elementos de prueba que sustenten dicha hipótesis», sostuvo.

Las tareas de inteligencia de los familiares de los tripulantes del submarino San Juan ocurrieron mientras reclamaban justicia y saber la verdad sobre lo ocurrido con el Ara San Juan.

En ese contexto, las familias de los tripulantes fueron fotografiadas, en las calles, en misas y esas fotos llegaron a informes de inteligencia que fueron encontrados en poder de la AFI.

Macri llegó a estar procesado en esta causa por decisión del juez federal de Dolores, Martín Bava, pero luego la Cámara Federal porteña revocó esa decisión.