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Cambio climático

El Gobierno anunció inversión para combatir incendios forestales

Se invertirá en los próximos 18 meses 50 millones de dólares ante el inicio de la temporada de incendios forestales.

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El Gobierno nacional invertirá en los próximos 18 meses 50 millones de dólares ante el inicio de la temporada de incendios forestales lo que representa «un fuerte aumento presupuestario» de lo asignado al Plan Nacional de Manejo contra el Fuego, según anunció el ministro de ambiente Juan Cabandié, quien destacó que mañana llevará pruebas a la Justicia entrerriana por los fuegos intencionales en el Delta del Paraná.

Durante un acto efectuado en Casa de Gobierno, Cabandié aseguró que “vamos a seguir en esta tesitura, invirtiendo y apostando. Creemos fuertemente en la necesidad de preservar, de cuidar, de conservar”. y destacó el trabajo en territorio de las y los brigadistas.

Cabandié dijo que «asignar al manejo del fuego una alícuota permitió dar un cambio sustancial» y refirió que «de 195 millones de pesos de presupuesto se pasó en 2022 a $ 6.500 millones».

Adelantó que mañana el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio

Federovisky «irá al Juzgado de Victoria para complementar datos que ya tiene la justicia sobre incendios en el Delta» y refirió que «los dueños de esos campos son empresarios, de la justicia o ganaderos».

«No tenemos poder de policía, pero los satélites van observando y arrojan la geolocalización de focos ígneos y la justicia puede determinar responsables», señaló el ministro, y enfatizó en la necesidad de que «aquel que prende fuego sea castigado por la ley».

En ese sentido indicó que «95% de los fuegos son debido a la mano del hombre, ya sea por intencionalidad, dolo o imprudencia».

Luego aclaró que «hay una equivocación muy instalada en el imaginario, en que el fuego lo apagan los aviones, que son una herramienta fundamental», pero «faltaba hacer hincapié en los brigadistas, que no tenían una vinculación con el Estado formal, estaban en una tremenda informalidad y peleando durante 22 años por su convenio colectivo y lo logramos», y puntualizó que ahora están trabajando «en un proceso para implementar una ley de jubilación especial de 900 brigadistas».

Por otra parte, manifestó la necesidad de «una ley de humedales, porque sin ella se pone en riesgo ese ecosistema específico».

Al respecto, dijo a Télam que «en su momento tuvo media sanción en el Senado, Pino Solanas la impulsó mucho, después Leonardo Grosso presentó un proyecto que se cayó, lo siguió presentando con el acompañamiento de distintas ONGs. Ahora vamos a volver a impulsarla y esperemos que se apruebe».

También abogó por mejorar «la ley de Bosques» porque «bajó la tasa de forestación» y en la idea de «tipificar el delito de desmonte y no seguir sin una regulación específica».

Y pidió también «por una ley de envases, para cuidar el planeta, con distintos estándares», porque, consideró, «el cambio climático llegó para quedarse y hay que modificar métodos productivos, tener una conciencia ambiental y reducir las emisiones de residuos».

Por su parte, Federovisky reforzó que la cartera de Ambiente «ya invirtió más de 16 mil millones de pesos» para «la prevención, combate y restauración de incendios forestales», con la adquisición de «medios aéreos, vehículos, maquinaria e indumentaria para que los brigadistas tuvieran un marco laboral adecuado», de los cuales «se destinaron $ 6.875 millones en las provincias».

Habló de «acuerdos de cooperación internacional con Francia y Canadá», en el primero de los casos para «alquiler aerostatos con cámaras infrarrojas y cámaras de visión, autobombas forestales, dos helicópteros que estarán operativos en 2023, el alquiler de un helicóptero con capacidad para 4.500 litros y la capacitación de brigadistas forestales»; y con el país americano para «la compra de dos helicópteros con la más moderna tecnología».

E informó sobre la «adquisición de helicópteros y aviones para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con una inversión prevista para los próximos 18 meses de 50 millones de dólares».

Sobre la comparecencia en la justicia, Federovisky, explicó que mañana el Ministerio presentará «todos los registros de la cámaras de los faros de conservación que operan en el Delta».

«En esos registros hay una georreferenciación muy precisa, muy especifica, que entendemos que, cruzados con los datos catastrales de las provincias, tiene que indicar sin ningún tipo de duda a quién corresponde cada uno de los campos en los cuales se inician los focos», añadió.

Puntualizó que en el Programa de Restauración de Áreas en el Parque Nacional Iberá, se destinarán 5.000 hectáreas en los próximos meses para replantar o reforestar con especies locales, con una inversión de $ 1.000 millones.

Y respecto al combate de los incendios para el próximo verano adelantó que «habrá cuatro centros operativos, porque al de Corrientes le agregamos tres más, en Apóstoles, Misiones; San Luis; y Golondrina, Chubut; con la idea de una sub base en Bariloche y una más permanente en el Delta del río Paraná».

Además se informó de un acuerdo con Francia para la provisión de medios aéreos y equipamiento que incluye un avión observador para transportar brigadistas, cinco aerostatos para vigilancia y monitoreo con cámaras infrarrojas y de visión, autobombas forestales, puesta en valor y recuperación de seis helicópteros y capacitaciones a brigadistas.

