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Política 📢

Dentro de la Ley, algo: cambian las reglas para nombrar al menemista Barra

El presidente Milei, mediante un DNU, modifica ley para designar a Rodolfo Barra en la Procuración del Tesoro, eliminando límite de edad. La medida se basa en derechos humanos y principios de igualdad. El Congreso evaluará en la Comisión Bicameral.

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En una movida inusual, el presidente Javier Milei anunció la modificación de una ley a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para poder designar a Rodolfo Barra como titular de la Procuración del Tesoro, a pesar de superar la edad límite originalmente establecida. Barra, reconocido por su participación en la «mayoría automática» de la Corte Suprema de Justicia durante la presidencia de Carlos Menem, tiene 75 años, superando el requisito de 70 años que establecía la Ley N° 18.777.

El DNU, numerado como 21/2023, lleva la firma del presidente Milei y sus ministros, quienes justificaron la modificación argumentando en favor de los «Derechos Humanos de las Personas Mayores«. Para respaldar la medida, Milei hizo referencia al artículo 18 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

El presidente destacó que la Constitución Nacional establece la igualdad de todos los habitantes ante la ley y su admisibilidad en empleos sin discriminación por edad, siempre y cuando cumplan con la idoneidad necesaria. El cambio elimina el requisito de tener menos de 70 años para ocupar el cargo de Procurador del Tesoro, estableciendo como únicos requisitos ser ciudadano argentino, abogado con título habilitante expedido o revalidado por una universidad argentina, y contar con al menos ocho años de antigüedad en la profesión.

Rodolfo Barra ingresa a casa Rosada para participar de la reunion de gabinete. Foto NA: JUAN VARGAS

La fundamentación del DNU se apoya en principios constitucionales de igualdad ante la ley y no discriminación por motivos de edad, así como en tratados internacionales sobre los derechos humanos de las personas mayores. Además, se mencionó un fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de un límite de edad para ocupar el cargo de Encargado de Registro de la Propiedad Automotor.

El próximo paso será la evaluación del DNU por parte del Congreso en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, siguiendo el procedimiento establecido para los decretos de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional y la Ley N° 26.122.

Política 📢

Caputo en la mira: Intendentes denuncian el desfalco de la obra pública para alimentar la bicicleta financiera

La FAM denuncia que de 3,5 billones de pesos recaudados para infraestructura, menos de un tercio llegó a Vialidad Nacional. Los fondos estarían siendo desviados hacia la especulación financiera, el pago de bonos y el fomento del carry trade.

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Intendentes de todo el país, nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), analizan seriamente impulsar una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, bajo el cargo de presunta malversación de caudales públicos. La medida surge tras constatar una retención sistemática e indebida de fondos que, por ley, deben destinarse exclusivamente a la infraestructura vial y ferroviaria, pero que el Palacio de Hacienda estaría desviando para alimentar la bicicleta financiera y el sostenimiento del esquema económico oficial.

La caja de la discordia: El impuesto a los combustibles El conflicto escaló luego de que los jefes comunales presentaran un documento formal ante la cartera económica sin obtener respuesta alguna. Según la FAM, el esquema legal vigente establece que la recaudación del impuesto a los combustibles tiene destinos específicos a través de fideicomisos. Sin embargo, los números presentados por los intendentes son alarmantes: de los 3,5 billones de pesos recaudados el año pasado para obras, Vialidad Nacional solo recibió 1,2 billones, dejando un agujero negro de más de 2 billones de pesos cuyo destino final es la especulación.

Bicicleta financiera y rutas abandonadas Desde la Federación, encabezada por Fernando Espinoza, señalaron que el dinero de los contribuyentes que debería estar volcado en rutas y mantenimiento ferroviario está siendo utilizado para la emisión y pago de bonos, compra de divisas y para favorecer maniobras de carry trade. Esta situación no solo configura un posible delito penal por el desvío de partidas con asignación específica, sino que representa un golpe directo a la seguridad vial y la conectividad de los municipios de todo el territorio nacional.

La parálisis de la obra pública es total

Entre enero y marzo de este año, el Estado Nacional ya recaudó 1,5 billones de pesos por el mismo tributo, pero no se ha destinado un solo centavo a los proyectos de infraestructura ni se ha reflejado una reducción en el precio de los combustibles en el surtidor. Para los intendentes, la situación es insostenible y el agotamiento de los recursos locales para suplir la ausencia nacional obliga a judicializar el reclamo ante lo que consideran un desfalco a plena luz del día.

Tensión en la Rosada: El fantasma de Comodoro Py En los pasillos de la Casa Rosada la preocupación es creciente. El avance de esta estrategia judicial en tribunales federales podría abrir un frente de investigación que exponga los movimientos reales detrás de la aparente estabilidad financiera que pregona el Gobierno. Mientras tanto, los municipios advierten que si no hay una convocatoria urgente al diálogo para normalizar el flujo de recursos, la denuncia será radicada en las próximas horas para frenar lo que califican como una retención indebida de fondos federales.

Puntos clave:

  • La FAM analiza denunciar a Luis Caputo por malversación tras la retención de billones de pesos del impuesto a los combustibles.
  • Denuncian que de 3,5 billones de pesos recaudados para infraestructura, menos de un tercio llegó a Vialidad Nacional.
  • Los fondos estarían siendo desviados hacia la especulación financiera, el pago de bonos y el fomento del carry trade.
  • En el primer trimestre del año se recaudaron 1,5 billones de pesos adicionales que no fueron destinados a obras públicas.
  • Los intendentes exigen una mesa de diálogo urgente para evitar la parálisis total de la infraestructura vial en el interior del país.

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