Y que además se prevé el alquiler de un helicóptero de mediano porte con capacidad de arrojar 4.500 litros de agua para la próxima temporada estival.

En el mismo sentido, la cartera nacional acordó con Canadá la compra de helicópteros Bell 407 GXI equipados para la lucha contra el fuego y helicópteros usados Bell 212, con garantía de ese Estado.

También se acordó el alquiler, para el próximo verano, de un helicóptero Chinook con capacidad de arrojar cargas de 10.000 litros de agua en cada pasada.

Cambio climático

El Niño recién comienza: cómo sigue el clima en la Ciudad

La Organización Meteorológica Mundial confirmó que el fenómeno alcanzará su punto máximo en diciembre y se extenderá hasta mediados de 2027. En la región pampeana, expertos advierten que las obras hidráulicas no alcanzan si no hay planificación urbana, gestión del riesgo y un Estado presente.

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Temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta, alteración de las pautas de precipitación y un riesgo creciente de sequías e inundaciones en diversas regiones: ese es el escenario que proyecta la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para los próximos meses. El organismo confirmó este jueves que el fenómeno El Niño seguirá intensificándose antes de alcanzar su punto álgido en diciembre de 2026 y que sus efectos se prolongarán durante los primeros tres o cuatro meses de 2027.

La información surge del boletín mensual de la OMM correspondiente al trimestre octubre-noviembre-diciembre, publicado el 8 de octubre de 2026. El episodio se desarrollará en su fase catalogada como «muy fuerte», con temperaturas superficiales del océano Pacífico que escalarán a niveles récord, sobre todo en su sector tropical y oriental.

Un fenómeno que ya condiciona economías y ecosistemas

Desde la OMM advirtieron que este Niño «influirá en los patrones climáticos y tendrá un impacto en las economías, los ecosistemas y las comunidades de todo el mundo«. La advertencia no es menor para una Argentina que históricamente alterna entre la sequía extrema y las inundaciones devastadoras según el ciclo climático dominante. La fase muy fuerte del fenómeno implica que ninguna región del país puede descartar impactos severos en su sistema productivo y en la vida cotidiana de sus comunidades, desde el norte subtropical hasta la Patagonia.

La región pampeana: mucho más que una cuestión de obras

En ese marco, el investigador de la Fundación Tejido Urbano, Matías Araujo, planteó una lectura que va más allá de la obra hidráulica. Araujo señaló que las inundaciones son un fenómeno recurrente en buena parte de la región pampeana, pero que sus consecuencias dependen de múltiples factores que exceden la cantidad de lluvia: la exposición de la población, las condiciones previas de vulnerabilidad y la capacidad institucional para prevenir, responder y recuperarse.

«Las obras hidráulicas pueden contribuir a reducir la amenaza, pero no eliminan por sí solas el riesgo», sostuvo Araujo. Y amplió el diagnóstico: «La expansión urbana sobre áreas inundables, los cambios en los usos del suelo, la pérdida de superficies de amortiguación y las condiciones socio-habitacionales también inciden sobre la magnitud final del impacto». La misma precipitación no produce el mismo daño en todos los territorios: los barrios populares construidos sobre humedales rellenos, los asentamientos sin saneamiento formal y las zonas con déficit habitacional acumulan una vulnerabilidad que ningún canal alivia.

Araujo fue contundente al señalar que el impacto de una inundación continúa mucho después de que el agua baja. «La pérdida de viviendas, bienes e ingresos puede generar efectos prolongados sobre los hogares, especialmente entre aquellos con menor capacidad de ahorro o protección. Al mismo tiempo, el Estado debe reconstruir infraestructura, reponer servicios y destinar recursos extraordinarios a asistencia y recuperación», advirtió.

Sin Estado presente, no hay solución técnica que alcance

La propuesta del investigador es integral: combinar infraestructura hidráulica tradicional con reservorios, áreas de amortiguación, superficies permeables y soluciones basadas en la naturaleza, pero también intervenir sobre el crecimiento urbano, proteger áreas de reserva y evitar que continúe creciendo la exposición de población e infraestructura en zonas inundables. La ecuación no cierra si el Estado se retira del territorio.

A esto se suma una dimensión institucional que en el contexto de ajuste libertario adquiere una carga política concreta: la necesidad de contar con monitoreo hidrometeorológico, mapas de riesgo actualizados, sistemas de alerta temprana, ordenamiento territorial, Defensa Civil activa, planes de emergencia y mecanismos de coordinación entre municipios, la Provincia y los organismos de cuenca. Ninguno de esos recursos se sostiene con un Estado desfinanciado y desguazado.

Lo que tenés que saber de “El Niño”

  • La OMM confirmó que El Niño alcanzará su pico máximo en diciembre de 2026 y se extenderá hasta el segundo trimestre de 2027.
  • El episodio se desarrollará en fase «muy fuerte», con temperaturas superficiales del Pacífico en niveles récord.
  • El fenómeno eleva el riesgo de sequías e inundaciones en la Argentina y altera los patrones de precipitación a escala global.
  • El investigador Matías Araujo advirtió que la vulnerabilidad social y la expansión urbana sobre áreas inundables determinan el impacto real de las lluvias, más allá de las obras.
  • La respuesta efectiva requiere planificación estatal integral: no solo infraestructura, sino también ordenamiento territorial, sistemas de alerta y protección de los sectores más expuestos.

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